PanAm Post 27/04/2017
El presidente saliente de Ecuador expresó públicamente: “ya es hora de decir basta a los farsantes” luego del allanamiento de una encuestadora. Foto: PanAm Post
Human Rights Foundation (HRF) ha condenado este miércoles los procesos administrativos y judiciales que se utilizan como método para silenciar a los medios de comunicación independientes, miembros de la oposición y a encuestadoras luego de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador.
La organización mencionada se refiere puntualmente a la sanción impuesta por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) a siete medios de comunicación ya que no publicaron un reportaje de un diario de Argentina que acusaba al excandidato opositor Guillermo Lasso de “enriquecimiento ilícito”.
Por otra parte, HRF rechaza la persecución por vía penal, así como las amenazas de muerte que se han dado contra funcionarios y las empresas encuestadoras Cedatos y Corporación Participación Ciudadana, que publicaron resultados de las encuestas a boca de urna que daban la victoria a Lasso e indicaban que este se encontraba en un “empate técnico” con el oficialista Lenin Moreno.
“Luego de una contienda que no fue ni libre ni justa, ni arbitrada por un sistema electoral confiable e imparcial, el régimen autoritario-competitivo de Rafael Correa ha sido reelecto en la figura de su exvicepresidente Lenín Moreno, y esto queda patente en la persecución judicial, los allanamientos abusivos y las múltiples sanciones que han resultado tras las elecciones”, indicó Thor Halvorssen, presidente de HRF.
El pasado 7 de abril, la oficina de la encuestadora de Cedatos fue allanada incautándole sus archivos y computadoras, y al siguiente día el presidente Rafael Correa expresó públicamente:”Ya es hora de decir basta a los farsantes”.
En un comunicado, Halvorssen indica que “A pesar de ser sucesor de Correa, Lenín Moreno hoy tiene la oportunidad única de cambiar las cosas de un plumazo y restaurar un sistema democrático pleno en Ecuador, donde la prensa y la oposición democrática no estén constantemente perseguidos por el Gobierno”.
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