Fortune 09/10/2014
Chevron ha obtenido el apoyo de algunos inesperados aliados en su demanda por asociación ilícita y corrupción entablada en contra del abogado neoyorquino Steve Donziger, quien obtuvo una sentencia supuestamente contaminada por fraudes y sobornos por 9.500 millones de dólares, en un juicio ambiental en contra del gigante petrolero en el Ecuador.
Entre siete escritos amicus curiae (amigos de la corte) presentados ayer en apoyo a varios aspectos del caso Chevron, el más sorprendente fue el presentado por el más antiguo grupo de defensa de los derechos de la mujer, Legal Momentum, el que hasta 2004 fuera conocido como Organización Nacional para Mujeres (NOW, por sus siglas en inglés). Su escrito apoya la posición de Chevron en la pregunta clave de si las cortes pueden dictar medidas cautelares en casos civiles privados por asociación ilícita y extorsión. El grupo ya ha utilizado la Ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar de 1970 (RICO, por sus siglas en inglés), para obtener medidas cautelares en contra de violentos grupos de manifestantes en las clínicas que practican abortos.
Un notable segundo escrito se presentó a nombre de seis “juristas especializados en derechos humanos y anti-corrupción” quienes evidentemente intentan no solo refutar, sino hasta censurar los argumentos de Donziger y del profesor de la New York University, Burt Neuborne, un abogado de los clientes de Donziger, que por ejemplo han argumentado que la larga lista de crímenes que en marzo pasado un juez federal en Manhattan determinó habían sido cometidos por Donziger, constituyen un “desagradable espectáculo secundario” que no debería distraer la atención de los supuestos crímenes cometidos por Chevron en el Ecuador.
“Los defensores de los derechos humanos no promueven tales derechos vulnerándolos”, argumentan estos escritos amicus curiae. “El corrupto patrón de fraude, extorsión y soborno descrito por la Corte de Distrito, de ser exacto y fiable, niega los fundamentales derechos al debido proceso y a un juicio justo... Los fines que persigue la defensa de los derechos humanos, no pueden ser en definitiva, promovidos a través de medios corruptos.”
Ambos escritos fueron presentados en conexión con una apelación presentada por Donziger y dos de sus clientes ecuatorianos respecto de una sentencia contenida en 485 páginas y 1.842 notas al pie por el juez de distrito Lewis Kaplan, presentado en marzo pasado en el juicio de Chevron en contra de Donziger bajo la Ley contra la asociación ilícita y organizaciones corruptas (RICO). Kaplan determinó que Donziger había obtenido la sentencia ecuatoriana supuestamente emitida por la contaminación causada por Texaco, compañía que realizó actividades de perforación en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1992 y fue adquirida por Chevron en 2001, a través de un patrón de asociación ilícita que incluye extorsión, fraude, soborno, manipulación de testigos, obstrucción de la justicia, lavado de dinero y otras actividades ilícitas. (Resumí lo más destacado de las supuestas actividades ilícitas en este ensayo.) Kaplan emitió una medida cautelar prohibiendo a las cortes de los Estados Unidos ejecutar dicha sentencia, que además intentó evitar que Donziger se beneficiara de ésta aún en otros países en donde eventualmente intentara ejecutarla.
Un elemento clave en la apelación es saber si las medidas cautelares, órdenes de la corte en lugar de indemnizaciones monetarias, pueden ser emitidas en casos civiles privados dirimidos bajo la ley RICO. (Aunque está claro que las medidas cautelares se permiten en casos penales presentados por el gobierno bajo la ley RICO, así como en casos civiles presentados bajo la misma ley, la opinión de las cortes federales está dividida en si son aplicables o no en casos civiles privados). La cuestión se tornó fundamental cuando poco antes del juicio, Chevron cesó en su demanda por daños y perjuicios en contra de Donziger, la que habría llegado hasta los 100 millones de dólares. La empresa ha informado que lo hizo para obtener una opinión escrita del juez en la que detallara las acciones ilícitas de Donziger, así un jurado habría emitido un veredicto positivo o negativo sobre responsabilidad, sin explicación alguna. (También he especulado en otros espacios que podría haber temido la anulación por jurado, dada la habilidad de Donziger para politizar el caso, así como las subyacentes y legítimas preguntas sobre la conducta de Texaco en el Ecuador, que han quedado sin respuesta).
Los signatarios del escrito presentado por los juristas anti-corrupción incluyen a Allan Brewer-Carías, un letrado venezolano que estudió en Cambridge y en el Columbia Law School, entre otros lugares; Thomas Buergenthal, un profesor del George Washington University Law School y ex juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya; Robert Kogod Goldman, un profesor de leyes en la American University y antiguo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Lucinda Low, socia de Steptoe & Johnson que está en la junta directiva de Transparencia Internacional; Kaveh Moussavi, un antiguo director del programa de derecho de interés público de la Oxford University quien ha sido descrito como “activo en la rama de Oxford de Amnistía Internacional”; y Pedro Nikken, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (La firma de Low, Steptoe representa a Chevron en ciertos asuntos, revela el escrito, aunque no lo hace en el caso ecuatoriano).
Un tercer escrito amicus curiae, que también argumenta que las medidas cautelares se pueden aplicar en los casos civiles entablados bajo la ley RICO, fue presentado por G. Robert Blakey, profesor emérito de la Notre Dame Law School, quien fue consejero principal del subcomité del Senado que trabajó en el proyecto de ley que se convirtió en la Ley RICO en 1969 y 1970. Los escritos restantes han sido presentados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; el Business Roundtable, junto con cuatro letrados internacionales; la Washington Legal Foundation; y tres especialistas en derecho latinoamericano.
En julio pasado se presentaron escritos amicus en apoyo de toda la sentencia de Kaplan, o a varios puntos de ésta respecto de la sentencia emitida por la República del Ecuador; cerca de 40 profesores de derecho internacional de diversas partes del mundo; un grupo de amici que incluye a Amnistía Internacional y 17 grupos ambientalistas (incluyendo a dos que han recibido fondos sustanciales del equipo de Donziger); EarthRights International; y Judith Kimerling, profesora de derecho en el City University of New York’s Queens College and School of Law, quien sin éxito intentó intervenir en el caso RICO para representar a un grupo indígena minoritario, los Huaorani, quienes alega fueron representados por Donziger de manera inadecuada y sin la debida autoridad.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron, el artículo original en inglés puede ser visto aquí.
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