Journalism in the Americas 10/11/2014
Foto: El Republicano
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron, el artículo original en inglés puede ser visto aquí.
Una próxima votación que podría alterar las leyes que rigen los medios de comunicación en el Ecuador ha avivado los temores de que el fin de la prensa libre esté cerca en el país andino.
La Corte Constitucional recientemente declaró que la Asamblea Nacional podría evitar un referéndum para decidir si la Ley de Comunicación de 2013, que clasifica a los medios como un “servicio público” sujeto a regulación del gobierno, será parte de la Constitución de la nación.
Según los críticos, la enmienda constitucional propuesta representa un punto de inflexión en el desmantelamiento gradual de los medios que hacen periodismo crítico en el Ecuador, mientras que a los defensores de la libertad de prensa les preocupa que la decisión podría allanar el camino para un monopolio estatal de los medios de comunicación, una tendencia que se refleja en algunos aliados de la nación izquierdista en la región.
Medios de comunicación privados ya se han visto debilitados en los siete años bajo el gobierno de la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. El Presidente de manera sistemática ha criticado a los medios privados en el país, acusándolos de servir a los intereses de sus adinerados propietarios en perjuicio de la gente.
Sin embargo, los periodistas sostienen que el líder del ejecutivo busca silenciar el disenso y controlar aún más a la prensa nacional, la que se ha tornado menos crítica del gobierno en los últimos años.
“Actualmente existen menos medios privados que se han resistido y mantienen cierta independencia. Pero están cada vez más aislados”, sostiene César Ricaurte, director de la Fundación Andina para Estudios de Medios y Observación, Fundamedios en entrevista con el Knight Center for Journalism in the Americas. “Hay muy pocos medios independientes con una visión crítica del gobierno”.
“Es una situación en la que un sistema autoritario se está consolidando”
Ricaurte añade que la Ley de Comunicación, que incluye 119 artículos en 24 páginas, está siendo utilizada de manera subjetiva para sancionar a las publicaciones que desafían la línea oficial, presionándolas para que revisen contenidos. Esto se ve reflejado en el hecho de que la mayoría de medios críticos al gobierno ya han cerrado sus puertas. El diario Hoy, de 34 años de existencia y conocido por ser crítico al gobierno, dejó de imprimirse en junio.
Es el último de cinco periódicos de mayor circulación en el Ecuador que han cerrado sus puertas en los últimos años.
“Es una situación en la que un sistema autoritario se está consolidando”, dijo Diego Menacho en una entrevista con el Knight Center. “Nuestra opinión es que intentan hacer que desaparezcan algunos medios de comunicación y Hoy ya desapareció”.
Menacho es el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y en 2007 terminó una carrera de veinte años como subdirector de Hoy. Afirma que el periódico quebró luego de que el gobierno revocara contratos, intimidara a los anunciantes, bloqueara sus líneas de crédito, alegara evasiones de impuestos y procesara a periodistas bajo la recientemente emitida Ley de Comunicación.
En la medida en que las voces discrepantes se han eliminado de los medios, de manera simultánea el gobierno de Correa ha incrementado su participación. En noviembre de 2013 Fundamedios informó que el Estado Ecuatoriano era propietario de 21 medios de comunicación, aunque Ricaurte sostuvo que su número ha crecido hasta llegar a 30 medios. El informe también describió el ingente gasto del gobierno en publicidad pro gobierno, especialmente durante las sabatinas de Correa, en las que el Presidente es conocido por burlarse de los recelos de la prensa privada.
“Nunca ha existido en la historia reciente del Ecuador un gobierno que haya tenido una política que con tanta frecuencia hostilice a los medios privados”, sostiene Ricaurte. “El Presidente ha señalado que la existencia de los medios de comunicación privados es un problema y que este problema tiene que ser solucionado aplicando una constante política de presión sobre dichos medios”.
En la sabatina del 2 de noviembre, Correa con saña hizo pedazos una copia del periódico La Hora, al tiempo que denunciaba un titular que era crítico de una decisión de la Corte Nacional. Dijo que era una mentira y la atribuyó a la “prensa corrupta” que promueve la agenda “para beneficiar a su candidato banquero”. No obstante, semejante ridiculez de espectáculo no es nada nuevo. Esta fue la sexta ocasión en la que Correa rasgaba un periódico frente a las cámaras de televisión del país desde el 2011.
Menacho predice que La Hora, desde hace mucho blanco de las diatribas presidenciales, cerrara sus puertas en pocos meses, y, al igual que otras publicaciones saldrá del escenario con escasa protesta pública. Esto en parte podría deberse al hecho de que Correa nunca ha encubierto su disgusto por la prensa, ni su intención de doblegarla como parte de la “Revolución Ciudadana” que él llevó al poder.
“Hay muy poca reacción colectiva”, dijo Menacho. “Hay mucha indiferencia y miedo en el país”.
De muchas maneras las acciones de Rafael Correa no tienen nada de sorprendentes. El profesor de Economía educado en los Estados Unidos logró obtener el apoyo del ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en su carrera por la presidencia y en el 2006 asumió la presidencia al tiempo que prometía la transformación de la sociedad ecuatoriana.
En su primer año de gobierno, declaró la nulidad de la mayor parte de la deuda externa y llamó a un referéndum que le permitió reescribir la Constitución con éxito, expandiendo así el control económico del estado, además de extender el límite de dos mandatos para los presidentes. Al final del 2008 el gobierno de Correa había tomado el control de uno de los periódicos más antiguos del Ecuador, así como de dos canales privados de televisión. El régimen también había cerrado una estación de radio.
En un inicio parecía que Correa tenía apoyo. Según un informe publicado por el Washington Post en el 2007, la mayoría de ecuatorianos apoyó las primeras incautaciones de los medios, al tiempo que hacía referencia al resentimiento que tenían en contra de sus multimillonarios propietarios.
Un informe publicado en 2008 por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Correa “propició ‘severas y profundas’ reformas legales para regular a la prensa y evitar una ‘relación incestuosa’ entre los medios de comunicación y los intereses financieros”.
Sin embargo, los perros guardianes internacionales arquearon las cejas, y cuando otros líderes izquierdistas llegaron al poder en Nicaragua y Bolivia, el diario argentino La Nación acusó a Correa y a Evo Morales en Bolivia, de seguir los pasos de “la guerra declarada por Hugo Chávez” en contra de la prensa.
En 2004, luego de acusar a los medios privados de organizar un golpe fallido en el 2002, Hugo Chávez pasó una ley que controlaría a los medios y forzaría a cerrar sus puertas a las estaciones de radio, canales de televisión y periódicos críticos al gobierno.
De diversas maneras, Correa siguió el ejemplo. Un informe publicado en 2008 por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Correa “propició ‘severas y profundas’ reformas legales para regular a la prensa y evitar una ‘relación incestuosa’ entre los medios de comunicación y los intereses financieros”.
El periódico inglés The Guardian en octubre de 2009 informó que esta política “incluyó desmantelar las instituciones del denominado ‘establishment’, incluyendo a los medios a los que acusa de haber arrastrado al Ecuador hacia una decadencia política en la década que precedió a su ascenso a la presidencia.
En el 2009, el Ecuador también se convirtió en miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una alianza política y económica de izquierda fundada por Hugo Chávez que lleva el nombre de Simón Bolívar, el heráldico libertador de América del Sur.
El bloque político que incluye a Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, entre otros, desafió firmemente las preocupaciones de los perros guardianes de la prensa internacional mientras continuaba purgando las voces independientes de los medios.
“Ahora, sin duda alguna, los países del ALBA tienen una agenda que incluye una confrontación con los medios, creada y promovida en Cuba por los hermanos Castro y por Hugo Chávez en contra de lo que ellos denominaron ‘la hegemonía de la comunicación’, dijo Claudio Paolillo, miembro del directorio de la Agencia Interamericana de Prensa (IAPA), en un correo electrónico enviado al Knight Center.
Paolillo, quien preside el comité sobre libertad de prensa e información de la IAPA, sostuvo que los países de la ALBA se adhieren a la filosofía de que los medios privados son “desestabilizadores y colonialistas” y consideran que la comunicación masiva debe ser un servicio proporcionado por el estado.
“Bajo este concepto, los gobiernos se otorgan a si mismo poderes para crear sus propios medios, los que en lugar de ser medios públicos, como sucedería en cualquier democracia republicana, son utilizados como órganos de propaganda del gobierno”, añadió.
Es en este contexto en el que Correa ha utilizado la Ley de Comunicación, aprobada en 2013 cuando su partido político Alianza País ganó una mayoría legislativa, para afirmar el control de la administración sobre la prensa. La ley define a la comunicación masiva como un “servicio público” y establece directrices éticas y sociales bajo las cuales se exige funcionar a los medios.
A pocos meses de que se aprobara la ley, el gobierno ya se había apropiado y comprometido a redistribuir 55 estaciones de radio y televisión, acusándolas de infracciones técnicas en el registro de sus frecuencias de emisión.
Organizaciones internacionales se han referido a la Ley de Comunicación como una “ley mordaza,” una disposición legislativa cuyo propósito es silenciar a las voces críticas. El Comité para la Protección de los Periodistas sostiene que las disposiciones de esta ley están llenas de un lenguaje ambiguo y que la ley ya ha impuesto multas y sanciones en contra de medios independientes.
A pocos meses de que se aprobara la ley, el gobierno ya se había apropiado y comprometido a redistribuir 55 estaciones de radio y televisión, acusándolas de infracciones técnicas en el registro de sus frecuencias de emisión.
“Bajo la ley se requiere a los medios publicar información en aras del bienestar público. ¿Quién determina lo que es el bienestar público? pregunta Menacho. El Estado lo determina; es algo totalmente subjetivo”.
Menacho y Ricaurte están entre las 60 figuras públicas que presentaron una demanda ante la Corte Constitucional el año pasado, refiriéndose a la Ley de Comunicación del 2013 como inconstitucional. La corte eventualmente desestimó su caso, pero ahora temen que la legislatura que pretende enmendar la Constitución, definiendo a la comunicación masiva como un servicio público, hará que el gobierno apriete aún más el control sobre los medios.
Si el periodismo se convierte en un servicio público, sostienen Menacho y Ricaurte, el gobierno puede legalmente aplicar estándares arbitrarios relativos a la decencia y al interés público para silenciar las voces que critican las políticas oficiales o la línea del partido.
Según Ricaurte, cerca de 150 acusaciones se han hecho en contra de los medios bajo esta ley desde que fuera ratificada, lo que ha resultado en 32 sentencias, dos en contra de voces controladas por el Gobierno y 30 en contra de los medios privados por infracciones a la ética.
El primer caso procesado bajo la Ley de Comunicación fue el de Xavier Bonilla, un caricaturista del periódico ecuatoriano El Universo, a quien en enero se le ordenó retractarse y rectificar una caricatura que representaba a unos oficiales de Policía confiscando las computadores y otros equipos pertenecientes a un periodista.
Pero la lista de ejemplos continúa. El periodista y activista Fernando Villavicencio fue encarcelado por 18 meses bajo la acusación de haber difamado a Correa, y el diario Extra fue multado con el 10 por ciento de sus ingresos de los últimos tres meses por no haber obedecido la orden del gobierno de editar dos titulares.
Además, Correa amenazó con sanciones a tres periódicos que sostuvo habían violado su obligación de “publicar artículos de interés público”, al haber dado, lo que él consideraba, era cobertura insuficiente a la demanda entablada por su gobierno en contra de la compañía Chevron.
La manera selectiva en que la ley ha sido utilizada por el régimen plantea mayores preocupaciones sobre los efectos que tendrá para la prensa ecuatoriana en el largo plazo. “[La Ley de Comunicación] se aplica con el objetivo ser un ejemplo y disciplinar y domesticar a los medios privados”, sostiene Ricaurte. “Quieren crear una política de miedo hasta lograr que los medios privados utilicen hasta el lenguaje que el gobierno prefiere”.
Mientras Correa se aferra a la tesis de que está democratizando a los medios, eliminando los monopolios creados por grandes propietarios privados y combatiendo la influencia de las fortunas privadas en las comunicaciones, sus propios holdings de medios han crecido como resultado de esta situación y la diversidad de los medios, que antes fueron muchos en la prensa ecuatoriana, ha disminuido notablemente.
“Afirman que en este proceso de democratización habrá una redistribución de las frecuencias. Sin embargo, un año después de que la Ley de Comunicación entrara en vigencia, menos del cinco por ciento de frecuencias han sido redistribuidas. Las frecuencias que fueron retiradas de los medios privados están bajo control estatal”, dijo Menacho.
“Lo que ahora se ha formado en el Ecuador, es un nuevo monopolio de medios bajo un único dueño: el Estado”.
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