El País 31/07/2015
Hace un año parecía inconcebible que los ciudadanos ecuatorianos salieran masivamente a protestar en contra del presidente Correa. Este había gobernado en una coyuntura de bonanza petrolera en la que la mayor parte de ecuatorianos, sobre todo los grandes grupos económicos, ganaron. Correa tenía y aún tiene en sus manos todos los poderes del estado: el poder judicial está presidido por su secretario particular y poblado por jueces sumisos al ejecutivo, el fiscal de la nación es su ex embajador en España y su movimiento político, que hace las veces de partido, tiene mayoría absoluta en el legislativo.
A lo largo de ocho años Correa montó una maraña de leyes y decretos que le permitieron controlar a la sociedad civil, a los movimientos sociales y a la esfera pública. Montó un emporio de medios estatales y creó instituciones y leyes para vigilar los medios privados provocando su autocensura. Parecía que el correísmo se perduraría en el tiempo.
Pero el gigante tenía pies de barros. La excesiva personalización del poder en Correa y las diferencias irreconciliables entre las facciones de su movimiento que sólo tienen en común su lealtad al líder, le llevaron a proponer modificar la constitución aprobada en su mandato para buscar su reelección indefinida. Luego de ocho años no tenía un partido político. Si bien se crearon movimientos sociales paralelos desde el poder, estos no tienen la fuerza de convocar a que sus militantes salgan a las calles.
Durante la bonanza petrolera no se ahorró ni un centavo. Se gastó todo en obras fastuosas y en incrementar la burocracia. Como era de esperarse la bonanza no duró para siempre. En lugar de recortar el gasto el gobierno se endeudó, sobre todo con China. La recesión ya se siente en la industria de la construcción que pasó de la burbuja a la crisis.
Con la intención de mantener su imagen de gobierno progresista Correa envió leyes a la Asamblea para regular la plusvalía de los bienes raíces e incrementar los impuestos a la herencia. Estas medidas provocaron que la clase media, que se siente ahogada en impuestos y regulaciones estatales, salga a las calles.
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