El Universo 29/08/2014
“No es posible atender su solicitud”. Así concluye el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, su oficio de respuesta al pedido de información realizado por EL UNIVERSO sobre el contrato suscrito con la firma McSquared.
EL UNIVERSO le requirió, mediante un recurso de acceso a la información pública, fechado el 6 de agosto pasado, una copia de los documentos precontractuales, contractuales y de ejecución de servicios relacionados con el contrato adjudicado a McSquared PR Inc. para la provisión de estudios y formulación de estrategias de comunicación, información, imagen y publicidad, por $ 6,4 millones.
En su comunicación, remitida el jueves pasado, Alvarado sostuvo que la institución que dirige cumple con las disposiciones sobre la difusión previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), a través de su portal web y de “los medios necesarios a disposición del público”.
Respecto del pedido específico sobre McSquared, el secretario nacional de Comunicación argumentó que el artículo 20 de la Lotaip “establece que la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública y demás entes señalados en la Ley a crear, producir información, con la que no dispongan o no tengan la obligación de contar al momento de efectuarse el pedido, razón por la cual, no es posible atender su solicitud (sic)”.
En esta semana, la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Nathalie Cely, tampoco entregó la información solicitada por EL UNIVERSO sobre los respaldos de los pagos realizados a McSquared y de la ejecución de los servicios prestados, a pesar de que su firma es la que consta en el contrato.
No obstante, por medio de una carta, contestó que su papel en la contratación de McSquared se limitó al cumplimiento de “una delegación”, y negó que haya sido su iniciativa o de la misión diplomática.
Información pública El contrato suscrito por la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Nathalie Cely, y la firma McSquared se hizo público cuando el Departamento de Justicia de ese país subió los documentos a su portal web.
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