La República de Perú 19/04/2017
En familia. Con su esposa, madre y sus hijos. Un caso contradictorio con el de Julian Assange, a quien Ecuador asiló en aras de la libre información. Foto: La República de Perú
El 3 de octubre del 2013, el medio digital Plan V analizó los enrevesados juicios entre Chevrón y el Estado ecuatoriano. En 1993, Texaco, que había llegado al país en 1964, fue denunciada por no haber remediado pasivos ambientales. En 2001 Chevrón adquirió Texaco. Tras un lapso de tiras y aflojes, en 2012 una corte provincial condenó a la empresa al pago de US$ 19.000 millones. Chevrón recurrió al Tribunal de La Haya para hacer valer convenios de liberación de responsabilidades que había suscrito con dos gobiernos. Ecuador perdió el juicio. Algo en la nota de Plan V enardeció al presidente Rafael Correa.
El artículo, firmado por Fernando Villavicencio y Belén Palma, mencionaba la preocupación del gobierno porque bienes ecuatorianos podían ser embargados en el exterior. También porque había indicios de que el bufete de abogados norteamericano que defendía al Estado había prestado servicios a Chevrón. Plan V citaba a una fuente, el parlamentario Cléver Jiménez, quien decía tener documentación probatoria. El gobierno asumió que la información se obtuvo por una violación de comunicaciones privadas.
El 9 de noviembre, el vicepresidente Jorge Glass declaró que lo publicado procedía de correos electrónicos de altos funcionarios, entre ellos el presidente. Añadió que Chevrón había intentado presentar esos e-mails en un tribunal norteamericano. Glass pidió al Fiscal General, Galo Chiriboga, denunciar penalmente a Jiménez. Correa, a su vez, declaró que habían sido hackeados sus mensajes, “y eso no se puede permitir”.
A los pocos días, sin que hubiera un proceso de indagación previa, la policía allanó las oficinas de Jiménez y la casa de Villavicencio. Incautó documentación y equipos, halló copias de los e-mails supuestamente hackeados, aunque ninguna prueba que permitiera una denuncia penal por intrusismo informático. Además, ¿qué evidencias podían salir de un allanamiento ilegal? Pero ambos fueron acusados. El nuevo cargo: difusión de información reservada.
En el caso de Villavicencio, la denuncia era aberrante porque había divulgado información de interés público citando su procedencia. Sus recursos fueron inútiles ante el Poder Judicial influido por el gobierno. En 2016, un juez le dictó orden de detención preventiva. Desde entonces vive escondido.
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