The Washington Free Beacon. Por Lachlan Markay. 04/10/2014
Foto: AP
Olvídense “de todas estas pendejadas sobre la ley y los hechos”, dijo Steven Donziger en el 2007. “Finalmente, lo que realmente cuenta es la fuerza bruta”.
Donziger fue un abogado de los demandantes que intentó sacar miles de millones de dólares del gigante petrolero Chevron, sin importar los medios a los que tendría que recurrir. Su observación sobre el papel que “la ley y los hechos” desempeñaban en su trabajo, muestra de muy buena manera el carácter de la campaña de fraude, soborno y extorsión que tomó varios años y que llevó a cabo en nombre de sus clientes.
Dicha campaña está descrita en detalle por el periodista de Bloomberg BusinessWeek Paul Barrett en su nuevo libro Law of the Jungle o La Ley de la Selva. El libro es un exhaustivo recuento de una épica batalla política y de relaciones públicas que tomó varias décadas y que involucra a Chevron, al gobierno del Ecuador y a un equipo de abogados litigantes y ambientalistas, empeñados en convertir a la ley en una herramienta de la justicia ambiental y social.
Esta batalla produjo una colosal sentencia por 19.000 millones de dólares en contra de Chevron, emitida por una corte ecuatoriana en 2011. Las revelaciones que se han hecho después, ante una corte de Nueva York, en donde la compañía entabló una demanda por asociación ilícita para delinquir en contra de los abogados de los demandantes, han puesto en evidencia los extremos potencialmente ilegales a los que estos abogados, y en especial Donziger, llegaron para obtener dicha sentencia.
Law of the Jungle se deja leer como una novela de suspenso de John Grisham, excepto por una minuciosa descripción de los hechos y la atmósfera de ambigüedad moral que rodea a la obra. No hay chicos buenos en esta pelea, afirma Barrett, y el libro contiene pocos personajes que no se vean comprometidos.
A pesar de las quejas de los ambientalistas que sostienen que el libro de Barrett simplemente recicla los mensajes clave de la industria petrolera, el autor reserva una merecida condena a la compañía petrolera y a su equipo legal.
En los años 60 Texaco firmó un acuerdo con el gobierno del Ecuador para extraer petróleo en el Oriente, una región de la Amazonía en la que otras compañías se habían dado por vencidas. La compañía halló el tesoro y los altos precios durante las crisis del petróleo en los 70 dieron a la compañía y al gobierno ingresos inesperados.
Texaco operó por mandato del gobierno en colaboración con Petroecuador, la compañía estatal petrolera, dueña del 62.5% del consorcio en el que operaron ambas firmas. Barrett informa que las fuertes tasas impuestas sobre sus ganancias en el área, hicieron que la empresa acabe recibiendo solo un 7% de las ganancias asociadas con las perforaciones petroleras en el Oriente, mientras Petroecuador se quedaba con el resto. No obstante, a Texaco le fue bastante bien en este negocio.
Los trabajos de perforación petrolera en el Ecuador en ese entonces eran muy poco regulados, a pesar de las disposiciones contenidas en la Constitución ecuatoriana que exigía que las compañías respondieran por cualquier daño ambiental.
Sin embargo, no existían los medios necesarios para imponer el cumplimiento de tales disposiciones y Texaco se aprovechó de este hecho. Se rehusó a recubrir sus piscinas de desechos cavadas junto a los sitios de perforación y no vertió de manera adecuada las aguas de producción asociadas con sus actividades de perforación petrolera.
Barrett revela que en 1980, la compañía discutía la posibilidad de recubrir o no sus piscinas de desechos a fin de evitar que el petróleo se filtrara hacia el suelo y, posiblemente, hacia las aguas subterráneas. “El costo total para eliminar las piscinas viejas y cubrir las nuevas sería de $4’197.968”, se informaba en un memo interno.
Esta mísera suma, Texaco decidió en ese entonces, constituía un precio demasiado alto.
Cuando la compañía salió del Ecuador a inicios de los años 90, acordó limpiar hasta un 37.5 % de sus sitios de perforación, correspondientes a su porcentaje de participación en el consorcio. Petroecuador limpiaría lo demás (incluyendo los pozos que la misma Texaco había operado). El gobierno estuvo de acuerdo y Texaco cumplió con sus obligaciones.
Este hecho se tornó crucial para la consiguiente batalla legal. Chevron, que adquirió Texaco en el 2001, adujo que había satisfecho sus obligaciones contractuales relativas a la remediación ambiental. No obstante, Donziger, quien ayudó a entablar la demanda legal poco después de la salida de Texaco, estaba menos preocupado por las sutilezas legales, tales como el mismo lenguaje de los contratos, que por lo que consideró era una cruzada moral en contra de la globalización y el poder corporativo.
Su época de estudios en Harvard ya anunciaban tal actitud. Donziger había sido un discípulo de los Critical Legal Studies (CLS) (Movimiento de estudios legales críticos) una controversial corriente de pensamiento jurídico que subordina al estado de derecho a las ideas de la lucha de clases.
“La tendencia entre los profesores de Harvard era que el CLS enseñaba que las corporaciones y quienes eran considerados como políticamente privilegiados, manipulaban de manera sistemática los conceptos legales, la inviolabilidad de los contratos, o el “debido proceso” para mantener su autoridad jerárquica y abusar de la gente común”, escribe Barrett.
Barrett anota que a diferencia de su compañero de clase en Harvard, Barack Obama, Donziger consideraba que la ley podría ser un potencial impedimento para el “progreso”. En el juicio de Chevron, Donziger vio una muy clara dicotomía: una gigantesca compañía había explotado los recursos de un país pobre, en un intento por enriquecerse y enriquecer a sus accionistas. Las víctimas eran unos indígenas ecuatorianos y el se aseguraría de que se haga justicia con ellos.
Con frecuencia Donziger describió el caso como la batalla de David contra Goliat. Se refirió a la contaminación ambiental en la Amazonía como “el Chernobyl de la Amazonía”. Consiguió el apoyo de Sting, Mia Farrow, Danny Glover, Darryl Hannah y otras conocidas celebridades activistas quienes, como él, vieron en Chevron el villano perfecto y a una folklórica selva tropical destruida por la avaricia corporativa.
Este abogado hasta logró una ayuda de su antiguo compañero de clase, el entonces senador Barack Obama. En el 2006, Donziger visitó a Obama y le convenció de firmar una carta oponiéndose a los esfuerzos de la administración Bush por sancionar al Ecuador por haber permitido que se prosiguiera con el juicio en contra de Chevron.
Para entonces, el Ecuador estaba gobernado por el Presidente Rafael Correa, un comprometido izquierdista opuesto a la influencia de la economía norteamericana, rápidamente se convirtió en aliado de Donziger. Su alianza fue muy importante en el Ecuador, en donde como Donziger se dio cuenta tempranamente, el poder político sería de crucial importancia para ganar un veredicto a su favor.
“Vamos a ir a visitar al juez para conversar un poco con él”, les dijo a los realizadores de un documental que había contratado para que hicieran una crónica de sus empeños en el Ecuador. “Conversar” con un juez en medio de un juicio de tan alto perfil y de semejante beligerancia, es por supuesto muy irregular y poco ético. Donziger finalmente admitió que era así.
"Esto es algo que ustedes nunca harían en los Estado Unidos", dijo. “Pero en Ecuador, ustedes saben, casi no hay reglas aquí. Y así es como se juega el juego. Es sucio. En ocasiones, por ejemplo, tenemos que utilizar tácticas de presión para neutralizar su corrupción y este es uno de esos ejemplos”.
El documental que Donziger esperaba brindaría un apoyo importante a sus relaciones públicas (y a la consecuente recaudación de fondos), se estrenó en el festival Sundance 2009. La película recibió críticas muy favorables; sin embargo, terminaría siendo la perdición de Donziger.
No obstante, en ese entonces Donziger era considerado como un héroe ambiental. En el 2011 ganó una colosal sentencia por $9.500 millones otorgada por una corte ecuatoriana. La sentencia fue duplicada cuando Chevron se rehusó a presentar una disculpa formal por la contaminación causada en el país.
Lejos de disculparse, la compañía había decidido afirmar su posición en contra de lo que consideraba era un intento por sacar dinero de la compañía a través de un fraude. Sospechaba que Donziger había conspirado con testigos aparentemente neutrales, y aún con la misma corte, para obtener la sentencia.
El documental de Donziger llamado Crude (Crudo), proporcionó evidencia de que sus maquinaciones fueron mucho más allá de lo que Chevron había sospechado.
Una versión del documental fue lanzada en DVD y otra en Netflix. La última mostraba a los abogados de los demandantes en reuniones con un perito nombrado por la corte. Esta escena, que podría comprometer el testimonio del perito fue sacada de la versión en DVD.
Los abogados entonces se preguntaron qué otras tomas habían sido sacadas del documental.
La compañía finalmente presentó una demanda ante la corte federal de Manhattan, por asociación ilícita para delinquir y extorsionar en contra de Donziger, el resto de su equipo legal y de los demandantes a quienes representaban. El juez Lewis Kaplan presidió este juicio y ordenó al director de Crude entregar las tomas no utilizadas.
El material recortado reivindicó a Chevron. Estas escenas revelaron, entre muchos otros detalles, que el equipo legal de Donziger había sobornado a un perito nominado por la corte para que emitiera un informe crítico sobre los daños ambientales, que había sido redactado de manera clandestina por el equipo legal de los demandantes. El informe fue utilizado como base para la sentencia en contra de Chevron.
“Una vez trabajé para un abogado que decía algo que nunca olvidé”, recordaba Donziger en otra de las escenas no utilizadas. “Los hechos no existen. Los hechos se crean. Y desde ese día, yo me di cuenta de cómo funciona la ley”.
Esta declaración podía presagiar mucho de lo que vendría en la fase probatoria del juicio por asociación ilícita. Donziger y su equipo habían ya extorsionado a un juez que presidía el caso, amenazándolo con iniciar una demanda por acoso sexual en su contra si no ponía fin a las inspecciones judiciales en los sitios de los pozos y que en su lugar nombrara a un “perito independiente” seleccionado por los demandantes (quien más tarde presentaría el informe de daños utilizado para llegar a la sentencia por $9.500 millones).
Los abogados de los demandantes hasta habían llegado a redactar la misma sentencia, según consta en las pruebas presentada por Chevron durante el juicio.
A decir de Barrett, los pecados más graves de Donziger constituyen sus esfuerzos por bloquear de manera activa los esfuerzos de remediación para mitigar los daños ambientales en la Amazonía. Uno de los mayores obstáculos para sus intentos en el Ecuador era el hecho de que Petroecuador había continuado operando en el Oriente luego de la salida de Texaco, además de hacerlo con un comparable desprecio por el medioambiente. Para cuando el juicio inició, era casi imposible decir si gran parte de la contaminación existente era atribuible a la compañía estadounidense o a la misma empresa ecuatoriana.
Decidido a causarle el mayor daño a Chevron, Donziger se dispuso a absolver a Petroecuador. En 2007, Pablo Fajardo, el abogado principal del equipo legal ecuatoriano de Donziger, empezó a presionar a Petroecuador para que “suspenda toda actividad de remediación en el área administrada por el consorcio Petroecuador-Texaco, puesto que la remediación estaba despojando a los demandantes de claras evidencias en las que se basan sus demandas por daños en el caso”.
Cuando la administración de Correa inició la aplicación de sus propias medidas de remediación, que se estimaba costarían menos de $100 millones, una miseria si se compara esta cifra con el monto que perseguían los demandantes, Donziger frenéticamente empujó a Correa para que “ponga fin a esta mierda de una vez por todas”. Y por “esta mierda” se refería a los esfuerzos de limpieza que excluirían la necesidad de una sentencia por miles de millones de dólares que se había convertido en la ballena blanca de Donziger.
“El pacto de Donziger con el diablo se tornaba cada vez más perverso”, escribe Barrett.
El episodio Donziger culminó este año con una sentencia contenida en 485 páginas, emitida por el juez Kaplan, quien declaró que el caso era “extraordinario”.
“No se hace justicia imponiendo injusticia”, escribe Kaplan. “El fin no justifica los medios. No existe la defensa de “Robin Hood” para una conducta ilegal e indebida. Y las excusas de los demandados que dicen que “así es como se hacen las cosas en Ecuador” –lo que en realidad es un tremendo insulto para el pueblo de Ecuador–no los ayudan. Las acciones indebidas llevadas a cabo por Donziger y su equipo legal ecuatoriano resultarían ofensivas para las leyes de cualquier país que aspire al Estado de Derecho, incluso para Ecuador –y ellos lo sabían”.
Aquí precisamente radica la lección del relato que Barrett hace sobre el caso. Donziger y sus aliados han pasado décadas persiguiendo lo que describen como una campaña por la justicia entre el más puro bien contra el mal. Confiados en su justicia no tuvieron límite alguno en las medidas que tomaron, no importa cuán poco éticas hayan sido éstas.
Desde un inicio Donziger fue más un activista que un abogado. En la medida en que la ley pudiese castigar a una compañía a la que rutinariamente llamaba “malvada”, tal herramienta probó ser muy útil. En cuanto no fuera útil para llevar ante la justicia a un villano a priori, ésta podría ser obviada, ignorada o aún infringida. La gran ironía es que Donziger no solo que no ha logrado ningún recurso para los indígenas ecuatorianos, cuyas vidas fueron perturbadas por las actividades de extracción petrolera en la Amazonía, sino que de hecho ha logrado que sea más difícil para que partes igualmente agraviadas puedan ganar este tipo de batallas en el futuro.
Chevron decidió alargar el juicio todo cuanto fuera necesario y no ceder ante lo que consideraba un esquema de extorsión, mucho menos alentar a un futuro extorsionador. Como resultado de estos sucesos, relata Barrett, otras compañías se han dado cuenta de que el luchar agresivamente puede ser una estrategia más efectiva que llegar a un acuerdo temprano y silencioso.
Donziger continúa atacando. El mismo Barrett ha sido el blanco de una campaña para desacreditar su reportaje que deja a Donziger muy mal parado. A pesar de dicha campaña, Law of the Jungle se mantiene como el relato más exhaustivo y equilibrado que se ha hecho hasta la fecha sobre la batalla legal y política que pasará a la historia por su complejidad moral, y ni que decir por su franca fealdad.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí.
Notas relacionadas