El País 02/10/2017
Rafael Correa en una conferencia en Colombia. Foto: El País
La Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador vigiló a la sociedad civil durante el mandato del expresidente Rafael Correa. La conocida como Senain tenía establecido un plan de trabajo minucioso e individualizado para vigilar el entorno personal, familiar y profesional de políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas, tuiteros e incluso de miembros de su propio gobierno, con el fin de controlar a los personajes tóxicos y defender la estabilidad democrática de la República.
Esta policía de inteligencia política era parte de uno de los tres departamentos que constituyen la Senain: el de Democracia y Gobernabilidad. Los otros dos, según el decreto emitido por Rafael Correa en 2008 para crear la Senain, se centran en implicaciones económicas -como el contrabando o la falsificación de billetes- y de seguridad y justicia -contra el narcotráfico o la venta de armas-. El objetivo era defender “el imperio de la democracia”.
Y para ello, había que espiar y elaborar fichas individualizadas de personajes y de iniciativas políticas o sociales que pudieran representar una amenaza para el proyecto de Gobierno, según ha revelado el Diario Expreso. “Documentos internos de ese organismo demuestran que la Senain espió en la Asamblea Nacional, mantuvo bajo vigilancia el entorno (personal, familiar y de negocios) de los opositores más destacados, rutinariamente emitía informes sobre alianzas y estrategias de la oposición, provincia por provincia y pudo jugar un papel importante en la estrategia electora del movimiento PAIS durante la campaña de 2013”, desvela el periódico ecuatoriano.
La información fue publicada unos días después de que el presidente Lenín Moreno, también de Alianza PAIS, denunciara que había encontrado una cámara oculta activa en el despacho presidencial que Correa había mandado colocar durante su administración.
Esos documentos, fechados entre 2010 y 2014, no recogen el contenido de pinchazos telefónicos, ni correos electrónicos ni conversaciones de chat. Pero dan cuenta de que este tipo de averiguaciones se hacían para que el Gobierno pudiera anticiparse a lo que estuviera sucediendo. Y para ello, según la publicación, se invirtieron hasta 44,4 millones de dólares en implementar el Centro Nacional de Inteligencia, con gastos en obras de infraestructura y compra de equipamiento de última generación para hacer seguimiento telefónico o en redes sociales. Todo lo necesario para cumplir su misión.
Por ejemplo, cuando el colectivo Yasunidos inició una campaña de recolecta de firmas para evitar la explotación del yacimiento petrolero del Parque Yasuní, la Secretaría de Inteligencia, que no se ha pronunciado hasta ahora sobre estas revelaciones, elaboró un informe con fecha de 27 de enero de 2014 sobre el proceso de recolección de firmas y estableció dos posibles escenarios. Posicionándose políticamente: uno positivo, donde la “campaña no tiene acogida en la población” y otro negativo donde el colectivo indígena Yasunidos, definido como organización “tóxica”, conseguía el apoyo popular suficiente para convocar una consulta popular que desbaratara los planes gubernamentales de explotación petrolera.
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