El País España 18/05/2015
Un día después de haberse declarado en resistencia al decidir no pagar la multa de 3.540 dólares impuesta por el órgano de control mediático de Ecuador por no difundir la rendición de cuentas del alcalde de Loja (sur del país), la redacción del Diario La Hora hace una pausa y sus periodistas comparten en la mesa de reuniones lo que han escuchado en la calle. “Dicen que el Gobierno quiere quebrarnos…nos felicitan por nuestra valentía…hay mucho apoyo”. El editor general, Luis Vivanco, explica la rebeldía: “Si no nos declarábamos en resistencia, habríamos aceptado que el poder político nos imponga los contenidos y eso sería nefasto para todos los que hacemos periodismo”.
La sanción que la Superintendencia de la Comunicación impuso a La Hora el pasado miércoles se apoya en la Ley de Comunicación, que castiga la “omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público”. El periódico, sin embargo, entregó un expediente con 79 piezas periodísticas sobre la gestión del alcalde de Loja que habían sido publicadas dos meses antes del acto político que no cubrieron.
El caso tuvo un antecedente en 2014, cuando el presidente Rafael Correa hizo notar que El Comercio, El Universo y La Hora publicaron breves reseñas de su visita a Chile en mayo. En su programa semanal, La Sabatina, dijo: “Organícense, denuncien, nos están robando el derecho a estar informados…Ellos [los medios] prestan un servicio público, de informar…es algo que nadie nos puede quitar. ¡A reaccionar pueblo ecuatoriano!”. Acto seguido, el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, afín al Gobierno, puso la denuncia, pero el caso no llegó a más.
El debate ahora se centra en qué debe ser considerada información de interés público. La Corte Constitucional ha pedido al Consejo de Regulación de la Comunicación (CORDICOM) que lo defina. Hasta el momento este organismo no lo ha hecho. “Recogemos observaciones, propuestas, para hacer nuestra normativa. No nos reunimos en cuatro paredes para decidir”, comenta su presidente, Patricio Barriga.
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El abogado de La Hora, Santiago Guarderas, cuestiona la sanción sin que la CORDICOM haya dado los parámetros de qué es información de interés público. “El concepto es indeterminado, amplio y dinámico y para evitar la discrecional de la autoridad, tendría que estar normado. Sin esto se viola la seguridad jurídica”, asegura.
El Diario La Hora y sus filiales han recibido más de diez denuncias. Han pagado a la Superintendencia de la Comunicación alrededor de 14.000 dólares por haber adelantado criterios judiciales en dos casos policiales. Vivanco cuenta que en una nota llamaron “narcotraficante confeso” a un policía que admitió su delito para reducir su pena. En otra calificaron como “arma homicida” al cuchillo con el que un delincuente asesinó a un taxista y del que existía un video filtrado por la Policía que no deja dudas. “Nos multan por lo que publicamos y ahora por lo que no publicamos. Esto es increíble”, dice Vivanco.
La Hora ya se había declarado en resistencia en marzo pasado, cuando se negó a pagar una multa de 1.770 dólares por no haber identificado como publicidad la carta abierta que escribió un vocal del Consejo de Participación Ciudadana a Rafael Correa. Desde entonces la situación del periódico no ha sido fácil. A los periodistas cada vez les cuesta más trabajar. “Es un ambiente de presión, te vas cuidando mucho más, al momento de escribir te vas cuidando porque no sabes en qué punto te pueden caer”, dice Andrea Grijalva, que cubre salud y educación. “Es bonito defender el periodismo, pero cuando las reglas del juego no son claras, piensas dos veces antes de escribir algo o hacer ciertas preguntas”.
Las fuentes oficiales están cerradas para los periodistas de La Hora. El editor nacional del periódico, Alexis Serrano, dice que “una fuente del Estado es siempre hostil”. Adriana Bucheli, que cubre economía, cuenta algo más específico: “El Ministerio de Agricultura se demoró 23 días en darme una información, yo solo pedía el volumen de frutas y las hectáreas sembradas en Tungurahua (provincia agraria del centro del país), pero me tuvieron de un lado a otro. Luego me pidieron que mandara un correo electrónico a uno de los asesores del ministro. Este me respondió con otro correo en el que irónicamente me decía: 'como todo buen periodista, moléstese en ir a la fuente'”.
El órgano de control mediático en su informe de 2014 dijo que había emitido 113 sanciones a los medios de comunicación. La mayoría fueron amonestaciones escritas y pedidos de disculpas públicas y rectificaciones. Pero también se cuentan multas por no publicar las rectificaciones, por no publicar el tiraje, por no entregar copias de los programas, por no etiquetar el tipo de contenido periodístico (información, opinión, entretenimiento o publicidad), por tomar postura institucional y por publicar contenidos discriminatorios o restringidos como los relacionados a menores de edad.
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