Bloomberg 16/10/2013
Los litigios sobre responsabilidad corporativa de alto riesgo están cambiando. En lugar de sólo conducir su defensa ante la corte basándose en los méritos del caso, las grandes compañías están tomando cada vez más la ofensiva contra los abogados de los demandantes que entablan acciones legales en su contra. El 15 de octubre, por ejemplo, Chevron inició una demanda civil por asociación ilícita ante una corte federal en Nueva York, contra un abogado ambientalista que hace dos años y medio obtuvo una sentencia por contaminación contra el gigante energético de 19.000 millones de dólares, emitida por una corte local de Ecuador. Más allá del dinero que está en juego –un monto importante aún para una gigante multinacional como Chevron-, el caso constituirá una prueba para la creciente estrategia que persigue desacreditar a las ‘malévolas’ corporaciones –o, como en el caso de Chevron, destruir por completo la reputación profesional del abogado en cuestión.
“Las compañías están siguiendo con atención la demanda de Chevron pues están hartas de las masivas e injustas sentencias de responsabilidad civil”, dijo Darren McKinney, un vocero para la Asociación para la Reforma de la Responsabilidad Civil de Estados Unidos, que cuenta con el apoyo de varias corporaciones. El grupo con sede en Washington está aconsejando a sus compañías miembro que consideren imitar a la petrolera. “Chevron está ofreciendo un modelo de cómo contraatacar”, agrega McKinney.
El blanco de la demanda de Chevron, el abogado de los demandantes Steven Donziger de Nueva York, ha combatido por 20 años en las cortes de Estados Unidos y Ecuador para reivindicar los derechos de miles de indígenas y campesinos amazónicos quienes culpan a los intereses petroleros estadounidenses de profanar una gran franja de selva al este de los Andes. Al mando de un equipo de abogados estadounidenses, Donziger obtuvo una sentencia récord por contaminación ambiental en una corte de la selva amazónica en febrero de 2011.
Sin embargo, Chevron se ha negado a pagar, además, cuenta con pocos activos en Ecuador. La Compañía sostiene que la sentencia ecuatoriana refleja años de fraude, sobornos y falsificación de pruebas, todo orquestado por Donziger desde su oficina en el privilegiado vecindario del nor oeste de la ciudad (Upper West Side) de Manhattan. A menos que Chevron logre presentar a Donziger como un estafador, “se abrirá la temporada de caza a las corporaciones estadounidenses en jurisdicciones extranjeras”, advirtió Randy Mastro, el principal abogado externo de Chevron, en su declaración de apertura el 15 de octubre. Si el juez federal Lewis Kaplan, quien preside el juicio sin jurado en Nueva York acepta, Chevron tiene la intención de usar su resolución para impedir la ejecución de la sentencia de 19.000 millones de dólares –y obtener decenas de millones de dólares de Donziger para reembolsar a la compañía parte de sus costos legales.
Donziger y sus abogados niegan que sea un estafador. Sin embargo, aceptan que la demanda de Chevron refleja una tendencia incipiente de atacar a los abogados que presentan ambiciosas demandas contra las corporaciones. “Las asociaciones de demandantes necesitan levantarse contra esta nueva estrategia”, dijo uno de los abogados de Donziger, Zoe Littlepage, antes del juicio que se lleva a cabo en Nueva York.
La firma de abogados que representa a Chevron en el caso, Gibson Dunn & Crutcher, en los últimos años se ha presentado como una firma especializada en tratar con “litigios transnacionales”. En su página web, el bufete de mil abogados sostiene: “Al enfrentarse con litigios importantes más allá de las fronteras de Estados Unidos, sobre todo si se trata de demandantes de jurisdicciones que se prestan a reclamos básicamente injustos, abusivos o corruptos, los miembros del Grupo de Litigios Transnacionales trabajan con sus clientes para responder a estos ataques masivos y multifacéticos, más que con una serie de tácticas defensivas, con una estrategia positiva para terminar con el litigio”. En otras palabras, Gibson Dunn considera que una fuerte ofensiva es la mejor defensa.
Además de la demanda de Chevron, el sitio web del bufete de abogados se refiere a su éxito en años previos al liberar a Dole Food (DOLE) de multimillonarios juicios que enfrentaba en Nicaragua por responsabilidad por pesticidas. Gibson Dunn impidió la ejecución de las sentencias nicaragüenses en cortes de Estados Unidos al demostrar un plan del abogado de los demandantes para reclutar y entrenar supuestas víctimas que en realidad no habían sido afectadas por Dole.
Esta estrategia corporativa de invertir los papeles no necesita involucrar disputas internacionales. En el mes de septiembre, un juez federal en Wheeling, West Virginia., triplicó la indemnización de cerca de 1.3 millones de dólares en un juicio por extorsión presentado por CSX Transportation contra dos abogados de los demandantes provenientes de Pittsburgh y un radiólogo que había colaborado en demandas por contaminación por asbesto contra la compañía ferroviaria. Posteriormente se demostró que los reclamos por lesiones por asbesto eran fraudulentos. El juez en Wheeling podría aún exigir a los abogados de los demandantes que paguen los millones de dólares que CSX dice que gastó para defenderse de los falsos reclamos.
CSX invocó la misma norma federal que Chevron está usando contra Donziger: la ley contra las asociaciones ilícitas para delinquir y extorsionar. Establecida en 1970, la legislación RICO fue creada para combatir conspiraciones mafiosas; también contiene disposiciones civiles que las entidades privadas pueden emplear. “Presentar demandas bajo la ley RICO contra abogados de los demandantes no es una solución ideal; pero si los fiscales no combaten estas falsas demandas, las compañías lo harán por si mismas”, dice McKinney de la Asociación para la Reforma de la Responsabilidad Civil.
La contaminación en Ecuador no es “falsa”. Los charcos de deshechos petroleros son visibles, y los cursos de agua de donde los pobres residentes amazónicos extraen el agua que beben permanecen contaminados. La pregunta es quién es responsable de la contaminación y si la contaminación puede vincularse a enfermedades humanas.
El sistema judicial ecuatoriano responsabilizó a Chevron porque en 2001 adquirió Texaco, que había operado en Ecuador desde 1960 hasta 1990. Chevron afirma que Texaco cumplió sus obligaciones contractuales de limpiar ciertos sitios que contenían desperdicios petroleros y que la mayor parte de la contaminación que todavía afecta a los ecuatorianos ha sido causada por la compañía petrolera estatal, Petroecuador, o por sistemas sanitarios deficientes. Según la compañía, Donziger y su equipo corrompieron a los jueces ecuatorianos y a los peritos designados por la corte, llegando al extremo de redactar secretamente el informe científico de un perito independiente y, muy posiblemente, hasta de la misma sentencia de febrero de 2011.
En una serie de fallos previos al juicio, el juez Kaplan ha dado señales de que toma en serio las acusaciones de Chevron. Para complicar la defensa de Donziger en el caso RICO, habrá un desfile de sus ex aliados –colegas abogados de los demandantes, consejeros científicos y financistas- quienes han dicho bajo juramento que Donziger los engañó y cometió un fraude.
El equipo defensor de Donziger insiste en que no importa cuál sea la conducta indebida en la que puede haber participado y que esto no debería desviar la atención sobre la culpabilidad de la compañía petrolera. Al referirse a la conducta de Donziger en Ecuador, otro de sus abogados, Richard Friedman, concedió en un argumento inicial: “Mucho de esto fue inapropiado. Mucho de esto fue grosero”. Sin embargo, las reglas en Ecuador son más flexibles, dijo Friedman. Chevron, añadió, también empleó tácticas rudas –una acusación que la compañía rechaza. En un juicio que se espera dure al menos un mes, el juez Kaplan decidirá ahora si el argumento de Donziger de que sólo combatió fuego con fuego, constituye una legítima defensa.
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