Revista Vistazo 12/03/2020
Durante el correísmo el Issfa asumió el control del holding de empresas de las fuerzas armadas. pero una serie de increíbles decisiones políticas liquidaron a varias de ellas, destruyendo buena parte de ese patrimonio que sostenía el fondo de pensiones. los perjudicados son, al menos, 230 mil asegurados.
Era el 26 de octubre de 2013. En su sabatina habitual, el entonces presidente Rafael Correa denunció indignado que la "mano sucia de Chevron" había llegado demasiado lejos. Reclamó a la empresa de seguridad militar C&S Sepriv, por haber brindado protección a los ejecutivos de la petrolera estadounidense.
A renglón seguido, la Contraloría inició un examen especial al contrato, firmado en 2003. La empresa, constituida en diciembre de 2001, quedó borrada de un viserazo, cuando el Ministerio del Interior le negó el permiso de operación en noviembre de 2013. La compañía prestaba seguridad a entidades estatales, entre ellas, Petroecuador, Petroamazonas, Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura. Tenía 4.374 trabajadores; en buena parte, pobladores de provincias amazónicas. Los juicios laborales y las costas legales sumaron tres millones de dólares. Las multas por el cierre unilateral y anticipado de contratos de seguridad, 4,6 millones de dólares adicionales. Los bienes, armas en su mayoría, estuvieron embodegados hasta que las autoridades de control autorizaran su venta. Recién en 2019 terminaron de comercializarse, a precios castigados. El cierre golpeó el bolsillo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA, propietario de todas las acciones desde agosto de 2012.
La Constitución correísta de 2008 dispuso que los militares se centraran en actividades de defensa y seguridad, y que se despojaran de las empresas que mantenían. Entre 2010 y 2012, las acciones de las empresas militares administradas por el holding DINE (Dirección de Industrias del Ejército) fueron traspasadas al ISSFA, para robustecer el Fondo de retiro, invalidez y muerte (RIM). Este necesita mensualmente unos 30 millones de dólares para cubrir las pensiones de casi 50 mil beneficiarios directos, 35 mil militares pasivos y 11 mil viudas y huérfanos. El pago de pensiones se cubre con el aporte de los cotizantes activos (uniformados) y con la contribución del Estado, pero no es suficiente.
Por una decisión política del correísmo se disolvió la empresa de seguridad privada más importante del país, que daba trabajo a 4.374 guardias. Muchos eran pobladores de zonas amazónicas.
Las empresas
El ISSFA es socio mayoritario en seis empresas. En otras cinco tiene una participación minoritaria. El patrimonio del ISSFA en el conjunto de empresas bordea los 237 millones de dólares. Para que las empresas militares sean consideradas rentables, deben generar una utilidad superior al cuatro por ciento, según el requerimiento técnico actuaría!. Estos valores alimentan el fondo de pensiones. Por el contrario, las pérdidas afectan el patrimonio del ISSFA.
En proceso de cierre están cinco empresas militares. HDineAgros es una de ellas. Conformada en 2007, en Machala, se enfocó en actividades agrícolas, esperialmente, la producción y venta de banano y caña guadua. El ISSFA es el único dueño de las acciones.
En una decisión clientelar del correismo, a fines de junio de 2012, se firmó el compromiso presidencial para traspasar las tierras bananeras a los campesinos. El consejo directivo del ISSFA resolvió "realizar la valoración técnica de la infraestructura y sembríos para determinar un justo precio". A través de acuerdos interministeriales, en 2014, el Ministerio de Defensa transfirió, a perpetuidad, al Ministerio de Agricultura, las haciendas La Guayas, Juana Fernández, La Pagua, La Herrera y Rio Siete.
Aunque los acuerdos establecían la donación de tierras, también definían la obligación de pago por los sembríos. Sin embargo, en junio de 2016, el Ministerio de Agricultura afirmó que "no es procedente ni legal la solicitud de HDineAgros... no tiene calidad legal para solicitar el pago". Agricultura recibió las tierras gratis, las vendió a asociaciones de comuneros y les conminó a no pagar al dueño original por los sembríos. En una de las haciendas el perjuicio se acerca al millón y medio de dólares. Otro impacto económico para el patrimonio de los asegurados militares.
Algo similar pasó con la Sociedad Camaronera Cayancas (Soccasa), creada en mayo de 1994, y en la cual el ISSFA tiene el 42 por ciento de acciones. En 2008 enfrentó un proceso judicial por presuntos daños ambientales. Para 2013 la Subsecretaría de Acuacultura extinguió la autorización y en 2012, la Subsecretaría de Tierras y el Plan Tierras le conminaron a entregar sus activos, que serían adjudicados a varias cooperativas. Esto significó desvincular a 152 trabajadores, y el pago de 700 mil dólares. Otro golpe a los beneficiarios del ISSFA.
Pérdidas y cifras negras
¿Deberían los militares ser empresarios? A esta pregunta hay reacciones diversas. "Desde que estamos en recintos militares gestionamos recursos, por supuesto que tenemos formación para ser buenos administradores y planificadores", advierte el coronel Giovanni Cadena, representante de los oficiales en servicio pasivo ante el directorio del ISSFA. Reconoce que los manejos políticos del pasado causaron daño. "En época del correísmo, pusieron representantes de los Ministerios en los directorios de las empresas, tratando de convertirlas en botines de la Revolución Ciudadana".
El director del ISSFA, capitán de navio en retiro, Alejandro Vela, advierte que desde que asumió funciones, en 2017, busca corregir el rumbo de las empresas militares. Entre los correctivos adoptados, por malos manejos se liquidó la empresa Aeroestar, con informes enviados a Contraloría y Fiscalía. Entre los hallazgos, destaca el pago de decenas de miles de dólares de tarjetas de crédito corporativas, para consumos personales de ejecutivos de esas empresas.
Un tema controversial es el de ANDEC, dedicada a la producción de acero. Durante el apogeo del correísmo, y el boom de la obra pública, tuvo ganancias hasta 2016. Para 2017 se reportó una pérdida inicial de 13,7 millones de dólares, valor que se reajustó en 24,8 millones de dólares.
"Ministros estrella" del correísmo (Vinicio Alvarado entre ellos), crearon un directorio que se superpuso a la junta de accionistas. La gerencia disminuyó la capacidad de compra de chatarra nacional, y obligó a comprar materia importada, que cuesta el doble. Con tarjetas de crédito empresarial se pagaron eventos navideños, consumos de alimentos por 214 mil dólares, según un informe de Contraloría. Se pagaron 147 mil dólares en exceso por alquiler de vivienda para un gerente.
La crisis económica redujo la inversión en obra pública. Una acería de capitales chinos empezó a operar en Guayas, abaratando en 30 por dentó los costos.
A la fecha, casi 28 millones de dolare» fueron inyectados desde el ISSFA a ANDEC. Hay quienes consideran que es hora de transparentar las cifras, y dejar de asignarle recursos, como salvavidas.
Recién en 2018, tras el cambio de administración, la tendencia se revirtió. Pa ra 2020 su plan de operaciones contempla utilidad, siempre y cuando se cumpla un cronograma de nuevas asignaciones
El impacto del cierre de esta industria sería de 186 millones de dólares. Mantiene una deuda de 33 millones con la Corporación Financiera Nacional (CFN). En la acería trabajan 719 personas.
Juan Carlos Robalino, vocal principal del directorio del ISSFA, explica que n§ hay suficiente información sobre la operación, inversiones y utilidades o pérdidas de las empresas militares. "El ISSFA inicia con los recursos de miles de aportantes, lo que pase con las empresas incide en el patrimonio". Anuncia la creador! de veedurías para analizar el caso de cada una de las entidades. "Me pidieron firmas un documento de confidencialidad. No e» posible que sea información reservada" Y cuestiona si las empresas tienen gerentes preparados, si entraron por concursos.
Lo cierto es que después de ocho años de modelo, conviene abrir un nuevo debate la posible venta de acciones de las empresas militares, para fortalecer con recursos frescos a la seguridad social de los militares, venida a menos estos tiempos.
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