El complot para terminar con el sector de recursos de Canadá es un guion que Hollywood no tocará

Opinión: La colusión entre los intereses extranjeros y los ecologistas radicales locales limitará el potencial económico de Canadá por años y quizás décadas por venir guion

Financial Post - Jay Cameron 12/06/2019

Si Hollywood no tuviera una manifiesta animosidad contra la industria del petróleo y el gas, encontraría un impresionante argumento basado en el abogado inhabilitado Steven Donziger, la fraudulenta sentencia ecuatoriana que aseguró contra Chevron y los ambientalistas con financiación extranjera que intentan destruir la industria de recursos naturales de Canadá.

Un breve resumen de la saga hasta la fecha: Donziger, abogado graduado en Harvard, obtuvo en Ecuador una sentencia judicial de $19.500 millones contra Chevron por presuntos daños ambientales supuestamente provocados por Texaco, empresa que Chevron compró en 2001. Esto, a pesar de que ya se había hecho una limpieza y el gobierno ecuatoriano había liberado explícitamente a Chevron de toda responsabilidad. Pero entonces se descubrió que el equipo de Donziger había recurrido a la manipulación de testigos y al soborno, habría conseguido quien redactara clandestinamente “informes periciales”, órdenes judiciales e incluso la misma sentencia original de la corte. Una corte determinó que Steven Donziger y sus cómplices “intentaron extorsionar a Chevron Corporation por miles de millones de dólares”.

Se descubrió que la sentencia ecuatoriana, que finalmente se redujo a $9.500 millones, era tan corrupta que todos los países a los que Donziger la llevó se negaron a ejecutarla, excepto nuestra querida Canadá. A pesar de tanta corrupción, la Corte Suprema de Canadá dictaminó en 2015 que se podían iniciar procedimientos de ejecución contra Chevron Canada, una subsidiaria de Chevron Corp., aun cuando, según la ley societaria canadiense, Chevron Canada es una entidad legal completamente separada de Chevron Corp. Nuestros jueces esencialmente dijeron que la “etiqueta” mundial (léase: nuestra excepcional cortesía nacional) requería que la sentencia se aplicara aquí.

La corte puede estar reconsiderando silenciosamente esa gimnasia jurídica, en vistas de lo que ha ocurrido desde entonces.

En un caso de estudio que plantea lo malo que fuera que Canadá reconozca de cualquier manera jurisdicciones extranjeras sin el debido escrutinio, la sentencia de Ecuador fue rechazada por Estados Unidos, Brasil y Argentina. A fines de 2018, un tribunal internacional de inversiones en La Haya decidió unánimemente que sería una violación del derecho internacional que cualquier país reconociera y ejecutara la fraudulenta sentencia ecuatoriana. Donziger fue suspendido como abogado en el estado de Nueva York el año pasado a causa de su papel en el fraude ecuatoriano. Aproximadamente en la misma época el año pasado, la Corte de Apelaciones de Ontario dio un golpe a los intentos de Donziger de cobrar en Canadá. Se concluyó que el caso, que está a cargo del abogado de Toronto Alan Lenczner, se reduce a “un exhorto a que hagamos lo correcto para sus clientes, sin considerar la jurisprudencia, los derechos legales de las empresas o cualquier principio discernible”.

Y el mes pasado, Donziger fue declarado en desacato a la corte en los Estados Unidos por desobedecer las órdenes de la corte y obstaculizar los esfuerzos de Chevron Corp. para cobrar las costas legales dictadas a su favor.

Chevron Corp. ha solicitado ahora a la Corte Suprema de Ontario que desestime la acción de ejecución de Canadá. Parece que finalmente se acabará con el espeluznante juicio de Donziger.

Pero aquí es donde la trama se complica. A medida que nos alejamos, descubrimos que Donziger es solo uno de los actores de un movimiento más profundo con financiamiento extranjero para bloquear los recursos naturales de Canadá. Las pruebas recientes en los Estados Unidos revelaron que el mismo tipo de actores corruptos detrás de la corrupción en Ecuador estaban involucrados en la dirección y financiación de la acción judicial de Ontario. El procedimiento en Ontario fue utilizado por Donziger para vender participaciones en la sentencia ecuatoriana —esencialmente venta de acciones a inversionistas— a compradores que esperaban beneficiarse del pago que él piensa que las cortes canadienses le darán en última instancia.

Para cualquiera que esté atento, la imagen de los adinerados patrocinadores que financian los esfuerzos por frustrar a las compañías de recursos en Canadá les resultará familiar de inmediato. Vivian Krause, una meticulosa investigadora que ha seguido el flujo de dinero estadounidense hacia las llamadas organizaciones benéficas canadienses durante años, testificó ante el Senado canadiense el 8 de abril de 2019 en relación con el proyecto de ley C-69, la nueva propuesta de evaluación de impacto ambiental que plantea imponer un régimen regulatorio inédito y sofocante a las aprobaciones de proyectos.

En sus presentaciones, Krause mostró los esfuerzos del Rockefeller Brothers Fund, y de muchos otros donantes de EE. UU., para cerrar los proyectos de oleoductos canadienses. Krause dio al Senado un enlace a las páginas de las declaraciones de impuestos estadounidenses que evidencian más de 400 pagos a más de 100 grupos involucrados en la campaña de arenas bituminosas en Canadá, EE. UU. y Europa. Krause incluso demostró el vínculo entre algunos de estos donantes y los esfuerzos tendientes a influir en las recientes elecciones de Alberta a favor de Rachel Notley.

Mientras que los fondos para bloquear el sector de recursos de Canadá siguen circulando, la inversión extranjera en nuestras industrias de recursos naturales está peor que nunca. Esto ha contribuido directamente a que la economía canadiense cojeara con un mísero crecimiento del 0.1 % del PIB.

La colusión entre los intereses extranjeros y los ecologistas radicales locales limitará el potencial económico de Canadá por años y quizás décadas por venir. Los canadienses tienen derecho a conocer este complot. Una vez que se liquidan negocios, no es fácil reinstaurarlos. Puede que los inversores, asustados por una inversión hostil y el clima jurídico, nunca regresen. Eso afecta a los trabajos reales y a la población. Los hechos son conocidos. La pregunta es, ¿qué hará nuestro gobierno al respecto?

Jay Cameron es un abogado del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí

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