The Washington Free Beacon 13/12/2014
El gobierno del Ecuador intenta evitar la divulgación de información relativa a su contrato con una firma de relaciones públicas con sede en Nueva York, que podría haber violado las leyes federales y está siendo investigada en el país sudamericano.
La semana pasada un juez federal de Nueva York ordenó a la firma MCSquared PR entregar los documentos relacionados con su trabajo para el gobierno del Ecuador.
La orden fue emitida como parte de una acción legal en curso, entablada por Chevron en contra de los financistas y un número determinado de abogados que lograron obtener una sentencia por 9.000 millones de dólares en contra de la compañía por contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana.
Chevron alega que existe una campaña de fraude, extorsión y chantaje orquestada por los abogados de los demandantes en este caso y ha entablado en su contra una demanda por asociación ilícita para delinquir ante las cortes de los EE.UU. Además presentó una demanda en contra de una firma de inversiones radicada en Gibraltar que financió las acciones de los demandantes.
Como parte de esta última demanda, la semana pasada Chevron obtuvo la aprobación de la corte para emitir una citación que busca obtener un determinado número de documentos de MCSquared relacionados con su trabajo para el gobierno ecuatoriano.
Dicho trabajo fue parte de un contrato de relaciones públicas por US$6.4 millones “para informar al público estadounidense sobre las responsabilidades de Chevron, a fin de que los intereses del Ecuador se vean favorecidos”.
El trabajo de la firma incluyó denuncias rutinarias sobre la compañía petrolera en los medios estadounidenses, el pago de “extras” para que protesten en los exteriores de la reunión anual de accionistas de Chevron y giras con gastos pagados de celebridades que incluyeron a Mia Farrow y Danny Glover a la Amazonía ecuatoriana.
El contrato fue objeto de escrutinio, una vez que el Washington Free Beacon informó que MCSquared no había notificado al Departamento de Justicia sobre su trabajo, como se requiere bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, aún varios meses luego de la firma del contrato correspondiente.
El gobierno del Ecuador ahora está intentado evitar la divulgación de información sobre los arreglos a los que llegó con MCSquared.
En una moción para intervenir presentada la semana pasada, el gobierno argumentó que la orden de divulgación de pruebas podría violar su inmunidad soberana. Sin embargo, Chevron no ha solicitado ningún documento que efectivamente pertenezca al Estado, aunque busca encontrar comunicaciones intercambiadas entre MCSquared y funcionarios ecuatorianos.
Según Chevron tales comunicaciones podrían revelar detalles del papel que jugó el gobierno ecuatoriano en la promoción de la demanda en contra de la compañía en el país sudamericano.
Chevron asevera que el presidente Rafael Correa, quien a título oficial de manera habitual denigra a Chevron, ejerció una significativa presión política a favor de los demandantes en un esfuerzo por forzar a la corte a sentenciar a su favor.
Correa, quien fue elegido en 2006, hace referencia a Chevron sosteniendo que son unos imperialistas corruptos que intentan evadir sus obligaciones respecto de la limpieza de ciertas áreas de la Amazonía contaminadas por Texaco, firma que Chevron adquirió en el 2001.}
Luego de que MCSquared provocara titulares de prensa respecto de su trabajo a favor del gobierno del Ecuador y al hecho de que no revelara su trabajo al Departamento de Justicia, sus empleados empezaron ‘limpiar’ sus cuentas de redes sociales de toda información que los pudiera conectar con el régimen de Correa.
“En junio los directivos de MCSquared… empezaron a eliminar referencias sobre la República del Ecuador en sus perfiles y noticias de redes sociales” sostuvo la compañía en su petición solicitando la divulgación de pruebas.
La presidenta de la firma retiró referencias a su esposo, un ex funcionario de gobierno en el Ecuador. Otro empleado de MCSquared, quien antes había trabajado para el gobierno, borró su perfil de LinkedIn.
El mismo Correa se ha mostrado inexacto respecto del alcance del contrato con MCSquared. “Hay cosas que no pueden ser especificadas en el contrato”, dijo en relación al alcance de los trabajos de la firma. “Continuemos”.
Mientras Chevron persigue que se haga un examen cuidadoso de las actividades de MCSquared, a nombre del gobierno funcionarios ecuatorianos están indagando el contrato a través de su propia investigación oficial.
La embajadora ecuatoriana en los Estados Unidos, Nathalie Cely y Fernando Alvarado, el secretario de comunicación del Ecuador, han sido llamados a declarar ante el Fiscal General de la Nación por su papel en la aprobación y fiscalización del contrato (ambos se han negado a comparecer).
El asambleísta Andrés Páez, quien solicitó la investigación, en su reclamo presentado ante el Fiscal General hizo notar que la presentación de información de MCSquared bajo la ley FARA, reportaba la existencia de un contrato por $6.4 millones, pero solo mostraba gastos por $1.9 millones.
La investigación, afirma Páez, está destinada a garantizar una administración responsable del dinero de los contribuyentes.
Hizo notar además la existencia de discrepancias en relación al trabajo de MCSquared con algunas celebridades de los Estados Unidos. Mia Farrow ha negado haber recibido los $188.000 que MCSquared informó haber gastado en su viaje pagado a la Amazonía. MCSquared no me pagó “nada que se asemeje a tal suma”, informó.
Páez no espera que estas preguntas sean respondidas en el Ecuador, ni tampoco que figuras públicas prominentes sean responsabilizadas por la administración del presidente Correa, la que sostiene, ejerce enorme influencia política sobre el sistema judicial en el país.
“Este caso, ventilado en el sistema judicial ecuatoriano, no llegará a ninguna parte”, dijo Páez en una entrevista. Espera que las cortes estadounidenses logren exponer el amiguismo que sostiene es rampante en los procesos de contratación pública en el Ecuador.
A diferencia del Ecuador, en los Estados Unidos, dice Páez, “ellos no pueden manipular a los jueces, a las instituciones o a la gente”. El hecho de que MCSquared tenga su sede central en los Estados Unidos “Es la única ventaja que tengo”.
Tanto él como Chevron se podrían beneficiar del hecho de que dada la ubicación de las oficinas de MCSquared en Brooklyn, el mismo juez federal que recientemente sentenció que los demandantes ambientalistas se habían visto involucrados en una conspiración criminal, será quien acepte la petición de divulgación de pruebas hecha por Chevron.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés pude ser visto aquí
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