UbicaTV 03/03/2015
En octubre del año pasado, la Fiscalía General inició una investigación sobre las irregularidades en el contrato entre la empresa MCSquared y la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, uno de los requisitos para que pueda abrirse un proceso en esa instancia es, precisamente, el informe de Contraloría General que se divulgó esta semana.
Tanto el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, como la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Nathalie Cely, advirtieron que no acudirían a los llamados de la Fiscalía, pues en ese entonces el organismo apenas inició el examen especial.
Con este informe, que determinó el cumplimiento cabal del contrato, la Fiscalía se quedaría sin piso para continuar con su investigación, explicaron técnicos de la Contraloría.
Con ese criterio concuerda el jurista y académico Santiago Guarderas. “Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, desde agosto pasado, para este tipo de casos, el informe de la Contraloría es un presupuesto importante”.
El fiscal Galo Chiriboga señaló el año pasado que a pesar de no tener un examen especial de la Contraloría, él seguiría investigando este caso.
“El asunto es que ahora sí hay informe de Contraloría, pero a favor de la empresa y de los funcionarios que participaron en el contrato”, dijo Guarderas.
El examen especial del ente de control no evaluó la calidad de los productos, su valoración económica o pertinencia. El análisis se centró, especialmente, en las actas de entrega recepción de los servicios.
“Y todo fue recibido a satisfacción, eso está en los papeles y eso hemos podido verificar”.
“Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, desde agosto pasado, para este tipo de casos, el informe de la Contraloría es un presupuesto importante”.
Con esas palabras, uno de los técnicos de la Contraloría explicó que la auditoría no podía ir más allá de lo que señalen los documentos. ¿Por qué? La primera conclusión del informe establece que este contrato no se rige bajo las normas de contratación pública ecuatorianas.
Por ello, las subcontrataciones que MCSquared hizo en el exterior no fueron analizadas. Los técnicos de la Contraloría explicaron que, por ejemplo, la contratación de las agencias Greater Talent Network o American Program Bureau (que se encargan de contactar a personalidades para distintas causas) “es un asunto entre privados en Estados Unidos”.
El mismo razonamiento aplica para la exigencia de devolución de $ 350 mil que hizo MCSquared a la actriz Sharon Stone por supuestamnte incumplir su compromiso de visitar el país para la campaña La mano sucia de Chevron.
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