Fortune 17/09/2014
Rodrigo Buenida/AFP—Getty Images
Como señalo en un doble análisis publicado hoy, dos nuevos libros enfocan las acusaciones de fraude que han ensuciado a un juicio por daños ambientales contra Chevron en Lago Agrio, Ecuador, que en 2011 resultó en una sentencia multimillonaria contra el gigante petrolero.
La demanda obedece a contaminación supuestamente causada por Texaco (adquirida por Chevron en 2001) luego de haber perforado pozos petroleros en ese país entre 1964 y 1992. Muchos ambientalistas y defensores de derechos humanos consideran el caso como una victoria histórica para los pueblos del tercer mundo.
Sin embargo, un juez federal de Manhattan en marzo pasado determinó que el abogado principal de los demandantes, el estadounidense Steven Donziger, obtuvo la histórica sentencia a través del soborno, fraude, obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y otros delitos (Donziger niega tales acusaciones y ha presentado una apelación).
La aparición de los libros, así como la inevitable campaña de ataques y represalias en contra de uno de los autores lanzada por Donziger, me han animado a finalmente abordar un tema muy evidente, pero que parece haber pasado inadvertido. ¿Por qué el Fiscal General de los Estados Unidos Preet Bharara hasta ahora no ha manifestado interés alguno en el caso?
Es una pregunta que me he estado haciendo en los últimos cuatro años y su origen se remonta a un almuerzo cordial que tuve con Donziger en septiembre de 2010, cuando acababa de publicar un trabajo en la web, en el que con cautela narraba la preocupante evidencia de fraude que Chevron ya había presentado en ese entonces. Tal conducta era especialmente inquietante, ya que ponía en duda la posibilidad de alguna vez llegar al fondo de la disputa ambiental subyacente, en la cual la causa de los demandantes, personas muy pobres que reclaman por los maltratos del gigante petrolero estadounidense, era intrínsecamente digna de ser entendida como plausible.
El caso en contra de Chevron es fácil de entender para cualquier persona que haya visto el vídeo -en “60 Minutes”, en las que por ejemplo se muestran piscinas a cielo abierto en la selva tropical, aún hoy llenas de desechos viscosos y repugnantes, resultantes de la extracción de petróleo. A primera vista, estas imágenes aparecen como prueba concluyente de tal crimen ambiental. Sin embargo, hay temas en la disputa que merecen ser legítimamente analizadas. Texaco fue el socio operativo de una empresa de participación conjunta; el 62,5% pertenecía a la compañía estatal petrolera de Ecuador, ahora conocida como Petroecuador, por lo que el gobierno ecuatoriano recibió la mayor parte de las ganancias. (De hecho, cuando se toman en cuenta todos los impuestos que gravaban a Texaco, como documenta Paul Barrett en su reciente libro, Law of the Jungle, o La Ley de la Selva, Ecuador recibió al menos el 93% de los beneficios durante el tiempo que duró la concesión). Bajo un acuerdo de remediación alcanzado en 1994, dos años después de que Texaco abandonara el Ecuador, esta empresa limpió los campos petroleros correspondientes a su participación en el Consorcio, en un proceso de limpieza que tomó tres años y que fue supervisado por funcionarios ecuatorianos que en 1998 firmaron una certificación ratificando que había sido completado de manera adecuada. Sin embargo, Petroecuador nunca completó la limpieza de la parte correspondiente a su participación en la concesión. Las piscinas que se muestran en “60 Minutes”, por ejemplo, son sitios de los que se responsabilizó al Ecuador, y no a Texaco, bajo el acuerdo de remediación de 1994. No obstante, el programa no explicó este detalle a sus espectadores. Donziger insiste en que se debió exigir a Texaco limpiar todo, a pesar de la participación mayoritaria de Ecuador, y alega que la remediación que Texaco realizó fue inadecuada y hasta fraudulenta. Cabe mencionar que tales reclamos han sido fuertemente cuestionados.
En todo caso, cuando almorcé con Donziger, dicha evidencia ya había surgido y con mucha fuerza daba a entender que había sucedido lo siguiente. Un ingeniero de minas llamado Richard Cabrera, quien se supone actuaría como un asistente neutral e independiente de la corte ecuatoriana, algo parecido a un auxiliar judicial especial en los Estados Unidos, el 1 de abril de 2008 había emitido un informe de daños considerados como importantes. Sin embargo, la evidencia que apareció durante las acciones judiciales emprendidas en 2010 por Chevron en Denver y Nueva York, revelaron que en realidad dicho informe pericial había sido secretamente redactado por los expertos de Stratus Consulting en Boulder, Colorado que habían sido contratados por Donziger. Dichos expertos habían redactado el informe en primera persona y en inglés, para luego ser traducido al español por traductores que juraron guardar el secreto. El informe fue entonces enviado al Ecuador para la firma de Cabrera, uno o dos dias antes de ser presentado a la corte de Lago Agrio (En 2012, los expertos de Stratus admitieron haber hecho esto para Donziger, lo que motivó su despido). El llamado informe Cabrera recomienda que los clientes de Donziger deben recibir 16 mil millones de dólares.
Para engañar aún más al público haciéndole creer que Cabrera era independiente, Donziger hizo que sus abogados co-defensores en el Ecuador, presentaran "objeciones" al informe que sus expertos habían acabado de redactar de manera clandestina, supuestamente encontrando errores y, humildemente, ruegan a Cabrera aumentar el monto por daños. Luego de esto, Donziger instruyó a sus expertos en Boulder para que redactaran, otra vez de manera clandestina, la supuesta respuesta de Cabrera a las supuestas objeciones de Donziger. En dicha respuesta Cabrera pretende aceptar los argumentos de Donziger y aumenta el monto recomendado por daños a 27 mil millones de dólares. Para colmo, Donziger hizo que sus expertos de Boulder, a quienes se refirió como "independientes" en un boletín de prensa, apoyaran públicamente “las conclusiones de Cabrera", al tiempo que omitieran revelar que habían redactado de manera clandestina las conclusiones que ahora respaldaban.
Finalmente, Donziger dio a conocer este informe al mundo entero, inclusive a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos, a la Comisión de Bolsas y Valores de EEUU, al Fiscal General del Estado de Nueva York, al Controlador del Estado de Nueva York, así como a un sinnúmero de medios de comunicación, entre ellos “60 Minutes” (y a mi) – presentándolo como el trabajo de un perito independiente y neutral. En distintos actos judiciales en el Ecuador, entre 2007 y 2009, Cabrera juró al menos 7 veces que el informe era totalmente de su propia autoría, lo que fuera solemnemente secundado por el abogado co-defensor de Donziger en Ecuador, Pablo Fajardo. Cabrera y Fajardo expresaron su indignación por el “insulto” de Chevron a la integridad de Cabrera al sugerir lo contrario.
Ahora volvamos a mi almuerzo con Donziger en septiembre de 2010. A pesar de que cuando mi entonces reciente artículo sobre estas preocupantes acusaciones ya había aparecido, uno de los sitios web controlados por Donziger había contraatacado con rapidez con la publicación de un nuevo artículo en el blog llamado "Roger Parloff de Fortune, succionado por los giros de Chevron", él estaba ahora en una misión de buena voluntad, tratando de llevarme de vuelta a su redil. (Donziger es un profesional en este campo). Lo que me pareció extraño entonces fue que parecía que le preocupaba mucho más lo que yo iba a escribir, que lo que el juez Kaplan diría. En lugar de concentrarse, como cualquier otro abogado hubiera hecho, en la presentación de declaraciones juradas ante la corte, ofreciendo una versión inocente de lo que había pasado, alternaba entre tratar de intimidarme un día, y enamorarme al siguiente, en un esfuerzo por evitar que transmitiera a mis lectores lo que la evidencia mostraba de manera inequívoca.
Hacia el final de nuestra conversación, me preguntó lo que pensaba de un comunicado de prensa que había emitido el día anterior. En aquel momento, podría decir que Steve, a quien había conocido socialmente en el apartamento de dos amigos, de cierta manera me resultaba agradable. También creía que su caso ambiental era probablemente meritorio, una posibilidad sobre la que aún abrigo dudas, aunque ahora con más escepticismo. Le dije que necesitaba, por su propio bien, dejar de hacer declaraciones y que debía contratar a un abogado penal. Mi hipótesis es que cualquier abogado le aconsejaría que deje de hablar por completo con los medios de comunicación, incluso ‘off the record’, y menos aún que no debía renunciar a su derecho a guardar silencio amparado bajo la Quinta Enmienda. Supuse que tal derecho podría convertirse en crítico para Donziger, pues parecía inevitable que el Fiscal General Bharara muy pronto iniciaría una investigación penal. Hoy día, cuatro años más tarde, parecería ser que por lo menos en un aspecto, mis instintos estaban en lo cierto, pero muy lejos en otros.
En lo que tuve razón fue que Donziger había actuado en una manera que, al menos, planteaba cuestionamientos sobre si había violado numerosas leyes penales estadounidenses. El 4 de marzo de este año, en un fallo de 485 páginas y 1842 notas al pie, en el juicio civil por chantaje y asociación ilícita que Chevron presentó contra Donziger en febrero de 2011, el juez de distrito Lewis Kaplan, encontró "pruebas claras y convincentes" de que la conducta de Donziger en el caso de Lago Agrio había violado leyes federales contra la extorsión, fraude electrónico, manipulación de testigos, obstrucción de la justicia y lavado de dinero y que además era responsable de actos de soborno en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Este patrón de criminalidad, que se mantuvo por lo menos durante cinco años, entre 2006 y 2011, también violó la Ley de que controla la asociación ilícita, el chantaje y las organizaciones corruptas (RICO, por sus siglas en inglés).
Las conclusiones de Kaplan sobre los hechos , que probablemente darían argumento para una película si no fueran documentos del gobierno que ya son de dominio público, se basan en decenas de miles de páginas de correos electrónicos, diarios personales, declaraciones juradas, registros bancarios, telefónicos y de mensajería, además de muchas horas de video, sacadas de las escenas no utilizadas del documental “Crude”, el que Donziger logró que se filmara luego de engatusar a un bien intencionado pero ingenuo productor de cine, como parte de su estrategia de relaciones públicas.
Kaplan determinó que la farsa de Cabrera que describí más arriba, de hecho ocurrió. También puso al descubierto algunos detalles que entonces no conocía. "Cabrera no era ni remotamente independiente", escribió. "Fue reclutado por Donziger. Se le pagó por debajo de la mesa a través de una cuenta secreta mucho más que los pagos legítimamente aprobados por la corte. Se le prometieron trabajos de remediación (contratos de limpieza de suelos contaminados por petróleo) de por vida, si los demandantes de Lago Agrio ganaban. Los demandantes le dieron una oficina y un seguro de vida, además de una secretaria que era novia de uno de los miembros del equipo de los demandantes".
Aun cuando la farsa orquestada por Cabrera resultó ser tan macabra y desagradable, cuando salió a la luz, muchos periodistas que simpatizaban con los demandantes y su supuestamente meritoria causa, intentaron ignorarla calificándola como un evento secundario irrelevante.
Por ejemplo, este fue el punto de vista de un artículo de 12 mil palabras publicado por The New Yorker en enero de 2012. El corresponsal, quien señaló que había mantenido "seis largas conversaciones con Steven Donziger" en el transcurso de la preparación de su artículo (aunque también aceptó que Donziger le exigió que no lo citara nunca), explicó a sus lectores que el juez ecuatoriano Nicolás Zambrano, cuando finalmente emitió su sentencia en el caso, confesó que no se había basado para nada en el informe de Cabrera, precisamente por todo el alboroto que Chevron estaba haciendo al respecto. Si no pena sino hay falta, parecía concluir el periodista, dando crédito a la excusa de de Zambrano.
Sin embargo, había algo más que Donziger aparentemente no había mencionado al corresponsal. El equipo de Donziger redactó de manera clandestina, las 188 páginas de la sentencia del juez Zambrano, algo que el juez Kaplan también ha destacado. Dicho equipo obtuvo esa ventaja amparada bajo la promesa de pagarle a Zambrano 500 mil dólares que se obtendrían de una eventual sentencia, “una confabulación que contó con la autorización expresa de Donziger", sostuvo Kaplan.
La evidencia del segundo escándalo de la “redacción clandestina” utilizando un escritor fantasma, comenzó a salir a la luz casi al mismo tiempo que el dictamen de Zambrano se emitiera en febrero de 2011. He aquí por qué. Al citar el reiterado incumplimiento de Donziger con los pedidos de Chevron presentados en 2010 para acceder a las pruebas, junto con evidencia de que "pudo haber borrado, o que estaba ocultando otros documentos sensibles," en enero de 2011 Kaplan había permitido a Chevron registrar los discos duros de Donziger y de los miembros de su equipo. Así que cuando al mes siguiente se conoció la sentencia de Zambrano, los abogados de Chevron pudieron utilizar el software para detectar plagios, a fin de buscar coincidencias entre la opinión de Zambrano y los documentos contenidos en los discos duros. Y he aquí que extensos párrafos que aparecen en la sentencia, que a veces tienen una extensión de 150 palabras, parecían haber sido copiados literalmente de los siete memos internos de los demandantes que se encontraron en los discos duros, mientras que muchas de las cifras erróneas sobre contaminación utilizadas en el dictamen de Zambrano, aparentemente fueron sacadas de una base de datos en Excel también incluida en éstos. Ninguno de estos archivos fue jamás incluido en los expedientes oficiales de la corte de Lago Agrio; por lo tanto, Zambrano no tuvo los medios legales para acceder a estos.
A principios de 2012, un ex juez ecuatoriano llamado Alberto Guerra, se acercó a Chevron con un testimonio detallado y, más tarde, parcialmente corroborado, sobre cómo se había dado el soborno y la “redacción clandestina”. . Según Guerra, a lo largo de treinta años, tanto él como Zambrano se había visto involucrados en negocios corruptos y, desde hace varios años cuando Guerra fue destituido de su cargo de juez y Zambrano había sido nombrado como tal, Zambrano le pagó secretamente a Guerra para que redactara sus sentencias en casos civiles. (Guerra tenía más de 100 borradores de sentencias de Zambrano en sus discos duros, incluyendo al menos nueve del caso Chevron).
Guerra describe cómo lo sobornaron en 2010, en un restaurante de Quito llamado Honey & Honey, durante una reunión entre él, Donziger, Fajardo y un tercer líder del equipo de los demandantes.
Sorprendentemente, Donziger admitió finalmente haber estado presente en la reunión que describe Guerra. Reconoció que Guerra le pidió a Zambrano un pago de 500 mil dólares, a cambio de dar a los demandantes la oportunidad de redactar la sentencia de manera clandestina. Sin embargo, Donziger declaró que había rechazado la oferta. Sostuvo que nunca informó sobre dicho acercamiento pues dudaba de su autenticidad y no quería entregar a Chevron argumentos para atacar la legitimidad del poder judicial ecuatoriano.
Donziger también argumentó que Guerra estaba mintiendo a cambio de una serie de jugosos pagos que Chevron le había prometido, incluyendo 48.000 dólares por su computadora, memorias USB y otras pruebas físicas, así como el traslado de su familia a los Estados Unidos, ayuda legal en busca de asilo político en este país y, en general, lo que Kaplan describe en su sentencia como "un programa privado de protección de testigos". Pero luego de escuchar tanto el testimonio en vivo de Guerra, como el de Zambrano, de quien Kaplan encontró que sorprendentemente tenía muy poco conocimiento sobre su supuesta opinión, en gran parte, Kaplan dio crédito al relato de Guerra. (Yo estaba en la sala de audiencias y, por si sirve de algo, yo también le creí).
Aunque no voy a detenerme en este tema, Donziger cometió otros crímenes, según determinó Kaplan, que incluyen la fabricación de pruebas, instar a testigos a prestar falso testimonio, ayudar a idear una declaración jurada absolutamente engañosa firmada por Fajardo, que fue presentada ante dieciséis cortes diferentes en los Estados Unidos, además de presentar su falso testimonio ante el mismo Kaplan. Kaplan igualmente determinó que el equipo de Donziger había orquestado la persecución penal de dos de los abogados de Chevron en Ecuador, como un medio de ejercer presión sobre Chevron.
Ahora volvamos, por última vez, a aquel almuerzo acaecido en el tercer trimestre de 2010. Dije antes que mis instintos entonces habían sido correctos en un aspecto y fallidos en otro. Obviamente estaba en lo correcto, en lo relativo al comportamiento de Donziger respecto a su cumplimiento con ciertas leyes penales federales. ¿En qué me equivoqué entonces?
Bueno, aparentemente estaba equivocado al pensar que el Fiscal General Bharara podría tratar de enjuiciar a Donziger por estos crímenes. Por supuesto, las investigaciones penales son secretas, por lo que es teóricamente posible que una investigación aún esté pendiente, pero no he visto ninguna prueba en ese sentido. (Un portavoz de la oficina de Bharara declinó hacer comentarios).
Me parece que también estaba equivocado al pensar que Donziger debía preocuparse por preservar su derecho a guardar silencio bajo la Quinta Enmienda. Hasta ahora las declaraciones de Donziger incluyen varios volúmenes de testimonios que el juez Kaplan ha considerado "evasivos", "engañosos" y "deliberadamente falsos".
La aparente flagrancia con la que Donziger burló los procesos judiciales en los Estados Unidos sería cómica si no resultara tan repugnante para quienes todavía nos preocupamos por estas cosas. En realidad, Donziger parece haber ensayado cómo dar respuestas evasivas. Uno de los documentos que los abogados de Chevron encontraron en los discos duros de Donziger había sido creado en noviembre de 2011, justo antes de la primera de una serie de declaraciones que dio Donziger. Es una ayuda memoria que elaboró prepararse. En la parte superior de la primera página, y no como respuesta a ninguna de las preguntas, anotó: "Es posible, pero no lo creo"; "Supongo que es posible pero, que yo recuerde, no lo hice”.
En una carta dirigida al juez Kaplan en enero de 2011, un auxiliar judicial especial que revisó las declaraciones de Donziger caracteriza sus respuestas como "evasivas", "no responde" y "dirigidas a su interés personal". Durante cierto número de declaraciones presentadas en junio de 2013, Donziger respondió "no sé" o "no recuerdo" en 180 ocasiones, según aparece en el fallo de Kaplan en marzo pasado. Durante el interrogatorio en el juicio en noviembre de 2013, dio esas mismas respuestas en 100 ocasiones más.
Por consenso los fiscales consideran que la obstrucción de la justicia es uno de los delitos más graves que consta en libros, ya que afecta de lleno a lo que hacen. Todo su trabajo de investigación será en vano si la gente da testimonios falsos, contesta con evasivas, o no presentan los documentos que se les requiere, fabrican pruebas, manipulan testigos, o sobornan a quienes buscan la información, básicamente, todos los crímenes que, según Kaplan, Donziger ha cometido.
Si la conclusiones del juez Kaplan son sólidas, la conducta de Donziger con respecto a Chevron, ha sido una maratónica y desenfrenada obstrucción de la justicia, que el sistema judicial estadounidense rara vez ha conocido. Peor aún, si el fallo de Kaplan está en lo correcto, los crímenes de Donziger están en curso. Él y sus colegas aún están tratando de ejecutar la sentencia que Kaplan ha determinado que es deshonesta, redactada de manera fraudulenta y producto de soborno; mientras tanto existe un círculo de financistas alrededor del mundo, a quienes se les ha prometido una tajada de esta sentencia y que continúan ayudándolo. Si Kaplan está en lo cierto, esto se trata de un delito en curso.
Sin embargo, hasta ahora, no hemos oído nada de Preet Bharara. ¿Por qué?
Una posibilidad podría ser que varios de estos presuntos delitos ocurrieron en Ecuador; por lo tanto, siente que no tiene jurisdicción sobre ellos. Pero este es un asunto que también enfrentó Kaplan. El juez encontró jurisdicción, entre otras cosas porque "Donziger, un abogado y residente de Nueva York, aquí formuló y llevó a cabo una confabulación para victimizar a una empresa de los Estados Unidos, a través de un patrón de asociación ilícita para delinquir ", que incluyó "un considerable número de acciones en los Estados Unidos", incluyendo, entre otras cosas, "la mayor parte de [su] supervisión general de toda la operación", "gran parte de [su] actividad de recaudación de fondos", "La redacción clandestina del informe de Cabrera" y los "esfuerzos inadecuados para evitar el descubrimiento de pruebas en las cortes de los Estados Unidos sobre lo que realmente había ocurrido con Cabrera". (El tema de la jurisdicción es una de las cuestiones que se plantean en la apelación de Donziger.)
Otra razón para la reticencia de Bharara podría ser que el criterio civil de prueba, "preponderancia de la evidencia”, es mucho más fácil de cumplir que el criterio penal, "más allá de toda duda razonable." Sin embargo, el juez Kaplan en realidad dictaminó que la mayoría de los crímenes en el caso de Donziger habían sido probados con "evidencias claras y convincentes", a un nivel de exigencias que en la práctica está bastante cercano a la definición de"más allá de toda duda razonable".
Una tercera posibilidad es que Bharara dé crédito a la afirmación de Donziger de que el juez Kaplan no es "imparcial". Donziger y sus aliados en varias ocasiones han acusado a Kaplan de llevar adelante un "juicio amañado", así como de ser "corrupto" y "racista", estar "abierto a los negocios de Chevron", ser "lacayo" de Chevron y así sucesivamente. Pero estas afirmaciones de Donziger están sólo en el rango de difamación y en tres ocasiones, el tribunal de apelaciones ha rechazado sus acusaciones de parcialidad. Sería inconcebible que Bharara pudiera dar crédito a tales aseveraciones.
¿Qué queda entonces? La verdad es que un abogado querellante que presente un caso contra Donziger corre el riesgo real de perder ante un jurado. Donziger es muy hábil cuando se trata de politizar su causa, pues echa lodo sobre sus acusadores, crea cortinas de humo y argumenta que cualquiera que cuestione sus métodos ha unido fuerzas con el gigante petrolero para aplastar a los indigentes y a los indígenas. En la medida en que persiste la duda sobre los méritos del caso ambiental subyacente contra Texaco que, por desgracia, aún está latente, una anulación por jurado es una posibilidad realista. Donziger se encargaría de que el abogado querellante sea vilipendiado públicamente como una versión moderna de Inspector Javert [Los Miserables].
Por otra parte, si ningún fiscal acusador está dispuesto a asumir esta tarea, que es ciertamente poco atractiva, Donziger seguirá siendo, como parece creer, que es inmune a nuestras leyes.
Las causas aducidas por Donziger: los derechos ambientalistas y los derechos humanos son dignas. Pero también lo son la búsqueda de la verdad y el imperio de la ley. En nuestra sociedad, las sofisticadas, implacables, cínicas y mentirosas campañas de relaciones públicas ponen en peligro constante la capacidad de los estadounidenses para discernir la verdad. Nuestro sistema judicial federal es la institución que ofrece la mejor esperanza de reivindicar la verdad, incluso frente a este tipo de agresiones. El fraude, el soborno, el perjurio, las presiones a testigos y la obstrucción de la justicia causarán un terrible daño a esta institución.
Donziger cree que podrá burlar el sistema judicial estadounidense, subvertirlo, manipularlo, intimidarlo y callarlo a gritos. Nuestro sistema judicial, al que ha dedicado su vida y servido tan bien, Sr. Bharara- ha sido burlado y degradado. Es hora de luchar por él.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron, el artículo original en inglés puede ser visto aquí.
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