Diario Las Américas 22/05/2017
La investigación de corrupción en Brasil pone en evidencia un sistema de corrupción regional montado por decisión política con el objetivo de tomar y retener el poder. La acción de la justicia y de la prensa brasileras, le dan al mundo la prueba que los miembros del Foro de Sao Paolo pusieron en marcha un aparato de obtención de dinero ilícito con fines políticos de izquierda y obvios beneficios ilegales para sus dirigentes. Este consorcio internacional de corrupción abarca toda la región y los regímenes de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, son socios principales que encubren sus delitos con su poder total. Las pruebas están en Brasil y con ellas se debe destapar esta línea de corrupción de las dictaduras de las Américas.
La democracia es el único sistema que puede garantizar transparencia y efectiva lucha contra la corrupción, porque tienen entre sus elementos esenciales el respeto a las libertades fundamentales, la división e independencia de los órganos del poder público y la vigencia del estado de derecho. Sólo con estas condiciones puede existir efectivo ejercicio de la prensa libre, de libertad de expresión, de investigación abierta a las autoridades, obligación de los gobernantes de rendir cuentas, transparencia, fiscales y jueces independientes del poder político eventual, reglas claras, alternancia en el poder y vigencia de la ley por encima del poder del Gobierno.
No es que en democracia no exista corrupción, se trata de que sólo en democracia se puede prevenir, detectar, investigar, publicitar, juzgar y sancionar la corrupción. En democracia se sabe que el destino de los corruptos es la condena, pero además la perdida y/o devolución de los frutos de la corrupción. El mensaje de la democracia es que el crimen desde el poder político no paga y debe ser ejemplarmente sancionado, porque se trata de delitos en abuso del soberano que sólo reside en el pueblo y que exige cuentas por medio de los mecanismos institucionalizados: una estructura con frenos, balances y contrapesos al ejercicio del poder.
Cuando se violenta y termina con la democracia el objetivo es la concentración total del poder, como lo hicieron sistemáticamente en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y como lo intentaron en Argentina con los Kirchner y en Brasil con Lula y Rousseff. Los regímenes del socialismo del siglo XXI creados y dirigidos por la dictadura castrista de Cuba cambiaron constituciones, sistemas de justicia, mecanismos de control fiscal, contralores, sistemas financieros y electorales, modificaron a su antojo el control de medios de comunicación hasta apoderarse de ellos y/o controlarlos, en suma hicieron todo para que el poder empiece y termine en el caudillo llamado Castro en Cuba, Chávez y ahora Maduro en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa y ahora Moreno en Ecuador y Ortegas en Nicaragua.
Cuando concentraron todo el poder también redujeron al tamaño y modelo de su antojo a la oposición, a la opinión y a la prensa, porque quienes pasan los límites fijados por el régimen son sometidos a la “judicialización de la represión política” con acusaciones, persecuciones y condenas judiciales infames a las que el resto del mundo reconocerá como legítimas, forzando a las víctimas a la cárcel, al exilio y/o al “asesinato de su reputación”.
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