ABC 12/08/2019
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Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, no habría imaginado que dos mujeres de su círculo más cercano, su asesora Pamela Martínez y la asistente de esta, Laura Terán, entregarían a la justicia elementos de convicción suficientes para que la jueza Daniella Camacho ordenara prisión preventiva en su contra, acogiendo el pedio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, ordenó la prisión preventiva de Rafael Correa y otros exfuncionarios implicados en un caso de sobornos de varias empresas, nacionales y extranjeras, a cambio de obras públicas. Los imputados están siendo investigados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, delito este último imprenoscriptible.
La trama salió a la luz por una investigación periodística denominada «Caso arroz verde», que dio cuenta de aportes a las campañas políticas del movimiento político Alianza País, liderado por Correa, que habrían exigido dinero a las empresas para adjudicarlas obras públicas, la mayoría de las cuales tienen enormes sobrecostes. Además de Correa y del ex vicepresidente Jorge Glas (actualmente en prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht), están involucrados exministros como Vinicio Alvarado, Walter Soliz y una decena más de exaltos cargos del correísmo. La Fiscalía denomina al caso «Sobornos 2012-2016». La jueza Camacho también ha ordenado que se retengan las cuentas bancarias de los imputados y se les prohíba vender sus bienes que tengan un valor de un millón de dólares. El abogado de Correa, Fausto Jarrín, anticipó que apelará el fallo.
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