Red State 06/02/2015
En respuesta a una extorsión carente de todo fundamento, fraguada por sórdidos abogados litigantes, grupos ambientalistas radicales e intereses extranjeros anti-estadounidenses, el vicepresidente de asuntos públicos de Chevron, Stephen Green, acudió a RealClear Markets para contraatacar. En el centro de esta campaña de desinformación perpetrada por operativos izquierdistas, se encuentra un fraudulento proceso legal en Ecuador el que ante la existencia de una corrupción desenfrenada, ha sido completamente deslegitimado por las cortes de los Estados Unidos e incluso por los principales medios de comunicación.
Los críticos desde luego verán el título profesional de Green y desestimarán su defensa, considerándola como un esfuerzo de relaciones públicas de Chevron; sin embargo, Green cita varias fuentes creíbles – incluyendo artículos de Reuters, Bloomberg, Forbes, y The New York Times – los que se suman para presentar un caso bastante sólido. Como base de su defensa, Green destaca que una corte de los EE.UU. dictaminó que el abogado que está detrás del caso contra Chevron en Ecuador, Steven Donziger, “violó las leyes federales anti-mafia, incurriendo en fraude postal y de transferencias de dinero, lavado de dinero, soborno de testigos y obstrucción de la justicia”. No importa cómo se lo analice, este es un hecho irrefutable.
Pese a la absoluta falta de credibilidad de Donziger, ambientalistas que mantienen a las corporaciones bajo vigilancia, aún intentan aliarse con él en contra de Chevron en Ecuador y han otorgado a la corporación un premio a su “Trayectoria” como la corporación más irresponsable. Entre estos grupos están Greenpeace y Public Eye, la que ha construido su reputación culpando a las corporaciones. En los Estados Unidos, Sierra Club intentó capitalizar el fallo de la corte a través del envío de un email para recaudar fondos y expresó su permanente apoyo al desacreditado abogado litigante. Sin embargo, el hecho de que aún estén dispuestos a aliarse con un hombre como Donziger, pone de relieve algo muy diferente: la necesidad de poner un límite a los abogados litigantes que están fuera de control y que están dispuestos a llegar al extremo de unirse a los dictadores anti-estadounidenses en busca de una retribución basada en el chantaje corporativo.
Green deja poco espacio para refutaciones pues presenta un caso demoledor contra Donziger. Concretamente destaca que un antiguo juez ecuatoriano testificó que Donziger sobornó a jueces, como fuera informado por Reuters y Forbes . También cita a periodistas de negocios y al columnista del The New York Times, Joe Nocera quien, al examinar la demanda, escribió, “Sin duda alguna, Chevron ha ido a la carga tras él (Donziger), pero fue el mismo Donziger quien proporcionó las municiones”.
Y ¿qué se puede decir de los “activistas” que protestaron contra Chevron alrededor del mundo? Fueron reclutados, a razón de $85 cada uno. Resulta que el mismo Gobierno ecuatoriano, que desvergonzadamente se alió con Donziger y compañía, patrocinó protestas anti-Chevron en todo el mundo en su intento por sacar unos cuantos miles de dólares de Chevron.
Para rematar, la organización que nominó a Chevron para el premio a la vergüenza tiene una “conexión directa” con Donziger, como oportunamente señala The Daily Caller. El director ejecutivo de Amazon Watch admitió en una toma no utilizada de la película “Crude” que intimidó a jueces en Ecuador a través de la contratación de un ejército privado.
Es hora de combatir la colusión entre los abogados litigantes, los ambientalistas extremistas y los dictadores en su intento por extorsionar a negocios legítimos que no han hecho nada malo. En lugar de concentrarse en trucos publicitarios de entrega de premios falsos, Public Eye y sus aliados deberían enfocarse en cortar sus lazos con estafadores sentenciados.
Erik Telford es presidente interino del Franklin Center for Government & Public Integrity. Sígalo en Twitter: @BlameTelford
Notas relacionadas