AAPG Explorer 10/02/2021
En febrero de 2011 el tribunal de la pequeña ciudad ecuatoriana de Lago Agrio condenó a Chevron Corporation a pagar $9.300 millones a un grupo de unos 30.000 residentes ecuatorianos de la región amazónica donde Texaco, luego adquirida por Chevron, había estado produciendo petróleo durante 26 años.
El juicio tuvo todos los ingredientes propios de una película de Hollywood. Combinó problemas ambientales fundamentales, intrigas políticas, corrupción judicial, codicia corporativa y un espectacular suspenso en los juzgados. Sobre todo, reveló la tragedia de un abogado estadounidense joven y brillante que sintió que podía obtener mucho dinero de una corporación petrolera gigante, mientras se convertía en un héroe para los desamparados de este mundo.
A medida que se desarrollaban los eventos, descubrió que sus acciones no tendrían el resultado planificado.
El líder del equipo legal de los demandantes era un abogado educado en Harvard llamado Steven Donziger, acompañado por reconocidos ambientalistas ecuatorianos, Luis Yanza y Pablo Fajardo, y un grupo de abogados ecuatorianos. La demanda se desarrolló desde 2003 hasta 2011 y fue seguida por acciones legales relacionadas en Estados Unidos y los Países Bajos. Los procedimientos en Nueva York siguen su curso.
Consideraciones iniciales
Entre 1964 y 1990 la petrolera estadounidense Texaco operó una concesión de producción de petróleo del gobierno ecuatoriano a nombre de un consorcio integrado por Texaco, Gulf Oil Corp. y la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador. En 1977, Gulf abandonó el país y Petroecuador se convirtió en el propietario del 62,5 por ciento de las acciones, mientras que Texaco permaneció como operador y socio minoritario. Texaco cesó sus operaciones en 1990 y, a partir de ese momento, el único operador en la zona ha sido la petrolera estatal Petroecuador.
El 30 de septiembre de 1998, el ministro de petróleos de Ecuador, representantes de Petroecuador y otras agencias gubernamentales ecuatorianas relacionadas con la actividad firmaron un descargo completo para Texaco Oil “y todos sus respectivos agentes, proveedores, empleados, oficiales, directores, representantes, aseguradores, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, mandantes y subsidiarias permanentes, de cualquier responsabilidad y reclamo por parte del Gobierno de la República de Ecuador, Petroecuador y sus Afiliadas, por conceptos relacionados a las obligaciones asumidas por Texaco...”
Este no fue el final de la historia. En 1999, Ecuador aprobó una nueva Ley de Gestión Ambiental que permitía a las personas iniciar acciones legales contra posibles transgresores del medio ambiente. Esto se convirtió en la vía utilizada por el abogado Steven Donziger en nombre de los demandantes ecuatorianos, María Aguinda y otros, para iniciar una acción legal en 2003 en Lago Agrio contra Chevron, el nuevo propietario de los activos y pasivos de Texaco. La naturaleza y duración de este juicio, que se basó en la aplicación retroactiva de la nueva ley, captó mucha atención en los círculos petroleros y ambientales internacionales. Como geólogo petrolero familiarizado con el área, me interesé mucho por los procedimientos y comencé a leer todo lo que pude al respecto.
Juicio y veredicto
Sorprendentemente, el socio mayoritario del consorcio, la petrolera estatal Petroecuador, no fue nombrado coacusado en la acción. El único imputado fue Texaco, ahora Chevron, la empresa extranjera que años antes había abandonado el país, aunque el único operador en la zona desde 1992 había sido la petrolera estatal ecuatoriana. Me parecía que una «escena del crimen» que había sido frecuentada por otros actores no podría relacionarse fácilmente con alguien quien ya no estaba en la zona desde hace mucho tiempo.
En 2009, me reuní por separado con representantes de las dos partes: Karen Hinton, portavoz de los demandantes en Washington D.C., y Jim Craig, portavoz de ChevronTexaco. Le dije a Hinton que, en mi opinión, Petroecuador era la principal responsable de cualquier daño al medio ambiente en el área. Me dijo que habían contratado a una empresa técnica muy competente, STRATUS, de Denver, Colorado, que había estado estudiando el caso.
Craig me hizo saber sus dudas sobre la transparencia del juicio. Posteriormente, me envió información sobre un perito nombrado por la corte, Stalin Cabrera, cuya formación y experiencia en materia petrolera dejaba mucho que desear. Este perito había presentado un informe en marzo de 2007 que describía los daños, presuntamente, provocados por Texaco, solicitando costos totales por rehabilitación e indemnización cercanos a $8 mil millones, luego duplicados a $16,3 mil millones por “enriquecimiento indebido” por parte de Texaco. En noviembre de 2008, el experto actualizó su informe aumentando su evaluación de daños a $26 mil millones, con el fin de compensar por una mayor cantidad de muertes relacionadas con la contaminación que las reportadas anteriormente.
En febrero de 2011, una corte de Lago Agrio falló en contra de Chevron, ordenando a la empresa a pagar alrededor de $19 mil millones. El monto exacto fluctuaría después de varias apelaciones de la empresa, y finalmente sería reducido a $9.300 millones.
Las investigaciones de Chevron pusieron en duda el veredicto
Paralelamente al juicio, Chevron había estado investigando las actividades de los principales actores y descubrió, progresivamente, información muy negativa contra los jueces, los peritos judiciales y el equipo legal de los demandantes. Algunos de los hallazgos incluían lo siguiente.
En septiembre de 2009, Chevron encontró información en vídeo sobre un esquema de soborno de $3 millones que involucraba al juez del caso y a funcionarios del gobierno ecuatoriano, incluyendo al asesor legal del presidente ecuatoriano Rafael Correa, una acción diseñada para influir en el resultado del juicio a favor de los demandantes. Los registros de operaciones encontrados en los bancos de Texas documentaron, aún más, el mecanismo de soborno.
También se encontró que el informe de Cabrera no había sido escrito por él sino por la firma de Colorado, STRATUS, y pagado por los demandantes. Un libro sobre este caso, «Law of the Jungle», de Paul M. Barrett, detalla (páginas 151-157) cómo se le pagó a STRATUS $1,7 millones para generar un informe de 3.000 páginas firmado por Cabrera, recomendando que Chevron pagara $16 mil millones por daños y perjuicios. Por sus servicios, informó Barrett, el equipo de Donziger le pagó a Cabrera al menos $392.000.
Una película documental titulada «Crude», producida por Joseph Berlinger, quien apoyaba mucho a los demandantes, generó mucho más material del que se utilizó en el producto final. En su acción en una corte de Nueva York contra el veredicto de Ecuador, Chevron exigió y obtuvo el material de video total, el cual reveló reuniones de los demandantes que planificaron el fraude contra Chevron. Un video publicado en el sitio web The Amazon Post, dirigido por Chevron, contiene abundante material gráfico dejado fuera de la versión final del documental que muestra a Donziger describiendo al sistema judicial ecuatoriano como corrupto y bromeando sobre el asesinato de un juez ecuatoriano, o al menos, haciéndole temer que será asesinado.
En los videos, los demandantes discuten la falta de evidencia de su lado, mientras que Donziger señala que “simplemente pueden crear sus propios hechos”. Durante una reunión a la que asistieron el perito judicial Cabrera, Donziger y los consultores contratados por los demandantes, también discutieron cómo redactarían el informe pericial judicial. En este vídeo, se ve y se escucha a Donziger afirmando que el plan de trabajo implicaría “escribir la opinión del experto”. Los videos de las reuniones se pueden ver en AmazonPost.com.
Un informe de julio de 2013 del New York Times describe cómo uno de los consultores de STRATUS le dice a Donziger que no había evidencia de contaminación en los pozos de petróleo examinados, y cómo Donziger respondió: “Esto es Ecuador, ¿bueno? Al final del día, hay miles de personas alrededor del tribunal y obtendrás lo que quieras”.
Sobre la base de estos hallazgos, la mayoría de los expertos científicos contratados originalmente por Donziger terminaron testificando en su contra en el juicio de Nueva York, según informó The Amazon Post.
En enero de 2013, Chevron presentó evidencia que el juez de Lago Agrio, Nicolás Zambrano, no había sido el autor de la sentencia. Al parecer, el documento había sido escrito por un exjuez, Alberto Guerra, un trabajo por el cual, según Chevron, los demandantes le habían pagado. En su libro (p. 234), Barrett informa que los expertos lingüísticos contratados por Chevron demostraron que alrededor de un tercio de la sentencia se había copiado, literalmente, de los memorandos internos escritos por el equipo demandante.
En 2007, el presidente ecuatoriano Rafael Correa organizó una campaña política diseñada para intimidar al juez a cargo del caso e intimidar a los acusados. Entre otras cosas, declaró: “Aquí están los defensores de Chevron-Texaco, abogados ‘vende patria’ (vendidos a intereses extranjeros) que por un puñado de dólares son capaces de vender sus almas, su patria. También tenemos a gente de Petroecuador quienes en 1998 firmaron un acuerdo declarando que todo estaba arreglado, cuando ni siquiera se habían cubierto muchos de esos pozos. Hago un llamamiento cordial al Fiscal General para que presente un informe a la Contraloría General estableciendo responsabilidades penales contra los responsables de Petroecuador que firmaron este despropósito”.
Sin embargo, el fiscal general nunca encontró una base para redactar tal informe.
Con el fin de presionar a Chevron para que pagara la cantidad que dictaba el veredicto ecuatoriano, Correa montó una campaña denominada “Manos sucias en Ecuador”. Visitó la zona y metió las manos en un charco de petróleo, alegando que era la prueba del crimen de Chevron. Sin embargo, el sitio donde colocó sus manos en septiembre de 2013 no era uno de los viejos pozos de petróleo de Texaco, sino de Petroecuador.
La campaña contrató a actores de Hollywood como Danny Glover, Mia Farrow, Darryl Hannah y otras celebridades algunas de las cuales, según se informó, recibieron pagos sustanciales para apoyar la campaña.
Los tribunales absuelven a Chevron y condenan a Donziger
En febrero de 2011, Chevron presentó una demanda contra Donziger en una corte de Manhattan, presidida por el juez Lewis Kaplan, basándose en la Ley Contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). Pablo Fajardo, Luis Yanza y la consultora STRATUS fueron nombrados co-acusados y organizaciones que habían apoyado a Donziger como Patton Boggs y Kohn Swift, Amazon Watch y Burford Capital fueron nombradas co-conspiradores. Este juicio finalizó en marzo de 2014 con un fallo que exponía: “Donziger y los abogados ecuatorianos fabricaron pruebas... seleccionaron y pagaron al experto judicial... pagaron a una firma consultora de Colorado para que redactara el informe del experto... prometieron al juez 500.000 dólares para fallar a su favor...”
En una sentencia de 500 páginas, el fallo prohibió a Donziger y a sus clientes beneficiarse de alguna manera con su fraude. Esta decisión fue confirmada por unanimidad por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos de Segunda Instancia en 2016, que afirmó: “Donziger y su equipo participaron en un desfile de acciones corruptas… incluyendo coacción, fraude y soborno” A Donziger se le ordenó pagar $32 millones en gastos judiciales y se enfrentó a una posible acción disciplinaria profesional.
En 2018, la Corte Internacional Permanente de Arbitraje de La Haya confirmó la decisión de la Corte de Nueva York, negando el intento del gobierno ecuatoriano de cobrar dinero a Chevron sobre la base de la sentencia ecuatoriana. La corte internacional afirmó que la sentencia ecuatoriana había sido corrupta y fraudulenta y ordenó al gobierno de Ecuador a pagar las costas judiciales incurridas por Chevron.
Un giro ideológico
La historia no ha terminado. Donziger ha sido condenado, pero su causa ha sido retomada por varios grupos ambientalistas que lo ven como un héroe que lucha contra la todopoderosa compañía petrolera. El caso contra Chevron casi se ha convertido en un movimiento religioso, adoptado por algunos grupos que consideran a Chevron culpable. Recientemente, un grupo de 30 premios Nobel publicó un manifiesto, que se puede encontrar en CourtHouseNews.com, titulado “30 premios Nobel exigen que Chevron enfrente la justicia por la contaminación del Amazonas”, en el que alaban a Donziger como un defensor de los pobres y los débiles y, como dice el título, exigen que Chevron pague los daños causados en Ecuador.
Aunque parece tentador ponerse del lado de un grupo tan distinguido, la evidencia contra Donziger y su equipo es abrumadora. Es peligroso politizar la causa ambientalista como estos grupos están tratando de hacerlo. Al llamar a los ambientalistas a defender a Donziger y acusar a Chevron, estos grupos impulsados ideológicamente ejercen una forma sutil de extorsión sobre todos quienes apoyan la causa del medio ambiente. Muchos de nosotros defendemos el medio ambiente y favorecemos el desarrollo de fuentes de energía renovables menos contaminantes pero, conociendo los hechos del caso Chevron-Ecuador, nos resulta imposible ponernos del lado de Donziger y contra Chevron.
La preservación de nuestro medio ambiente es una de las más nobles aspiraciones humanas. Se debe respetar toda forma de vida, la preservación de las especies es más importante que el propio individuo, y el destino del planeta trasciende las fronteras nacionales y las ideologías políticas. El ambientalismo nunca debe llegar a contaminarse con políticas partidistas o el astigmatismo ideológico.
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