La República 07/03/2016
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Catalina Botero fue relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) hasta el 2014. Hoy forma parte de una ONG Dejusticia en Colombia, su país. Esta vez volvió al Perú para presentar el estudio “Los críticos no son delincuentes”, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), sobre las leyes de difamación en América. Y para revisar la coyuntura.
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Con el CPJ, planteas despenalizar la difamación. ¿Por qué?
Las normas de difamación son muy ambiguas: si se ofende el honor de alguien, se puede ir a la cárcel. ¿Qué es ofender el honor? ¿Una crítica? ¿Decir que una autoridad es inepta? La norma puede servir para inhibir críticas en asuntos importantes para el control social. Entre criminalizar a críticos y permitir una ofensa, la democracia privilegia la crítica. No significa impunidad: hay otros mecanismos, como los procedimientos civiles que pueden agilizarse. Puede haber uno especial para daños al honor.
¿Qué países abusan más de esa ambigüedad en nuestra región?
Venezuela y Ecuador. En Ecuador hay condenas contra periodistas y críticos por injuria al presidente Correa. En Venezuela, Teodoro Petkoff y otros periodistas no pueden salir porque Diosdado Cabello se ofendió cuando reprodujeron una nota del diario ABC. Cuando en esos países se restablezca la democracia, serán condenados por violación sistemática de la libertad de expresión. En otros, como Panamá y Honduras, los jueces, por falta de análisis, condenan a periodistas y les prohíben ejercer. Se usan las normas para amedrentar a periodistas y críticos.
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