Abogados rechazan injerencia en justicia

Cuatro puntos resolvió adoptar anoche la Asamblea Provincial de Abogados de Pichincha frente a “la grave crisis que afecta el libre ejercicio profesional”, durante una reunión que se realizó en el antiguo cine Alameda, a pocos metros del Colegio Mejía.

Foto: La Hora

En primera instancia se “rechaza la injerencia de los funcionarios e instituciones gubernamentales en los organismos de la administración pública.

El gremio también “exige a la Consejo de la Judicatura garantice la independencia de los órganos judiciales, y no se transforme en un brazo armado del poder”.

Como tercer acuerdo consta “rechazar la forma impúdica en la que se ha manejado la facultad disciplinaria por parte de los órganos judiciales en contra de los abogados en libre ejercicio”. Así también exige el archivo de los sumarios administrativos en contra de los abogados en libre ejercicio profesional.

Finalmente, se acordó instalarse en asamblea permanente para seguir analizando estos y otros problemas que aquejan a los profesionales del derecho.

‘Nos mantendremos alertas’

Se conformará también una comisión de quejas y veeduría, para que de ser posible se emita una publicación periódica “con las salvajadas judiciales”, manifestó el vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García Falconí.

“Vamos a mantenernos alertas y en una posición firme frente al poder en defensa de los derechos profesionales de los abogados”, dijo José Alomía, presidente del gremio, tras indicar que en los próximos días será enviada una carta pública al Consejo de la Judicatura con las resoluciones adoptadas anoche.

Preocupación

Uno de los aspectos que a los abogados les preocupa son las sanciones que consta en el artículo 100 del Código Orgánico General de Procesos. Hay casos de profesionales que han sido detenidos por esta razón. (SE)

Corte Constitucional no se pronuncia

° La Asamblea Provincial de Abogados de Pichincha destacó anoche que la Corte Nacional no ha dictado sentencia sobre la demanda inconstitucional, formulada por varios colegios de abogados del país hace más de cinco años, en contra de los artículos que sustentan todo el régimen “disciplinario” en contra de los profesionales del derecho.