10 soldados resultaron heridos por evitar toma de estación petrolera Limoncocha

Estos incidentes se suman a los ocho pozos y equipos paralizados en los Bloques 14 y 17, operados en la amazónica provincia de Orellana por la compañía PetrOriental

10 soldados resultaron heridos por evitar toma de estación petrolera Limoncocha / Foto: cortesía Fuerzas Armadas

Diez miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador resultaron heridos de gravedad en un operativo para impedir la toma por la fuerza de instalaciones de la estación petrolera Limoncocha, en la provincia amazónica de Sucumbíos (norte), informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

Estas acciones se dan en la tercera jornada de movilizaciones abiertas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la carestía de la vida y otras medidas exigidas al Gobierno de Guillermo Lasso.

En un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se indica que los hechos se produjeron cerca de la medianoche pasada, cuando los uniformados participaban en operaciones de vigilancia, protección y seguridad de las áreas estratégicas del Estado.

Los militares trataban de impedir que habitantes de la comunidad se hicieran con la instalación petrolera operada por la estatal Petroecuador que, "mediante actos violentos, intentaron tomarse por la fuerza las mismas, utilizando piedras, lanzas, bombas molotov y armas de fuego (escopetas)".

"Producto de este ataque, diez miembros de las FF.AA. resultaron heridos con graves lesiones y fueron evacuados al Hospital Básico de la Brigada de Selva N° 19 Napo", señaló el Comando Conjunto.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas advierten, además, que "este tipo de acciones ilegales que atentan a la seguridad del Estado a las áreas estratégicas serán neutralizados, y sus autores puestos a las órdenes de la autoridad competente".

POZOS TOMADOS EN BLOQUES 15 Y 17

Estos incidentes se suman a los ocho pozos y equipos paralizados en los Bloques 14 y 17, operados en la amazónica provincia de Orellana por la compañía PetrOriental, cuyas instalaciones fueron "ocupadas ilegalmente y mediante el uso de la fuerza por unas pocas personas de la etnia waorani, de la comunidad Yawepare.

"Las actividades en dichas locaciones siguen paralizadas y no ha sido posible retomarlas incluso con el apoyo militar, ya que las vías de acceso han sido obstaculizadas con árboles y zanjas, y los vehículos del Ejército han sido inutilizados por el empleo de lanzas contra los neumáticos", reportó el martes la empresa en un comunicado.

PetroOriental estimó la pérdida de producción de 1.400 barriles de petróleo cada por esta circunstancia, mientras que en el Bloque 16 otro grupo de indígenas tomó una unidad de bombeo de crudo del Bloque 16, operado por la empresa Petrolia.

El Comando Conjunto recordó a la ciudadanía que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 346 sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quienes impidan, entorpezcan o paralicen la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo.

ONU PIDE PROTESTAS EN PAZ

La ONU llamó este miércoles a los actores sociales "a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, en el marco de un estado de derecho y la necesaria convivencia y paz sociales", y al Gobierno a respetar el derecho a la protesta y a garantizar el debido proceso a todos los detenidos.

Este miércoles se mantenían en varias provincias de Ecuador cortes de vías en el marco de estas protestas, en las que, según las autoridades, se ha registrado la quema de varios vehículos de la Policía en distintos puntos del país, así como daños a propiedades públicas y privadas.

Esta movilización fue convocada por el movimiento indígena al transcurrir el primer año de mandato del presidente Lasso y sin que los diferentes intentos de diálogo con el Gobierno hayan dado frutos.

Entre los principales reclamos están el alza de los precios de los combustibles, los bajos precios que reciben los productores por el banano o la leche, así como la exigencia de respetar una veintena de derechos colectivos que amparan a los indígenas, especialmente ante los planes del Ejecutivo de incrementar la actividad petrolera y minera en el país.