Además de los escándalos de corrupción que azotan a la petrolera estatal, Petroecuador y su filial Petroamazonas continúan agregando derrames de crudo a su ya larga lista de desastres ambientales en la Amazonía ecuatoriana. El más reciente ocurrió en junio, afectando a decenas de familias.

En este nuevo aniversario, cabe recordar algunos datos:

• Hace 9 años el Estado dejó de publicar datos oficiales de derrames e impactos ambientales en Ecuador. ¿Por qué será?
• Sin embargo, entre 1995 y 2011, la petrolera estatal registró al menos 1.983 derrames de petróleo – uno cada tres días durante 17 años - representados en más de 125.000 barriles, según cifras oficiales obtenidas por medios locales.
• Este año, la prensa ha informado de al menos 2 derrames - ambos en el cantón Shushufindi - uno a mediados de junio que afectó a más de 170 familias y otro el 30 de marzo.
• El pésimo record ambiental de Petroecuador ha sido opacado por escándalos de corrupción involucrando a sus exgerentes Alex Bravo, Marco Calvopiña, Ramiro Carrillo y Carlos Pareja Yannuzzelli.
• Los desastres ambientales de los últimos 27 años siguen impunes mientras que abogados corruptos y el Gobierno ecuatoriano insisten en culpar a Chevron Corp., empresa que nunca operó en el país. 

Historia

El 30 de junio de 1990, Petroecuador se convirtió en el único operador de la antigua área de concesión en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Previamente, en los años 70 y 80, la empresa estatal había sido el socio mayoritario del Consorcio con Texaco Petroleum Company (Texpet).

A la terminación del Consorcio, Texpet remedió los impactos que le correspondía, y fue liberado por el Gobierno ecuatoriano de toda futura responsabilidad. Por su parte, la estatal quedó responsable de remediar los pasivos ambientales restantes, obligación que no termina de cumplir hasta el día de hoy.  Petroecuador no solo es responsable de la remediación inconclusa, sino de los impactos que vinieron después de 1990. Por ejemplo:

• El enorme derrame en el 1992 en Sacha que llegó hasta Perú.
• El derrame de 2006 en la Reserva Nacional de Cuyabeno.
• La ruptura del oleoducto SOTE en el 2013 que derramó casi 12.000 barriles en esteros y afluentes de los ríos Coca y Napo.

En los últimos 27 años, el Estado ha expandido sus operaciones en la región amazónica en casi 200%, perforando cientos de pozos adicionales, cavando más de mil piscinas para residuos y vertiendo al ambiente más de 16,6 mil millones de galones de agua de formación.

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