En los últimos años, Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, ha salido más en las noticias por sus controversiales declaraciones que por su música. En las últimas semanas fue tendencia en la red social X (Twitter) por pedir a los venezolanos que voten por Nicolás Maduro.

El año pasado, la policía de Alemania abrió una investigación en su contra por incitación al odio. Ocurrió tras un concierto que el cofundador de Pink Floyd dio en Berlín y que fue condenado por el Ministerio de Exteriores de Israel.

Un portavoz de la Policía alemana declaró que “la vestimenta de estilo nazi con la que Waters salió a escena es susceptible de ‘enaltecer’ la violencia nacionalsocialista de una forma hiriente para la dignidad de las víctimas” y, por consiguiente, “alterar el orden público”.

Roger Waters y el caso Chevron

Waters es conocido en Ecuador por apoyar el fraude contra Chevron. En noviembre de 2018, llegó al país junto al principal abogado detrás del fraude, Steven Donziger, quien posteriormente estuvo en la cárcel en EE.UU. Fueron a la Amazonía y brindaron una rueda de prensa en el Swissotel de Quito.

Según la Justicia de EE. UU., una decena de personas que apoyaban el esquema extorsivo de Donziger recibieron pagos en efectivo o participación en la fraudulenta sentencia ecuatoriana contra Chevron.

Roger Waters es uno de ellos. Recibió un 0.076 % de participación en la sentencia ecuatoriana. (Champion Decl., Ex. 49). Otro ejemplo es el de la a activista venezolana-estadounidense, Eva Golinger. Recibió un 0.125 % de participación.

El periódico estadounidense National Review escribió un artículo titulado: Green Floyd: Roger Waters y la gran estafa verde contra Chevron. Detalla la participación de activistas, periodistas y abogados en la fraudulenta sentencia ecuatoriana.

La periodista Maria Fernanda Egas escribió una columna donde aseguró que el acto meramente mediático de Roger Waters, “siguió el mismo patrón de la campaña efectuada por la agencia registrada en los Estados Unidos, MCSquared, cuya directora era amiga de la infancia del entonces presidente en funciones Rafael Correa, y que recibió entre 2013 y 2014 al menos $ 6.4 millones del Estado ecuatoriano”.