Está en marcha una campaña deshonesta para rehabilitar al exabogado Steven Donziger y a su fraude judicial en el Ecuador, esquema del cual ha buscado lucrarse por casi tres décadas.  

Por eso, es necesario una vez más recordar los hechos.

Para empezar, Donziger no es un “abogado de derechos humanos” ni, como viene afirmando últimamente, un “defensor del planeta”. En realidad, es un chantajista juzgado, condenado por desacato penal, que fue inhabilitado en 2020 por su “flagrante mala conducta profesional” en el caso contra Chevron en Ecuador, incluyendo fabricación de pruebas, soborno y coerción. Sus clientes indígenas ecuatorianos, lo despidieron hace años por rehusarse a informarles cómo gastó decenas de millones de dólares recaudados en nombre de ellos. Lejos de defender al medioambiente o a los indígenas, el objetivo de Donziger siempre fue, como el mismo afirma en una toma no usada del documental ‘Crudo’, hacer el “puto dinero”.

Para conocer la verdad sobre su “fraude judicial del siglo”, basta apenas revisar rápidamente algunas decisiones judiciales claves:

1. Un chantajista juzgado. El juez de distrito Lewis Kaplan encontró evidencia abrumadora de que Donziger “obtuvo [la sentencia ecuatoriana contra Chevron] por medios corruptos”, que incluyeron un patrón de extorsión, soborno, fraude electrónico, lavado de dinero, manipulación de testigos, obstrucción de la justicia y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. La Corte sostuvo que la fraudulenta sentencia ecuatoriana fue solo uno de los elementos en la campaña de presión ilícita de Donziger para extorsionar a Chevron por miles de millones de dólares, y que, de haber tenido éxito, se habría beneficiado personalmente con “más de $ 600 millones”.
2. Se confirman las conclusiones sobre la existencia de fraude, extorsión y sobornos. Durante la apelación, de manera unánime, el Segundo Circuito en una opinión de la distinguida jueza Amalya Kearse designada por el expresidente Carter, ratificó en su totalidad la decisión de la Corte de Distrito. La Corte señaló que Donziger no “impugnó la suficiencia de las pruebas para respaldar ninguna de las conclusiones [del juez Kaplan]” y sostuvo que “el expediente... revela un despliegue de acciones corruptas por parte de [Donziger y su] equipo, que incluyen coacción, fraude y soborno, y que culminaron con la promesa a [un juez ecuatoriano] de 500.000 dólares de una sentencia a favor de los demandantes”. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó la revisión, confiriendo a la sentencia RICO un carácter definitivo e inapelable.
3. El Tribunal Arbitral de La Haya ratifica el fraude. En 2018, un Panel de Arbitraje del Tratado Bilateral de Inversiones, que incluyó a un árbitro nombrado por el Ecuador (el “Tribunal Internacional”), por unanimidad llegó a las mismas conclusiones sobre fraude, soborno y corrupción. El Tribunal consideró que “las pruebas circunstanciales y de otro tipo presentadas en este arbitraje son abrumadoras. A falta de confesión firmada por los infractores... las pruebas que demuestran la ‘redacción clandestina’ en este arbitraje ‘constituyen la prueba documental, de video y testimonial más completa de fraude jamás presentada ante un tribunal de arbitraje’”.
4. El Tribunal Internacional rechaza los reclamos medioambientales. El Tribunal encontró que la subsidiaria de Texaco “TexPet gastó aproximadamente 40 millones de dólares en remediación ambiental y desarrollo comunitario”, la remediación fue realizada por “una firma de ingeniería de renombre especializada en remediación ambiental” y que luego de que se completara el proceso de remediación, en 1998 el Ecuador firmó un acta de liberación final que “certificó que TexPet había cumplido con todas sus obligaciones” y liberó a TexPet de toda obligación futura. Luego de una visita personal al área y de haber tomado en cuenta 40 informes preparados por expertos ambientales, los miembros del Tribunal no encontraron “ninguna prueba convincente” que apoyara la afirmación de Ecuador de que Texaco no había cumplido con los términos del plan de remediación aprobado por Ecuador.
5. Texaco cumplió con sus obligaciones, el Ecuador no lo hizo. El laudo del Tribunal Internacional también recoge la declaración jurada de funcionarios ecuatorianos de que la compañía estatal petrolera del Ecuador “durante más de tres décadas, no había hecho absolutamente nada” para hacer frente a sus propias obligaciones de remediar las condiciones ambientales en la zona, a pesar de que Ecuador recibió el 97,3 % ($ 22.670 millones) de los ingresos totales del Consorcio, mientras que TexPet recibió menos del 3 % ($ 480 millones).
6. Varias cortes internacionales confirman la existencia de irregularidades. La sentencia ecuatoriana ha sido rechazada en todos los sitios en los que Donziger ha procurado ejecutarla. Fue rechazada de plano tanto en Brasil como en Argentina y, en Canadá, el equipo de Donziger abandonó el caso, sin posibilidad de presentarlo nuevamente, luego de haber recibido varios dictámenes contrarios.
7. Ecuador admite el fraude. En 2020, la Corte de Distrito en La Haya ratificó el laudo del Tribunal Internacional, y destacó que la República del Ecuador admite que la sentencia es fraudulenta: “El carácter fraudulento de la sentencia y de los procedimientos que la preceden es terreno de común acuerdo entre [Chevron y Ecuador]”. Ecuador también admitió que la sentencia es “fraudulenta” en una carta dirigida al Representante de Comercio de los Estados Unidos.
8. Inhabilitación. En 2020, la División de Apelaciones de Nueva York inhabilitó a Donziger por su “flagrante mala conducta profesional, a saber, la corrupción de un perito judicial y redacción clandestina de su informe, obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y coacción judicial, así como por el soborno que se niega rotundamente a reconocer y no muestra remordimiento alguno por ello”. En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó el intento de apelación de Donziger.
9. Desacato civil y penal. En marzo de 2021, el Segundo Circuito ratificó todas, salvo una, de las numerosas conclusiones del juez Kaplan sobre desacato civil, la mayoría de las cuales se derivaron de los intentos de Donziger por beneficiarse de su fraude y encubrir su mala conducta. El Segundo Circuito encontró “que de múltiples maneras Donziger actuó en desacato a la Orden Judicial derivada de la Sentencia RICO”. La Corte señaló que, en su mayor parte, Donziger “ni siquiera intentó impugnar las conclusiones de la corte de distrito”. Donziger no apeló la orden de la Corte de Distrito en la que se le pedía que entregara sus dispositivos electrónicos y, de hecho, solo apeló el fallo por desacato con relación a cómo podría cobrar. En agosto de 2019, el juez Kaplan imputó a Donziger seis cargos por desacato penal por sus violaciones de las órdenes judiciales y a la sentencia RICO. Luego de un juicio que tomó una semana, el 26 de julio de 2021, en un dictamen de 241 páginas, la jueza Loretta A. Preska condenó a Donziger por los seis cargos. La jueza consideró que Donziger intentó “tomarse la justicia en sus manos” y “repetida y deliberadamente desafió las órdenes del juez Kaplan”. El 1 de octubre de 2021, la jueza Preska condenó a Donziger a seis meses de prisión. Después de cumplir parte de su condena en una prisión federal y como resultado de una política por la epidemia de COVID, Donziger fue posteriormente puesto en libertad para que cumpliera el resto de su condena bajo arresto domiciliario.
10. “Todos podríamos terminar en la cárcel”. En la página 386 de su dictamen relativo a la Ley RICO, el juez Kaplan resaltó: “Uno de los miembros ecuatorianos del equipo legal, en un momento de candoroso pánico, admitió que si los documentos que revelan [los ilegales arreglos a los que llegó Donziger con el perito nombrado por la corte] salieran a la luz, ‘aparte de destruir el juicio, podemos ir todos tus abogados a la cárcel”.
11. Se han recaudado millones de dólares, pero no se han rendido cuentas. En una orden emitida el 17 de mayo de 2018, el juez Kaplan señaló: “[Millones de dólares han pasado por las manos de Donziger a través de estos años; sin embargo, gran parte no ha sido justificada”; además, con anterioridad el Sr. Donziger había “trasladado los activos en los que tiene intereses a otros lugares para evitar lo que pudiera considerar una ‘interferencia’ judicial”. En concreto, Donziger ha recaudado al menos 19 millones de dólares, incluyendo más de 9 millones que fluyeron a través de cuentas bancarias que él controlaba personalmente.
12. Repudiado por sus antiguos clientes y aliados. En 2016, la coalición conocida como UDAPT, antiguo cliente de Donziger, lo declaró persona non grata por haber vendido participaciones en la sentencia ecuatoriana “sin contar con ninguna autorización para hacerlo” de la gente a quien aduce representar, y por haberse rehusado en repetidas ocasiones a rendir cuentas respecto del uso de más de $ 20 millones que recaudó a nombre de sus clientes”.

Esto es apenas un resumen; no obstante, los hechos son claros. Como afirmó el juez Kaplan, las “acciones ilícitas de Donziger y su equipo legal ecuatoriano serían ofensivas para las leyes de cualquier nación que aspire al estado de derecho”.

Para más información sobre el fraude contra Chevron en Ecuador, visite nuestra página web sobre el tema.