El 30 de junio de 1990, la estatal Petroecuador se convirtió en el único operador en la antigua área de concesión en Sucumbíos y Orellana. Previamente, en los años 70 y 80, la empresa estatal (CEPE, en ese entonces) había sido el socio mayoritario del Consorcio con Texaco Petroleum Company (TexPet).

En 1992 expiró el contrato de concesión y Petroecuador, que ya estaba operando exclusivamente desde 1990, se convirtió en el dueño del 100% de las operaciones.

Cuando se terminó el Consorcio, TexPet remedió los impactos que le correspondía y fue liberado por el Gobierno ecuatoriano de toda futura responsabilidad en la zona.

Por su parte, la estatal quedó con la responsabilidad de remediar los pasivos ambientales restantes de las antiguas operaciones del exconsorcio, obligación que no termina de cumplir hasta el día de hoy.

Un ejemplo de su inconclusa labor es la piscina de Aguarico-4, que pese a estar en la lista del programa de remediación del Estado, PEPDA, aún no ha sido remediada. Curiosamente, el Gobierno de Rafael Correa gastó cientos de miles de dólares en llevar a artistas, políticos y activistas a este pozo como parte de su fraudulenta campaña contra Chevron.

Un tribunal arbitral de La Haya emitió un laudo el 30 de agosto 2018 donde confirmó el trabajo de remediación de TexPet. El laudo narra el testimonio jurado de funcionarios del gobierno ecuatoriano que aseveran que “el trabajo técnico y ambiental de Texaco Petroleum se ejecutó correctamente”.

También señaló que petrolera estatal de Ecuador “durante más de tres décadas, no hizo absolutamente nada” para abordar sus propias obligaciones de remediación ambiental en la misma área de operaciones.

Petroecuador, responsable de la remediación inconclusa y de los impactos que vinieron después de 1990, registra un récord ambiental lamentable durante los últimos 31 años.

Solo entre 1995 y 2011, Petroecuador registró al menos 1.983 derrames de petróleo en la región amazónica, o un derrame cada tres días a lo largo de 17 años, según cifras de la estatal. Mientras tanto, entre 2015 y junio de 2021 se registraron 899 derrames a nivel nacional, más de dos por semana, según cifras del Ministerio de Ambiente, que fueron publicadas por el medio online Plan V