En 1992 expiró el contrato de concesión y Petroecuador, que ya estaba operando exclusivamente desde 1990, se convirtió en el dueño del 100% de las operaciones y el Estado ecuatoriano en el único beneficiario de estos prolíficos campos que siguen generando riqueza para el país hasta el día de hoy.

Remediación

Terminado el Consorcio, Texaco Petroleum Company remedió los impactos que le correspondía y fue liberada por el Estado ecuatoriano de toda futura responsabilidad en la zona. La estatal quedó con la responsabilidad de remediar los pasivos ambientales restantes de las antiguas operaciones del exconsorcio, obligación que no termina de cumplir hasta el día de hoy.

Un tribunal arbitral de La Haya emitió un laudo el 30 de agosto 2018 donde confirmó el trabajo de remediación de TexPet. El laudo narra el testimonio jurado de funcionarios del gobierno ecuatoriano que aseveran que “el trabajo técnico y ambiental de TexPet se ejecutó correctamente”, mientras que la petrolera estatal de Ecuador “durante más de tres décadas, no hizo absolutamente nada” para abordar sus propias obligaciones de remediación ambiental en la misma área de operaciones. No obstante, el Ecuador y su compañía petrolera estatal recibieron el 97,3% de los ingresos generados por la producción de petróleo del proyecto.

En mayo de 2006, Manuel Muñoz, Director Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía (DINAPA), dijo ante el Congreso Nacional que TexPet “acometió la remediación de las piscinas que le correspondían a ellos, que era el 33% del total”.

Derrames

Petroecuador no solo es responsable de la remediación inconclusa, sino también de los impactos que vinieron después de 1990. Entre 1995 y 2011, Petroecuador registró al menos 1.983 derrames de petróleo en la región amazónica, lo que equivale a un derrame cada tres días a lo largo de 17 años.  

Entre estos se encuentra un enorme derrame en el 1992 en Sacha que llegó hasta Perú y otro en el 2006 en la Reserva Nacional de Cuyabeno. En el 2013, una ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) provocó el derrame de aproximadamente 12.000 barriles de petróleo en esteros y afluentes de los ríos Coca y Napo.

Los siniestros no han cesado.

El último derrame de grandes proporciones (se habla de 15 mil barriles) ocurrió el 7 de abril pasado cuando las tuberías del SOTE y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron en el sector de San Rafael (límite de Napo y Sucumbíos).

El Universo reportó que más de 150 comunidades indígenas de las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos resultaron afectadas de forma directa por el derrame. La Conaie detalló que cerca de 118.000 personas sufrieron los impactos en 22 parroquias.

El fraude y la falta de evidencia

Mientras tanto, abogados corruptos y sus cómplices utilizaron el tema ambiental para perpetrar el mayor fraude judicial de la historia en un intento para extorsionar miles de millones de dólares a Chevron Corporation, empresa que nunca ha operado en el país.

En cortes internacionales, los mismos técnicos y científicos de los abogados admitieron que no encontraron evidencia para culpar a TexPet o a Chevron, y que los impactos observados eran atribuibles a Petroecuador.

David Russell, exdirector del equipo técnico de Donziger dijo que fue engañado y presionado por Donziger. “Se basó en mi limitada observación de las piscinas abiertas de lo que luego supe eran operaciones petrolíferas de Petroecuador”.

Mientras tanto, los abogados corruptos detrás del llamado “fraude legal del siglo,” liderados por el estadounidense Steven Donziger y su coconspirador, el ecuatoriano Pablo Fajardo, siguen impunes en Ecuador.

Conozca más sobre el lamentable récord ambiental de Petroecuador con este video