El 8 de octubre, un amplio y diverso grupo de organizaciones y expertos legales presentaron escritos “Amicus Curiae” apoyando los argumentos de Chevron en la apelación del juicio Chevron vs. Donziger. Los Amici incluyen a una organización legal líder en la lucha por los derechos de la mujer, un grupo de expertos en derechos humanos, a uno de los autores originales de la Ley RICO, juristas de América Latina, grupos empresariales y la Fundación Legal de Washington.

Los siguientes documentos en inglés fueron presentados ante el Segundo Circuito junto a la solicitud de Amicus.

• Resumen de presentaciones de Amicus Curiae en respaldo de Chevron
• Amicus Curiae de Juristas de Derechos Humanos y Anticorrupción
• Propuesta de Legal Momentum presentada en calidad de Amicus Curiae
• Amicus Curiae del Profesor G. Robert Blakey
• Amicus Curiae de Keith Rosenn, Francisco Reyes y Raúl Ojeda
• Amicus Curiae de la Cámara de los EE.UU.
• Amicus Curiae de Business Roundtable and International Law Scholars
• Amicus Curiae de Washington Legal Foundation

Algunos destacados de los argumentos presentados son:

Juristas de Derechos Humanos y Anticorrupción

Este escrito fue presentado por juristas internacionales que han dedicado gran parte de sus carreras a la protección de los derechos humanos o a iniciativas para combatir la corrupción pública. Los amici comparten la convicción de que la corrupción en los procesos judiciales viola los derechos humanos, tanto directamente —al impedir el debido proceso y un juicio justo— como indirectamente —al socavar el papel de los tribunales como garantes de los reclamos y de las defensas legítimas sobre derechos humanos. Argumentan que Donziger no puede sostener que su defensa de los derechos humanos justifica sus comportamientos corruptos. Si las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Distrito son verdaderas, entonces Donziger le ha hecho un gran daño a la causa de los Derechos Humanos.

“Los defensores de los derechos humanos no promueven los derechos humanos violándolos, y el patrón corrupto del fraude, la extorsión y los sobornos descriptos por el Tribunal de Distrito, de ser precisos, niegan los derechos humanos fundamentales al debido proceso y a un juicio justo”, pp. 5-6.

“En el fondo, la alegación de los Apelantes en cuanto a que el examen judicial de su comportamiento en el litigio ecuatoriano es una distracción respecto de los reclamos por reparación de los demandantes ecuatorianos, implicaría que los medios corruptos se justifican para los fines de obtener una decisión judicial que ostensiblemente proteja los derechos humanos de aquellos en cuya representación estos medios son empleados. Ese concepto es atrasado: corromper a un tribunal para obtener un resultado favorable a los derechos humanos termina socavando dichos derechos.” p. 25.

Legal Momentum

Legal Momentum es una organización de derechos civiles sin fines de lucro líder en el compromiso por defender los derechos de las mujeres a través de procedimientos legales y el litigio. Su escrito sostiene que la medida cautelar permitida bajo la Ley RICO es un recurso fundamental para las organizaciones de derechos civiles que luchan por privar a un delincuente probado de toda posibilidad de continuar ocasionando un daño irreparable e ilegal.

“Hoy en día siguen surgiendo nuevas formas de abuso y de actividades delictivas que amenazan la seguridad económica y física de mujeres y niñas. El tráfico humano es solo un ejemplo actual y horroroso. Eliminar la posibilidad de acceder a medidas cautelares en virtud de la ley RICO afectaría significativamente las iniciativas de víctimas valientes y de organizaciones de derechos civiles en busca de seguridad personal y protección, y la justicia básica, través del sistema judicial de los Estados Unidos”, pp. 4-5.

“En suma, las medidas cautelares de RICO para las partes privadas cumplen un papel en el sistema de remedios de la ley: permiten a los demandantes asegurar una reparación razonablemente obtenible contra recurrencias posteriores de conductas abominables consideradas ilegales por un juez federal. Eliminar esa reparación para los demandantes privados en todos los casos tendría amplias y devastadoras implicancias mucho más allá de esta apelación”, p. 17.

El profesor Robert Blakey

G. Robert Blakey, profesor emérito de derecho William J. & Dorothy K. O’Neill de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Blakey fue también el principal abogado de la Subcomisión de Leyes y Procedimientos Penales de la Comisión del Senado de los Estados Unidos sobre el Poder Judicial cuando la Subcomisión procesó la legislación que luego se transformó en la ley RICO, entre los años 1969 a 1970.

“Como observó el Tribunal, la afirmación de que la ley RICO se limita al ‘crimen organizado’ no tiene sustento en el texto de la ley, y se ‘contrapone al tenor de sus antecedentes legislativos’. La ley RICO es similar a otras legislaciones que ha dictado el Congreso como reformas generales, orientadas a un objetivo específico, pero no limitadas a ese objetivo específico".

Profesores Keith S. Rosenn, Francisco Reyes y Raúl Núñez Ojeda

Rosenn, Reyes y Ojeda son profesores de derecho civil, autores y expertos en el derecho latinoamericano. Su objetivo es garantizar que el Segundo Circuito cuente con una comprensión adecuada de cómo se aplicó el alcance de la revisión de apelación en Ecuador a los hechos de esta causa. Argumentan que en los países de derecho civil, como Ecuador, un panel de apelaciones no necesariamente realiza una revisión de novo del expediente y reemplaza el juicio del tribunal de primera instancia. En este caso, es evidente que el tribunal de apelaciones de Ecuador no llevó a cabo un juicio de novo que sustituyera la sentencia del tribunal de distrito.

Cámara de Comercio de EEUU

La Cámara de Comercio de Estados Unidos argumenta que las empresas se enfrentan a un riesgo cada vez mayor de ser víctimas de fraudes similares. La amenaza de dicho fraude es real e inmediata y tiene probabilidades de crecer. El daño causado por el fraude a los tribunales no se restringe a los daños económicos, y puede ser irreparable para las empresas demandadas y para el estado de derecho.

Business Roundtable and International Law Scholars

El International Law Scholars está integrado por expertos en derecho internacional público, derecho internacional privado y litigios internacionales. Realizan esta presentación porque el presente caso plantea cuestiones importantes acerca de la legalidad de las medidas cautelares de acuerdo con el derecho internacional y pretenden confirmar que los remedios basados en el sistema de equidad, tales como los ordenados por el Tribunal de Distrito, son adecuados y legales. A Business Roundtable le preocupa el intento de Donziger de beneficiarse de una sentencia extranjera que se obtuvo mediante fraude y teme por las repercusiones que pueda haber en el comercio y en las inversiones internacionales si dichas tácticas no son sometidas a una limitación judicial adecuada. Ni la cortesía internacional, ni la decisión previa del Segundo Distrito en el caso Naranjo impiden la medida cautelar concedida por el tribunal de distrito. Por el contrario, el interés público de brindar reparación para prohibir el fraude y las conductas criminales superan a las cuestiones de cortesía.

Washington Legal Foundation (WLF)

La WLF apoya el derecho y el deber de los tribunales estadounidenses de controlar las violaciones que amenazan la integridad del proceso judicial. Argumenta que Chevron ha demostrado que su causa por la ley RICO es convincente, y las conclusiones del Tribunal de Distrito demuestran que Donziger ha llevado adelante los asuntos de su empresa en forma llamativamente similar a la de los miembros del crimen organizado.

Para conocer más acerca de las organizaciones que han presentado estos escritos de Amicus Curiae, puede leer el siguiente documento que resume información sobre las organizaciones, su interés en el caso, los firmantes, el escrito presentado y algunos fragmentos claves. Haga clic aquí para leer el documento.