Muchos de los exaliados de Steven Donziger alrededor del mundo abandonan su juicio fraudulento contra Chevron en Ecuador debido a la abrumadora evidencia de corrupción en el caso. Más de una docena de asociados y aliados, incluyendo su antiguo abogado asociado, consultores ambientales, financistas, inversionistas, empleados y colaboradores ecuatorianos, han abandonado a Donziger y a su confabulación, desde que la magnitud del fraude fue revelada.

Sin embargo, en Ecuador, los participantes en el fraude de Donziger han tomado otro camino. Se han ido a trabajar para el gobierno.

Lejos de investigar, enjuiciar o sancionar a aquellos involucrados en la comprobada conducta judicial anti-ética, el gobierno del Presidente Rafael Correa ha recompensado a muchos del equipo de Donziger con empleos, contratos y nombramientos. Aquí presentamos algunos ejemplos:

Nicolás Zambrano – Donziger y su asociado ecuatoriano, Pablo Fajardo, ofrecieron $500.000 a Zambrano cuando era juez de la Corte Provincial de Sucumbíos para poder redactar a su nombre la sentencia contra Chevron. Posteriormente, Zambrano fue despedido por el Consejo de la Judicatura de Ecuador por sospechas de corrupción en otro caso, donde liberó sin ninguna explicación a un presunto narcotraficante. Sin embargo, poco después de su despido, a Zambrano se le otorgó un puesto como “analista legal” en la estatal Refinería del Pacífico. El plan de sobornos y la redacción clandestina de la sentencia de Lago Agrio fueron detallados en (el fallo) la opinión de una corte federal de EE.UU. en 2014, que determinó que el fallo de Zambrano era ilegítimo e inejecutable en Estados Unidos. La opinión de la corte también vincula el empleo de Zambrano con sus afirmaciones de que él es el verdadero autor de la sentencia, declarando que “Esta secuencia de acontecimientos da lugar a la inferencia de que el empleo de Zambrano estaba —y continúa estando— directamente relacionado con su declaración testimonial. El intento de Zambrano por negar dicha conexión solo hizo que esa conexión fuera más probable por la manera burda en que la ocultó”.

Julio Prieto – Uno de los abogados ecuatorianos de Donziger, Prieto, expresó preocupación de que su fraude fuera descubierto en Estados Unidos. En un correo electrónico de marzo de 2010 a Donziger y sus colegas ecuatorianos, Prieto entró en pánico en relación a la evidencia de fraude que estaba siendo revelada por Chevron, y preocupado escribió: “[E]l problema compañero es que los efectos son potencialmente devastadores en Ecuador (aparte de destruir el juicio, podemos ir todos tus abogados a la carcel)”. En octubre de 2011, Prieto fue contratado por la Corte Constitucional de Ecuador para brindar “consultoría directa” como el autor de un libro acerca de los “derechos de la naturaleza” publicado en 2013. Por su trabajo se le pagó $37.350. En julio de 2015, bajo un claro conflicto de intereses, se presentó ante la Corte Constitucional como abogado de los demandantes contra Chevron.

Juan Pablo Sáenz – El trabajo interno de Sáenz, otro abogado ecuatoriano del equipo de Donziger, aparece textualmente en la fraudulenta sentencia ecuatoriana contra Chevron. Este material nunca se presentó a la corte y no se encuentra en el expediente del caso, lo que proporciona más evidencia de que la sentencia fue redactada por Donziger y su equipo. Durante el fraudulento juicio contra Chevron en Ecuador, Sáenz, quien incluso reemplazó temporalmente a Donziger en el año 2013, fue un intermediario clave entre los abogados de los demandantes y el gobierno de Correa, como se evidencia en los correos electrónicos entre él y Donziger y otros miembros del equipo (aquí y aquí). Sáenz aprovechó sus contactos dentro del gobierno para intentar que éste influya en el caso, incluyendo esfuerzos para impedir que el Estado hiciera trabajos de remediación ambiental en la Amazonía ecuatoriana. Los contactos parecen haber funcionado. Sáenz fue el “coordinador legal” del organismo de censura de medios de comunicación en Ecuador, Cordicom. Hace pocos meses formó una empresa, Farol Consultores, donde ofrece sus servicios a interesados en participar en el concurso de frecuencias que ha sido muy cuestionado. Incluso, sectores de la oposición han pedido que se suspenda este concurso porque no hay garantías de independencia, ni de transparencia.

Richard Cabrera – En el 2007, Cabrera fue nombrado por la corte ecuatoriana para realizar una evaluación global independiente de daños. Años después, se reveló que había sido escogido personalmente por Donziger como “el complemento ideal” contra Chevron, alguien que “podía trabajar en equipo” con los demandantes. En el Informe Pericial Global presentado bajo su nombre, Cabrera dijo que Chevron era responsable por US $27 mil millones en daños. Sin embargo, la evidencia irrefutable ha comprobado, y Donziger y sus consultores técnicos han admitido (aquí, aquí y aquí), que ellos fueron quienes escribieron el informe. Donziger y su equipo pagaron a Cabrera más de $300.000, incluyendo pagos desde una cuenta bancaria secreta. Mientras tanto, en el momento en que él actuaba como “perito” nombrado por la corte, la compañía de Cabrera, Compañía Ambiental Minera-Petrolera S.A. (Campet S.A.), fue registrada como contratista de remediación ambiental ante la compañía petrolera estatal, Petroecuador. Él no dio a conocer este hecho, y la relación permaneció en secreto hasta que fue revelada por Chevron en 2010.

Santiago Escobar – Como director en Canadá del partido gobernante en Ecuador, Alianza País, Escobar organiza eventos anti-Chevron como parte de la campaña internacional de Ecuador contra la compañía. Escobar fue nombrado a este puesto después de haber ayudado al gobierno de Correa en su intento de minimizar el impacto de videos filmados en secreto en 2009, que muestran a funcionarios del partido oficialista y a un juez en conversaciones relacionados con una trama de sobornos a cambio de contratos de remediación.  

Luis Villacreces – Un experito del equipo de Steven Donziger, firmó el informe técnico de los demandantes para la inspección judicial al pozo Sacha-13, aunque posteriormente dijo que nunca había estado allí y que solo usó datos que le proporcionó la organización de apoyo de los demandantes, el Frente de Defensa de la Amazonía. Hoy, Villacreces es jefe del laboratorio de “salud, seguridad y medio ambiente” en Lago Agrio para la compañía petrolera estatal, Petroecuador.

Alberto Wray – El primer abogado de los demandantes en Ecuador, Wray fue uno de los primeros partidarios de la interferencia política en el juicio de Lago Agrio. En 2005, intercambió correos electrónicos con la delegada de la Procuraduría General, Martha Escobar, buscando que el gobierno se involucrara en la campaña de presión contra Chevron. Wray escribió: "si en un punto dado deseamos que el Gobierno y el Procurador General jueguen de nuestro lado, debemos darles alguna capacidad para maniobrar". Escobar respondió: "todos nosotros, los que trabajamos en la Fiscalía del Estado, buscamos una manera de anular o socavar el valor del contrato de remediación y el acta final [i. e., el Acta Final de 1998]...” Hoy, Wray es un abogado representando a la República de Ecuador en Washington D.C. 

Juan Diego Pérez Arias – Un fotógrafo ecuatoriano, Pérez trabajó para el equipo de Donziger durante las inspecciones judiciales. Luego fue el director de fotografía de la película propagandística Crudo, que fue producida y pagada por el amigo y principal financista de Donziger, Russ DeLeon. Desde entonces, Pérez fue contratado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador para producir un libro ilustrado para la campaña anti-Chevron del gobierno. El libro fue recientemente distribuido por la embajada de Ecuador en Washington, acompañado por una carta del embajador Francisco Borja, a los miembros del Congreso de EE.UU. como parte de la campaña global del Gobierno de Correa para apoyar el fraude de Donziger.