En marzo de 2014, la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York emitió una sentencia en contra de Steven Donziger y sus asociados, en la que determinó que la sentencia ecuatoriana en contra de Chevron era el resultado de un “fraude atroz”.

Además de detallar numerosas acciones fraudulentas cometidas por Donziger y su equipo, la corte también ha descrito el debilitado estado del poder judicial ecuatoriano al tiempo que resaltó, “Cuando las cortes ecuatorianas emitieron las sentencias en el caso de Lago Agrio, el sistema judicial no era ni justo, ni imparcial y no se ajustaba a los requerimientos del debido proceso”.

En repetidas ocasiones Steven Donziger comentó sobre el estado de las cortes ecuatorianas y recurrió a la intimidación judicial para ejecutar su fraudulento plan:

• “¡Todos son [los jueces ecuatorianos] corruptos! Es su derecho de nacimiento ser corruptos!” (Fuente: toma no utilizada del documental Crudo)

• “Estos jueces realmente no son muy inteligentes –– es como un trabajo vocacional para ellos, tratan de resolver disputas a un nivel muy básico [;] hay poco o ningún componente intelectual en la ley”. (Fuente: Notas Donziger)

• “Es increíble que un juez pueda… uno puede entrar en su oficina como si nada, con todos los medios de comunicación y es obvio lo que estamos haciendo; sin embargo, no tiene el poder de decir ‘largo de mi oficina’, por lo menos a los periodistas. En serio, nunca he visto semejante debilidad. Es la misma debilidad lo que termina convirtiéndose en corrupción.” (Fuente: toma no utilizada del documental Crudo)

• “¿Saben qué? lo que acaba de pasar con este juez… es medio triste porque confirma que el sistema judicial aquí es tan débil que la única manera en la que uno puede garantizar que tendrá un juicio justo es si tú haces cosas como esas, como entrar y confrontar al juez rodeado de periodistas, y pelear y gritar y hacer toda una escena… eso nunca podría pasar en los Estados Unidos. Esto no debería pasar nunca en ningún sistema judicial que tenga integridad alguna. Y es ese mismo tipo de debilidad lo que permite que la gente haga eso. Eso también – permite que la gente corrompa el proceso.” (Fuente: toma no utilizada del documental Crudo)

• “Es un problema con la debilidad institucional en la judicatura, en general, y de esta corte, en particular. Hemos llegado a la conclusión de que necesitamos hacer más, políticamente, para controlar a la corte, para presionar a la corte. Creemos que toman decisiones basados en a quién temen más, no de acuerdo a lo que establecen las leyes… Es un momento muy importante porque queremos enviarle un mensaje a la corte de que ya no se metan con nosotros – ni ahora, ni – ni después, ni nunca. (Fuente: toma no utilizada del documental Crudo)

• “Tú puedes resolver cualquier cosa con política siempre y cuando los jueces tengan la suficiente inteligencia como para entender la política. No es que tengan que ser lo suficientemente inteligentes como para entender la ley, con tal de que entiendan la política.” (Fuente: toma no utilizada del documental Crudo)

El colapso del poder judicial ecuatoriano ha sido muy bien documentado por una variedad de respetadas organizaciones internacionales independientes.

A continuación se presentan sus conclusiones a lo largo de los últimos diez años:
Las Naciones Unidas, la Comisión sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y la comunidad legal internacional criticaron ampliamente al ex presidente Lucio Gutiérrez luego de que en 2004 purgara la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral.

La Organización de Estados Americanos emitió un informe en 2005 en el que manifestó que el poder judicial ecuatoriano estaba “politizado” y “controlado” por otras ramas del gobierno.

En 2007 Rafael Correa fue elegido presidente. En la toma de posesión afirmó, “El Poder Judicial depende del Poder Ejecutivo. Si yo no le doy dinero, no tendrá medios para actuar…”

La Corporación del Reto del Milenio en 2011 clasificó al Ecuador en el percentil seis para estado de derecho, comparado con el percentil 29 que ocupó en el informe de 2006.

En enero de 2011, Correa llamó a un referendo constitucional para “meter las manos en la justicia”.

En 2012, Freedom House, una organización de vigilancia independiente dedicada a la expansión de la libertad y la democracia alrededor del mundo, emitió un informe afirmando que el presidente Correa, “eliminó las barreras legales para un referendo constitucional, utilizando maniobras cuestionables para remover a los legisladores de oposición y a los miembros de la Corte Constitucional”.

En 2013, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que las cortes ecuatorianas “podrían ceder ante presiones externas y se las percibe como corruptas, poco efectivas y que brindan protección a los que sustentan el poder.”

Human Rights Watch también condenó la restrictiva ley de medios en el Ecuador. La organización manifestó que “el presidente Correa durante mucho tiempo ha dejado muy en claro que está dispuesto a ir tras cualquier persona que lo critique, empezando por los líderes de la sociedad civil e incluyendo a quienes lo critican en los medios… [Pero] su abuso de poder para reprimir a todos quienes considera sus enemigos, ha llegado a nuevos y alarmantes extremos”.

Freedom House en 2014 también informó que el Ecuador estaba “atormentado por la corrupción. El débil poder judicial y la falta de capacidad de investigación de las agencias de control gubernamentales contribuyen a la existencia de una atmósfera de impunidad”.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos también identificó la presencia de “corrupción y negación del debido proceso” en el sistema judicial ecuatoriano. Un Relator Especial de Naciones Unidas afirmó que Ecuador tiene “un sistema judicial que es prácticamente condenado por todos por su ineficiencia y pésima gestión”.

El Informe 2015 sobre el Estado de Derecho del World Justice Project ubicó al Ecuador en el puesto 89 entre 102 países en “justicia civil”, 77 entre 102 países en “justicia penal”, y 88 entre 102 países en limitaciones a los poderes del gobierno. En definitiva, clasificó al Ecuador en puesto 77 de entre 102 países en el respeto por el estado de derecho según lo que diariamente experimentan sus ciudadanos, detrás de Rusia y muchos de sus vecinos sudamericanos.