La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos ha emitido una opinión mayoritaria fuertemente redactada en la feroz lucha legal en la corte civil entre Steven Donziger y la compañía petrolera Chevron, confirmando casi la totalidad de los seis fallos civiles de desacato a la corte de un juez de primera instancia contra Donziger, pero descartando uno de ellos, porque el juez había "introducido una ambigüedad considerable" en una orden judicial.

Los resultados de la decisión mixta incluyen la desestimación de la corte de apelaciones de una sanción civil, basada en desacato, de más de $ 650.000 que se había impuesto contra el abogado en conflicto. Además, la corte federal de primera instancia en su caso, tras la devolución, tendrá que emitir una nueva adjudicación de honorarios de abogados a Chevron. La compañía había recibido $ 3,4 millones en honorarios basados en su exitosa resolución de los seis cargos por desacato civil. Parece que la mayor parte de la adjudicación se mantendrá, pero habrá que restar una cantidad ahora que se ha revertido un cargo por desacato.

Por otra parte, en la decisión, el Segundo Circuito confirmó una adjudicación de costos de 2018 contra Donziger por más de $ 800.000. La adjudicación se había otorgado a Chevron después de que Donziger compareciera ante varios magistrados especiales y desafió, sin éxito, múltiples mandatos judiciales.

Los mandatos judiciales, los fallos de desacato civil y las adjudicaciones surgen de un caso sumamente complejo de la Ley Contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, iniciado por primera vez en una corte federal por Chevron contra Donziger en 2013. Dos años antes, en una corte ecuatoriana, Donziger, un abogado de derechos humanos y medio ambiente ganó una sentencia de $ 8.600 millones contra la empresa multinacional en nombre de los indígenas ecuatorianos, cuya salud y tierras ancestrales se vieron afectadas por los desechos de las perforaciones petroleras. Chevron respondió demandando en la Corte de Distrito Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, alegando que toda la sentencia se basó en un fraude cometido por Donziger que incluyó el soborno de jueces y la redacción clandestina de una sentencia. El juez de distrito Lewis Kaplan estuvo de acuerdo y emitió una decisión de más de 600 páginas a favor de Chevron en 2014. El Segundo Circuito afirmó la opinión en 2015.

Aún así, el litigio posterior al juicio se prolonga.

Mientras tanto, la nueva decisión del Segundo Circuito se produce mientras continúan los cargos por desacato contra Donziger, que se enfrenta a hasta seis meses de prisión,  ante la jueza de distrito Loretta Preska. Hay un juicio programado para el 10 de mayo en la corte de la acusación penal.

En una opinión mayoritaria de 51 páginas, los jueces del Segundo Circuito, Gerald Lynch y Dennis Jacobs, dictaminaron en el caso civil que "no puede mantenerse" un fallo de desacato hecho por Kaplan". El problema específico se centró en que Donziger vendiera algunos de los intereses de sus clientes en la sentencia ecuatoriana de $ 8.600 millones entre 2016 y 2018. En total, según la mayoría, Donziger recaudó más de $ 1.2 millones de parte de inversionistas en el juicio con el propósito, dijo, de financiar los esfuerzos de litigio destinados a cobrar esa enorme cantidad. (Hasta la fecha, no se ha recuperado ninguno de los $ 8.600 millones). Mientras tanto, los abogados de Chevron en Gibson, Dunn y Crutcher han argumentado que Donziger utilizó la mayor parte del dinero para gastos personales en lugar de acciones de litigio.

En una opinión escrita por Lynch y acompañada por Jacobs, quienes formaban parte de un panel de tres jueces, la mayoría dijo que una orden judicial de 2014 emitida por Kaplan, que impidió a Donziger "emprender cualquier acto para monetizar o beneficiarse de la Sentencia (ecuatoriana)" fue "clara y expansiva". Pero el lenguaje posterior utilizado por Kaplan al emitir una orden de suspensión relacionada creó ambigüedad, según la mayoría, sobre exactamente qué actividades cubría la orden judicial.

La orden de suspensión decía en parte que la medida cautelar “no evitaría que se le pagara a Donziger, tal como se le pagó… durante los últimos nueve o diez años”, escribió Lynch, citando la orden. Y "no hay duda de que esos esfuerzos de recaudación de fondos durante los últimos años han incluido la venta de acciones a los inversionistas en cualquier recuperación eventual", dijo.

Luego, Lynch escribió que "por más que el párrafo uno de la orden judicial pudiera haberse interpretado mejor en su cara en el momento de su emisión, la orden de suspensión le inyectó una incertidumbre considerable".

Sin embargo, después de que Lynch y Jacobs dictaminaran que la venta pasada de Donziger de los intereses de los clientes no podía constituir un desprecio civil, se esforzaron en la opinión para señalar que los anteriores esfuerzos de recaudación de fondos de Donziger no serían tolerados en el futuro.

“Tampoco debería haber una conclusión errónea de que esta Opinión autoriza de alguna manera cualquier creencia continua por parte de Donziger de que la orden judicial (de Kaplan) permite, en el futuro, su práctica anterior de continuar recibiendo honorarios legales o beneficiarse de alguna manera de la venta de intereses de cualquier tipo en la sentencia ecuatoriana”, escribió Lynch.

Además, en un extenso párrafo en la página 48 de la decisión, la mayoría detalló algunas de las formas en que su única decisión a favor de Donziger "no tuvo efecto sobre" los juicios y fallos importantes que han ido en contra de Donziger en el largo litigio RICO.

"Para que esta Opinión no se tome como una reivindicación de Donziger, es importante poner nuestra participación en contexto", escribió Lynch.

“Nuestro fallo de hoy no tiene ningún efecto y no pone en duda de ninguna manera”, continuó, “las constataciones y conclusiones legales exhaustivas y totalmente persuasivas de la corte de distrito (en 2014), que ya hemos afirmado en su totalidad (en una opinión de 2015), estableciendo las violaciones de la ley y la ética de Donziger que se sumaron a un patrón de crimen organizado en violación del estatuto RICO ".

Y anteriormente en el dictamen, que se emitió el jueves, Lynch también había escrito, de manera más explícita, que Kaplan había descubierto que Donziger, “entre otras cosas, sobornó al juez que presidía (en Ecuador) para dictar una sentencia a favor de sus clientes a cambio de $ 500.000 del producto de la sentencia ($ 8.600 millones); obligó a la corte a nombrar a un perito elegido a dedo a quien Donziger pagó por un testimonio favorable; y escribió clandestinamente la Sentencia ecuatoriana 'en su totalidad o en gran parte' con solo 'una ligera edición' por parte del juez que la firmó”, mientras citaba la decisión de Kaplan.

Donziger y su equipo legal de abogados, en su mayoría pro bono, han luchado sin éxito en la corte para que Kaplan se retire del asunto RICO, argumentando que el juez tiene conflictos de intereses. Además, han señalado que Donziger no consiguió un juicio con jurado en su caso RICO, solo un juicio sin jurado ante Kaplan. También han señalado que la corte suprema de Ecuador finalmente otorgó la sentencia de $ 8.6 mil millones después de revisar la decisión de una corte de primera instancia. (Los $ 8.6 mil millones fueron una reducción de una cantidad mayor otorgada por la corte inferior). Además, han dicho repetidamente que la corte suprema de Canadá ha afirmado la parte central de la sentencia ecuatoriana.

Los esfuerzos para comunicarse con Kaplan para obtener comentarios sobre historias anteriores del litigio de Donziger no han tenido éxito. Los representantes de la Corte del Distrito Sur han dicho que es una “política de la corte que no se hagan comentarios; el expediente judicial habla por sí solo".

Entre los cargos de desacato civil sostenidos contra Donziger en la decisión de la mayoría de 51 páginas se encuentran los cargos, que se basan en que el abogado en conflicto no entregó a la corte de distrito su computadora, teléfono celular ni otros dispositivos electrónicos para la recopilación de datos. Kaplan había ordenado que se inspeccionaran los dispositivos y que un experto les quitara los datos después de que Chevron alegara que Donziger no estaba cumpliendo con el pago del dinero adeudado después de la sentencia RICO. Donziger apeló la orden de Kaplan y ha sostenido que entregar sus dispositivos electrónicos revelaría una letanía de información privilegiada entre abogado y cliente vinculada a sus clientes ecuatorianos.

En el disenso de la opinión, el juez del Segundo Circuito, Richard Sullivan, estuvo de acuerdo con la mayoría en todos sus fallos, excepto con la decisión que decía que Donziger no podía ser acusado de desacato civil por haber vendido los intereses de juicio de clientes ecuatorianos. Escribió que la orden judicial de Kaplan contra tales actividades era lo suficientemente clara y debería haberse cumplido.

Tanto Donziger como Chevron intentaron proclamar victoria después de que el Segundo Circuito dictó su decisión.

En un comunicado de prensa, Donziger, quien trabajó pro se en la apelación, dijo: “Si bien la decisión de hoy no es todo lo que queríamos, concuerda conmigo en mi afirmación principal: que mi trabajo durante los últimos cinco años recaudando fondos para las comunidades ecuatorianas para procurar la ejecución de su sentencia contra Chevron era apropiado, a pesar de que el juez Kaplan intentó alegar que era ilegal. Este es un gran golpe para la campaña de Chevron para demonizarme como una forma de evadir el pago de la sentencia de Ecuador, que esperamos se aplique plenamente a su debido tiempo".

Sean Comey, un portavoz de Chevron, citó la opinión mayoritaria en un correo electrónico al New York Law Journal que decía en parte: "Chevron se complace de que la Corte de Apelaciones haya confirmado las conclusiones de la Corte de Distrito de que Donziger actuó en desacato a la orden judicial", que resultó de la Sentencia RICO de diversas maneras, "así como de la adjudicación de costas de la Corte de Distrito a favor de Chevron" con base en el litigio de orden judicial.

Comey también dijo que “la Corte de Apelaciones describió correctamente que la adjudicación (de costos) fue en gran parte producto de la 'conducta obstructiva' del propio Sr. Donziger en este caso, en el que 'se lo ha encontrado responsable de participar en un patrón de crimen organizado que involucra la corrupción de un poder judicial extranjero'”.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí.