SAN RAMÓN, California, 18 de octubre de 2017 – Hoy, el juez ponente, Luis Felipe Salomão, del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, por sus siglas en portugués), emitió su voto rechazando el intento de reconocimiento de la sentencia ecuatoriana contra Chevron Corporation por $9.500 millones dólares. El juez Salomão citó la falta de jurisdicción brasileña y la extensa evidencia de fraude y corrupción, que haría del reconocimiento y ejecución de esta sentencia una violación al orden público.

El voto del juez Salomão ante el STJ coincide con las conclusiones de las cortes y autoridades de distintas jurisdicciones, incluyendo la Ministerio Público Federal de Brasil (MPF), que encontró que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable. Los otros miembros de la Sala Especial del Tribunal están estudiando la opinión del juez Salomão antes de emitir una decisión final. En respuesta al voto emitido hoy, Chevron emitió la siguiente declaración:

“La opinión de hoy está sólidamente fundamentada, y es inequívoca y consistente con los hallazgos de otras jurisdicciones alrededor del mundo respecto a la ilegitimidad de la fraudulenta sentencia ecuatoriana contra Chevron Corp. Seguimos creyendo que cualquier corte que respete el estado de derecho encontrará igualmente que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable”.

Antecedentes

El 26 de junio de 2012, los abogados demandantes, liderados por el estadounidense Steven Donziger, presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil buscando el reconocimiento de la fraudulenta sentencia ecuatoriana por $9.500 millones dólares contra Chevron Corporation. Acciones similares de reconocimiento de la sentencia han sido presentadas en Argentina y Canadá.

En 2014, una corte federal de EE.UU. en Nueva York determinó que Donziger y sus asociados ecuatorianos habían violado la ley federal contra la extorsión y las organizaciones corruptas (RICO, Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), habiendo cometido actos de extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), manipulación de testigos y obstrucción de la justicia para obtener la sentencia ecuatoriana, y además, habían tratado de encubrir los crímenes cometidos por él y sus asociados. La corte detalló sus conclusiones en un fallo de casi 500 páginas, concluyendo que la sentencia no podía ser ejecutada en Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones de EE.UU. ratificó por unanimidad la sentencia de la corte de primera instancia en agosto de 2016 y, este año, la Corte Suprema de EE.UU. dejó en firme el fallo sobre el caso RICO. 

Los intentos de los demandantes ecuatorianos de ejecutar la sentencia fraudulenta en otras jurisdicciones, también han encontrado resistencia.

Los procuradores generales de Brasil y Argentina emitieron su opinión en mayo de 2015 y en abril de 2016, respectivamente, recomendando que sus cortes rechacen la sentencia ecuatoriana. En Brasil, el Subprocurador General, Nicolao Dino, expresó que las pruebas demostraban que la sentencia ecuatoriana fue “emitida de forma irregular, especialmente bajo evidentes actos de corrupción, que representaron una ofensa contra el orden público internacional, e incluso, para la moral y las buenas costumbres”.

En enero de 2017, una corte canadiense rechazó el intento de ejecutar la sentencia fraudulenta contra una subsidiaria de Chevron, Chevron Canada Limited. La corte sentenció que Chevron Canada Limited es una entidad separada de Chevron Corporation, que no es parte del juicio ecuatoriano, y no es un deudor de la sentencia judicial.

En diciembre de 2015, la Corte Suprema de Gibraltar emitió una sentencia contra Amazonia Recovery Ltd., compañía con sede en Gibraltar creada por Donziger y sus asociados para recibir y distribuir los fondos resultantes de la fraudulenta sentencia ecuatoriana. La corte ordenó una indemnización para Chevron de $28 millones de dólares en daños y perjuicios, y emitió un mandato permanente contra Amazonia Recovery, impidiendo que la compañía ayude o apoye el caso contra Chevron de cualquier manera.

Chevron nunca ha operado en Ecuador. Texaco Petroleum (TexPet), que se convirtió en una subsidiaria de Chevron en 2001, fue socia minoritaria en un consorcio de producción de petróleo en Ecuador junto con la empresa petrolera estatal, Petroecuador, desde 1964 hasta 1992. Después de que TexPet había cedido lo que quedaba de su participación en las operaciones petroleras a Petroecuador en 1992, y conforme a un acuerdo con Ecuador, TexPet acordó remediar los sitios de producción seleccionados, mientras que Petroecuador siguió siendo responsable de la limpieza restante.

El Gobierno de Ecuador supervisó y certificó la exitosa remediación hecha por TexPet y liberó a TexPet de cualquier otra responsabilidad medioambiental. Sin embargo, Petroecuador no realizó la limpieza que había prometido y ha continuado operando y expandiendo sus operaciones petroleras en la antigua área de concesión durante los últimos 25 años.

Contacto: James Craig, asesor de comunicaciones de Chevron, +1 (925) 842-1319 (oficina) o +1 (832) 794-1630 (teléfono móvil).