Los esfuerzos de los demandantes para ejecutar la sentencia continúan a pesar de un fallo de una Corte Federal de EE.UU., confirmado en apelación, que dictaminó que la sentencia de US$ 9.500 millones es el producto de fraude, corrupción, soborno y extorsión, y de una opinión por parte del Ministerio Público Federal de Brasil, que afirmó que la validación de la sentencia violaría el orden público de Brasil e incluso amenazaría la democracia y el crecimiento económico. Recientemente, los demandantes han solicitado al TSJ que considerase diversos documentos de "soporte", alegando que tales documentos eran nuevos, a pesar de que ya han estado en sus manos desde 2013 y 2015, y de que se tornaron obsoletos en agosto de 2016 tras el dictamen de una Corte de Apelaciones de los EE. UU.

El 21 de febrero de 2017, Chevron Corporation respondió a esos documentos con un recurso de 58 páginas -- apoyado por otras evidencias --demostrando que:
 

Los documentos presentados al  TSJ confirman el fraude de los demandantes: los registros de la acción confirman que la sentencia de Lago Agrio fue obtenida mediante el fraude y la corrupción que cometieron los representantes de los demandantes, en colusión con jueces ecuatorianos y el experto nombrado por la corte, para extorsionar a Chevron Corporation por miles de millones de dólares.

Las computadoras del juez ecuatoriano revelan que alguien más redactó la sentencia ecuatoriana: El examen forense de las computadoras asignadas al juez Nicolás Zambrano, quien presidió el litigio de Lago Agrio, demuestra que los demandantes y sus representantes -no el juez- escribieron la sentencia. 

Los demandantes son incapaces de refutar las pruebas de que ellos escribieron la sentencia: Incapaces de refutar las pruebas ya presentadas, los demandantes han empezado a atacar la credibilidad del exjuez ecuatoriano Alberto Guerra, que hizo parte del esquema fraudulento en contra de Chevron Corporation, pero después reveló la verdad. Los mismos ataques fueron planteados ante la corte de los EE.UU. que examinó el testimonio de Guerra y las pruebas que lo corroboraron. La Corte Federal de los Estados Unidos concluyó que: "Guerra dijo la verdad acerca del soborno y de hechos esenciales acerca de quién escribió la decisión. La corte está convencida de que los demandantes sobornaron a Zambrano y escribieron la sentencia [ecuatoriana] a su favor".

Todas las pruebas medioambientales legítimas eximen a Chevron Corporation: Al no contar con pruebas que sostuvieran sus falsas reclamaciones medioambientales, y porque los análisis ambientales desmentían las alegaciones en contra de Chevron Corporation, los demandantes recurrieron a la falsificación de los informes de su propio perito científico, el Dr. Charles Calmbacher, y los presentaron a la corte ecuatoriana. Bajo juramento, el Dr. Calmbacher dijo que "no vio contaminación sustancial que representara una amenaza inmediata al medioambiente o a los seres humanos o la vida de las plantas y de los animales en su entorno”, y que él nunca afirmó "que ningún de los sitios que inspeccionó necesitara cualquier remediación adicional".

Tribunales de los EE.UU. han confirmado que los demandantes obtuvieron la sentencia ecuatoriana mediante fraude: Fraude, corrupción, soborno judicial y extorsión - que fueron perpetrados por los representantes de los demandantes durante la obtención de la sentencia ecuatoriana - están entre los muchos actos ilícitos que han sido examinados, probados y confirmados por la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de los EE.UU., que confirmó la decisión de la Corte Federal de ese país.

Otras jurisdicciones también han determinado que la sentencia está viciada por fraude: Añadiéndose la creciente lista de tribunales y órganos jurisdiccionales, la Fiscalía Federal de Argentina recientemente concluyó que la sentencia ecuatoriana viola la política pública y no puede ser reconocida en Argentina. Además, el Tribunal Supremo de Gibraltar ha prohibido que los participantes de ese fraude ejecuten la sentencia, afirmando que “las irregularidades detectadas no pueden ser admitidas en nuestro territorio, porque claramente violan el orden público del derecho nacional”.

Muchos de los antiguos partidarios de los demandantes han renunciado a sus derechos relacionados a la sentencia ecuatoriana: Al enterarse de la masiva cantidad de pruebas de fraude y corrupción y de las decisiones de las cortes de los EE.UU., que dictaminaron que la sentencia era inejecutable, varios inversionistas, financistas de litigios y abogados que apoyaron inicialmente a los demandantes, desistieron de la sentencia, renunciando a inversiones millonarias y emitiendo declaraciones públicas lamentando su implicación en el caso (ej., "si hubiera conocido estos hechos, no habría financiado el litigio").

La abrumadora evidencia del fraude de los demandantes no fue refutada: Las pruebas no refutadas - opiniones de expertos, declaraciones juradas, videos, documentos internos y correos electrónicos - confirman que los demandantes y sus abogados, inversionistas y otros representantes crearon un plan fraudulento para extorsionar miles de millones de dólares de Chevron Corporation. Aunque los demandantes han presentado objeciones poco convincentes, impugnando solamente una porción muy pequeña de las pruebas de fraude presentadas por Chevron Corporation, ni siquiera han desmentido ni negado. Los hechos no refutados hasta ahora ante el TSJ son los siguientes:

• El equipo legal de los demandantes corrompió los procedimientos legales ecuatorianos;
• Los demandantes conspiraron junto al gobierno de Ecuador para atacar a Chevron Corporation;
• El equipo de los demandantes falsificó los informes de su propio perito ambiental;
• El equipo de los demandantes chantajeó al juez ecuatoriano que presidia el juicio para que terminara las inspecciones judiciales y nombrara a un experto seleccionado por ellos mismos;
• El equipo de los demandantes sobornó al experto designado por la corte ecuatoriana y escribió su informe en secreto;
• El equipo de los demandantes escribió en secreto la sentencia ecuatoriana; de hecho, la sentencia ecuatoriana es una copia del trabajo interno de los demandantes que nunca fue presentado a la corte ecuatoriana;
• El juez Zambrano, quien firmó la sentencia ecuatoriana, no la escribió;
• El exjuez ecuatoriano Alberto Guerra escribió ilegalmente decisiones judiciales que posteriormente eran firmadas por el juez Zambrano, el responsable por el caso, y negoció un soborno;
• Las cortes ecuatorianas se negaron a abordar o considerar las abrumadoras evidencias de fraude;
• Una Corte Federal de los EE.UU. dictaminó que la sentencia ecuatoriana fue producto de fraude;
• Una Corte de Apelaciones de los EE.UU. ratificó el fallo de la Corte Federal en su totalidad;
• Un Tribunal Internacional ordenó a Ecuador que suspendiera la ejecución de la sentencia ecuatoriana;
• Un miembro del equipo jurídico ecuatoriano, ante un orden judicial que pedía al equipo que entregara pruebas del fraude, escribió a otro miembro del equipo que, si los documentos que exponen solo parte de lo que habían hecho, salieran a la luz, "aparte de destruir el juicio, podemos ir todos, sus abogados a la cárcel".