Quito, Ecuador (mayo 22, 2018) - Chevron Corporation (“Chevron”) denunció hoy que los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador que conocen de su acción extraordinaria de protección en contra de la fraudulenta sentencia de $9.5 mil millones se encuentran en una situación de conflicto de interés porque sus puestos estarían en riesgo si no deniegan el pedido de la compañía. En un escrito presentado hoy a la Corte, Chevron mostró evidencias que la decisión de si los magistrados conservarán sus cargos está en manos de un consejo con miembros que son activistas en contra de la compañía en la causa.

Los jueces, cuyos trabajos están siendo evaluados por el Consejo de Participación Social y Control Social transitorio (el “Consejo”), violarían el derecho de Chevron bajo la Constitución ecuatoriana al debido proceso y a una justicia imparcial si analizan y deciden el caso, manifestó la compañía hoy en una audiencia de la Corte en Quito. Los jueces no pueden ser imparciales mientras sus puestos están siendo evaluados por un consejo, cuyos miembros son abiertamente hostiles hacia Chevron en este caso, afirmó.

El presidente del Consejo, Julio César Trujillo, exigió hace unos meses atrás que la Corte Constitucional niegue “inmediatamente” la petición de Chevron ante la Corte, según el escrito presentado por la empresa. Refiere el escrito que en noviembre, el Dr. Trujillo firmó un Amicus Curiae presentado ante la Corte Constitucional atacando a la compañía y exigiendo que su pedido sea denegado. Agrega que en el pasado, el Dr. Trujillo presidió un “tribunal” popular para enjuiciar a Chevron y asistió a la presentación de un libro atacando a la compañía junto a otro miembro del consejo, Luis Macas. Por su parte, según el escrito, Macas sirvió como representante y portavoz de los demandantes en el juicio en contra de Chevron que llevó a la sentencia que dio lugar a la petición de la empresa. El escrito afirma que Macas también pidió que se inicien investigaciones penales en contra de los abogados a cargo de la defensa de Chevron e incluso se reunió personalmente con el entonces juez del caso como parte del plan de los demandantes de conseguir la designación de un supuesto experto independiente que cortes federales de los EE.UU. luego determinaron fue sobornado y corrompido por el equipo de los demandantes.

Los jueces la semana pasada se apresuraron a programar una audiencia para considerar la petición de Chevron con solo tres días de aviso previo después de que la petición languideciera en la corte por más de cuatro años. Su decisión de finalmente fijar una audiencia se produjo pocos días después de que se vieron sometidos a la evaluación por el Consejo.

Los miembros de la Corte Constitucional, cuyo trabajo e ingresos dependen de la evaluación que haga el Consejo, están en una situación que objetivamente afecta su independencia e imparcialidad. Los jueces, por lo tanto, deben abstenerse de tomar cualquier acción sobre la petición de Chevron mientras la evaluación esté en curso o excusarse para evitar violar el derecho de Chevron, bajo la Constitución ecuatoriana, al debido proceso y la justicia imparcial.

Consistente con la experiencia pasada de Chevron en las cortes de Ecuador, la Corte Constitucional del país nuevamente se ha reusado a actuar de forma justa e independientemente y ha violado sus obligaciones bajo la ley ecuatoriana y el derecho internacional al rechazar la petición de Chevron de que la audiencia programada de forma apresurada y abrupta para hoy fuera suspendida mientras la evaluación de los jueces de la Corte Constitucional está en proceso por parte del Consejo.

Ante la decisión de la Corte de negar el pedido de suspender la audiencia, Chevron participó bajo protesta en la audiencia de hoy, instando a los jueces a cumplir con su deber de salvaguardar los derechos de la compañía y de mitigar las injusticias que ha sufrido a manos del sistema judicial ecuatoriano. Citando graves violaciones a sus derechos, Chevron en el 2013 pidió a la Corte que declarase nulo el litigio ecuatoriano y que dejase sin efecto la ilegítima sentencia en su contra en su totalidad.

Antecedentes

En marzo de 2014, la Corte de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que la sentencia ecuatoriana contra Chevron Corporation fue producto de fraude y actividad de crimen organizado, encontrándola inejecutable en los Estados Unidos. La sentencia de la corte federal de los EE. UU. ahora es definitiva después de haber sido confirmada unánimemente por la corte de apelaciones y de que la Corte Suprema rechazó su revisión. Las decisiones de las cortes de Brasil y Argentina también confirman que la fraudulenta sentencia ecuatoriana debe ser inejecutable en cualquier corte que respete el estado de derecho.

En enero de 2017, una corte canadiense rechazó el intento de ejecutar la sentencia ecuatoriana contra Chevron Canada Limited (CCL). La corte dictaminó que CCL es una persona jurídica distinta de ChevronCorporation , no fue parte del juicio ecuatoriano, y no es parte deudora bajo la sentencia. Los procedimientos legales en Canadá están en curso.

Tras la decisión de la Corte Nacional de Justicia del 12 de noviembre de 2013, Chevron Corporation presentó una Acción Extraordinaria de Protección ("APE") ante la Corte Constitucional el 23 de diciembre de 2013, solicitando a la más alta corte de ese país hacer lo que la Corte Nacional de Justicia no hizo: remediar las múltiples violaciones a los derechos constitucionales de Chevron Corporation , incluyendo graves violaciones del debido proceso, y anular la corrupta y fraudulenta sentencia de Lago Agrio y los procedimientos derivados de ella. El 20 de marzo de 2014, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional emitió una orden admitiendo el examen sobre los méritos del caso de la APE de Chevron Corporation. El 16 de julio de 2015, la jueza ponente, Wendy Molina, celebró una audiencia en relación con la APE de Chevron, pero no emitió ninguna decisión. El viernes 17 de mayo de 2018, la Corte Constitucional emitió una orden en la que fijó la audiencia ante el Pleno de la Corte a los tres días hábiles, el martes 22 de mayo de 2018 a las 9:30 a.m.

Antecedentes sobre el proceso APE

La APE es un tipo de acción en Ecuador que tiene por objeto la revisión de sentencias definitivas de cortes nacionales por violaciones constitucionales. El propósito de la APE es determinar si existió en algún procedimiento judicial previo una violación de derechos constitucionales, tal como el derecho al debido proceso, y proporcionar un medio para remediar esas violaciones. Solo la Corte Constitucional de Ecuador tiene competencia para conocer una APE, y se supone que debe promover dos objetivos fundamentales: proteger y defender el principio de la supremacía constitucional y proteger los derechos y libertades garantizados en la Constitución. 

Contacto: James Craig, asesor de comunicaciones de Chevron, +1 (925) 842-1319 (oficina) o +1 (832) 794-1630 (teléfono móvil).