A principios de este año, documentamos cómo el gobierno ecuatoriano recurría a campañas patrocinadas por el Estado, así como a intimidación judicial tanto en contra de Chevron como del Tribunal de Arbitraje Internacional que estaba analizando los reclamos por denegación de justicia entablados por la empresa en contra de la República del Ecuador. La campaña, financiada y organizada por el Gobierno del Ecuador, incluyó el transporte de cientos de manifestantes hacia Washington DC en abril, para protestar en las afueras del Banco Mundial en donde el Tribunal mantenía una audiencia bajo los auspicios del Tratado Bilateral de Inversiones (BIT, por sus siglas en inglés) entre los Estados Unidos y Ecuador.

Hace poco, el Washington Free Beacon reveló las medidas extraordinarias que el Gobierno del Ecuador había tomado para orquestar y planificar protestas en los Estados Unidos. Un informe oficial del gobierno confirma que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador trabajó con cónsules, migrantes, líderes políticos, personal de embajadas y del mismo ministerio para diseñar “una estrategia de acción, diseminación y denuncia, que se basan en las reuniones mantenidas en relación a Chevron…”, así como planes para lograr que “migrantes se sumen y reactiven la campaña en contra de Chevron”. El Free Beacon además informó que materiales promocionales criticando a Chevron, distribuidos durante las protestas, llevaban el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.

Cabe hacer notar que el partido político del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, Alianza PAIS, también jugó un papel principal en la organización de las protestas. De manera agresiva, Alianza PAIS promovió las protestas en Washington a través de sus redes sociales (ver aquí, aquí y aquí), y María Luisa Jácome García, la directora de Alianza PAIS USA, fue una de las oradoras principales durante las manifestaciones (ver aquí y aquí).

Otros medios, inclusive Hot Air, hicieron seguimiento a la historia y cuestionaron si el Gobierno del Ecuador también había pagado a los manifestantes, tanto de manera directa o a través del financiamiento de sus gastos de viaje y hospedaje. Aunque el informe del gobierno ecuatoriano no suministra detalles al respecto, existe abundante evidencia de que a los manifestantes en nueve ciudades principales en los Estados Unidos se les prometió transporte gratis hasta Washington (ver aquí, aquí y aquí).

Este es solo el más reciente ejemplo de cómo el Gobierno del Ecuador ha organizado y financiado una campaña internacional de desprestigio en contra de Chevron. El año pasado se supo que el Ecuador había firmado un contrato por $6.4 millones con una firma de relaciones públicas en los Estados Unidos para coordinar una campaña en contra de Chevron. A través de dicho contrato, el Ecuador y su firma de relaciones públicas utilizaron a una agencia de casting de Nueva York para reclutar y pagar a actores para que asistan a una manifestación en contra de Chevron en Nueva York, así como para que paguen a gente para participar en otra protesta en las afueras del sitio donde se realizó la Reunión Anual de Accionistas de la compañía. Ecuador además pagó más de $500.000 a agencias de talentos para lograr que celebridades como Sharon Stone, Mia Farrow, Danny Glover y Alexandra Cousteau viajaran al Ecuador para sumarse a su campaña anti Chevron, luego de haberse comprometido a alojarlos en hoteles de lujo durante su permanencia.

En marzo de 2014, el juez Lewis Kaplan de la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la sentencia por $9.500 millones emitida en contra de Chevron en el Ecuador era el resultado de actividades fraudulentas y de conspiración, determinando, por lo tanto, que era inejecutable en los Estados Unidos. Además, determinó que Steven Donziger, el abogado principal detrás de la demanda, era culpable de violaciones a la ley RICO. Durante el juicio, más de una decena de antiguos socios y aliados, incluyendo a su excodefensor, consultores ambientales, financistas, empleados y colaboradores ecuatorianos testificaron en contra de Donziger. A partir de este juicio, otros exaliados - financistas, inversores, y asesores jurídicos - también han abandonado este ilícito esquema.

Políticos ecuatorianos están orquestando eventos en contra de Chevron alrededor del mundo, pues esto les resulta más fácil y más barato que hacer frente a las condiciones ambientales y sociales por las que son responsables en la región amazónica. Ya es tiempo de que el Ecuador abandone estos trucos publicitarios patrocinados por el Estado y enfrente las condiciones ambientales provocadas por la compañía estatal petrolera, Petroecuador.