El 14 de febrero de 2011, el juez Nicolás Zambrano, de la Corte Provincial de Sucumbíos, emitió la fraudulenta sentencia contra Chevron. La algarabía de los abogados demandantes duró poco.

La justicia estadounidense rápidamente descubrió la corrupción monumental detrás de la sentencia, confirmada luego por un tribunal de La Haya. Y como era de esperarse, los demandantes fracasaron en sus intentos de ejecutar la sentencia en Brasil, Canadá y Argentina.

Finalmente, en julio de 2020, Ecuador admitió que la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos fue fraudulenta. Lo hizo en una petición ante el Gobierno de Estados Unidos sobre sus preferencias arancelarias.

Ecuador señaló explícitamente que los demandantes habían intentado ejecutar la “fraudulenta Sentencia de Lago Agrio” en numerosos países sin éxito. (Ver Escrito de la Embajada de Ecuador en los Estados Unidos, USTR-2020-0019, julio de 2020, en la p. 3).

Una corte federal en Nueva York (2014) y un tribunal arbitral de La Haya (2018), con base en miles de pruebas (correos electrónicos, videos, documentos…) ya habían calificado a la sentencia ecuatoriana como fraudulenta.

Actualmente, el tribunal de La Haya está analizando la cuantía de los daños por los cuales Ecuador debe indemnizar a Chevron en la siguiente y última fase del arbitraje.

El 29 de noviembre del 2021, el procurador general, Íñigo Salvador, fue entrevistado en radio Sucesos, en donde enfatizó que la sentencia dictada contra Chevron en 2011 por la Corte Provincial de Sucumbíos fue “un acto abiertamente de corrupción”.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado está investigando el denominado ‘fraude legal del siglo’. En septiembre 2021, agentes de la Fiscalía se trasladaron a Sucumbíos y Orellana para indagar el soborno de $ 500.000 a Zambrano ofrecido por los abogados demandantes para emitir una sentencia redactada por ellos contra Chevron.

Hace 11 años, pocos imaginaban el giro extraordinario que daría el caso, pero aún falta conocer cuándo serán sancionados los autores de este fraude.