Financial Post 10/09/2015
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La decisión tomada el pasado viernes por la Corte Suprema para permitir a los “aldeanos ecuatorianos” proseguir con una demanda por $9.500 millones en contra del gigante petrolero Chevron en Ontario, pone en evidencia que los méritos, o deméritos, del caso nunca estuvieron sobre la mesa. La decisión se refirió exclusivamente al tema de jurisdicción, más no al tema de justicia. Sin embargo, puesto que el caso ha sido calificado como “el fraude legal del siglo”, alguien muy cínico podría interpretar que tal decisión podría compararse con la preocupación que la Corte Suprema pudiese tener respecto a si un individuo que perpetró un asalto tenía o no una licencia para portar armas.
En su decisión unánime, los nueve jueces hacen referencia a un devastador veredicto de un juez de distrito en los Estados Unidos, quien determinó que la demanda ecuatoriana estaba basada en un fraude masivo perpetrado por Steve Donziger, el abogado estadounidense que conduce el caso. Sin embargo, escribe el juez Clement Gascon, “Tal decisión y las acusaciones subyacentes de fraude no han sido presentadas ante esta corte”. Sin duda, tales acusaciones, así como el veredicto estadounidense, serán una parte muy importante del proceso cuando el caso regrese a Ontario.
Ciertamente, tanto el comercio mundial como las inversiones dependen del estado de derecho y, según el juez Gascon, “las cortes canadienses, como muchas otras, han adoptado un enfoque generoso y liberal para el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras”. Pero ¿qué tan generosas y liberales deberían ser las cortes canadienses con las sentencias que huelen muy mal? Mientras tanto, el caso no solo tiene que ver con el supuesto fraude de Donziger en el sistema legal ecuatoriano, sino con el tema de fraude en el que ha incurrido el mismo sistema. No solo que Donziger sobornó y amenazó a los jueces, sino que todo el sistema legal está bajo sospecha por estar sujeto a los caprichos del presidente de Ecuador Rafael Correa, un líder de izquierda cada vez menos popular que gobierna el país por medio de la intimidación y que efectivamente ha logrado callar a la prensa libre.
El método favorito de la redistribución socialista utilizado por Correa es la extorsión, en el que el caso Chevron, con el que se ha visto vinculado muy estrechamente, es de hecho el segundo ejemplo más indignante. El primero fue la “Iniciativa Yasuní”, que buscó chantajear a la “comunidad internacional” para que invirtiera $3.600 millones a cambio de que Ecuador no extrajera petróleo en una reserva natural en la Amazonía. La comunidad internacional rechazó la propuesta.
De hecho, el caso Chevron precede al presidente Correa, pero refleja su orientación y sus métodos. Esta demanda se refiere a supuestos daños ambientales causados por Texaco más de diez años antes de ser adquirida por Chevron en 2001. Texaco, de hecho, pagó por la remediación y fue liberada de toda obligación futura. Pero en febrero de 2011, una corte ecuatoriana declaró que Chevron debía pagar $18.000 millones (que luego se redujeron a $9.500 millones). Donziger pensó que se había sacado la lotería, pero no se dio cuenta de que entre otros deslices derivados de su enorme ego, permitió que para la realización de un documental llamado “Crudo” se le filmara y que las tomas no utilizadas de dicho documental expusieran su burda manipulación, tanto de los nativos ecuatorianos, como de su sistema judicial.
En 2013, la Corte estadounidense del Distrito Sur de Nueva York determinó que la sentencia era inejecutable puesto que Donziger la había obtenido a través de extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, violaciones a la Ley Anti Corrupción, manipulación de testigos y obstrucción de justicia. El juez Lewis Kaplan en su sentencia escribió, "Las acciones indebidas llevadas a cabo por Donziger y su equipo legal ecuatoriano resultarían ofensivas para las leyes de cualquier país que aspire al Estado de Derecho, incluso para Ecuador –y ellos lo sabían.”
Sin embargo, como se ha mencionado, la Corte Suprema ha decidido que tales acciones son irrelevantes desde el punto de vista jurisdiccional. Por lo tanto, el prominente abogado litigante de Toronto, Alan Lenczner, luego de haber derrotado a Chevron en la apelación, puede ahora ir tras el tesoro, aún cuando su colega Donziger, cuyo propio caso ha sido apelado, enfrenta la posibilidad de ser inhabilitado e incluso apresado.
El caso Chevron no se trata de Chevron. Se trata de acusaciones de un fraude masivo perpetrado a través del sistema legal ecuatoriano.
Lenczner, de manera inevitable, ha estado jugando a favor de los pobres aldeanos (con quienes de hecho uno puede condolerse, aún cuando su difícil situación nada tenga que ver con Chevron). En conversaciones con Drew Hasselback de Post, me dijo que durante un viaje que hiciera a Ecuador “pude ver los efectos [de la contaminación de Texaco] en la población indígena. Varios de ellos habían muerto y había muchos que sufrían de lesiones, problemas estomacales y oculares. Realmente sentí que quienes habían causado tal contaminación debían pagar por ella. Sentí lastima por esta gente. Sentí que necesitaban ayuda”.
La cuestión es que Texaco salió del país hace más de 25 años y mucha gente ha muerto en este período. También es necesario anotar que Petroecuador, el socio original de Texaco y una compañía estatal típicamente corrupta e incompetente, ha venido operando en el área desde entonces; por lo tanto, la asociación que hace Lenczner de Texaco/Chevron como “el contaminador” es bastante exagerada. Lenczner también hizo referencias tendenciosas sobre “los miles de millones de dólares que Chevron paga cada año en dividendos y aún más en la recompra de acciones”, como si el obtener dividendos y recomprar acciones fuese negativo.
Inicialmente, cuando trajo el caso a Canadá, Lenczner sostuvo, con cara larga, que en vista de que los activos de Chevron en el mundo equivalían a cientos de miles de millones de dólares, el pagar $18.000 millones “no iba a incapacitar a la compañía”. Sin embargo, Chevron no muestra señales de querer pagar para que el caso termine, y ha sostenido que peleará hasta que el infierno se congele y aún después para continuar luego peleando sobre el hielo.
Mientras tanto, el nivel de preocupación de Donziger por los indígenas podría evaluarse por el hecho de que intentó evitar que el gobierno realizara la limpieza de un área contaminada porque costaría muy poco y por lo tanto podría hacer que sus reclamos luzcan ridículos.
Según el juez Gascon, “las decisiones judiciales legítimamente legales deben ser respetadas y ejecutadas, no entorpecidas ni ignoradas”. Cierto, pero el tema es saber si la sentencia ecuatoriana fue una “acción judicial legítima” o no. En esencia, lo que la Corte Suprema ha hecho es enviar de regreso el tema a la corte en Ontario.
Una interrogante es si el caso Chevron atraerá nuevas arremetidas caóticas en contra de las filiales de grandes empresas en disputas que involucran varias jurisdicciones. Esto solo socavaría el estado de derecho, el comercio internacional y las inversiones, sin mencionar el congestionamiento del sistema legal Canadiense.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original puede ser visto aquí.
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