Financial Post 13/09/2016
Las corporaciones se han vuelto cada vez más vulnerables a los daños de reputación infligidos por poderosas organizaciones medioambientales que tergiversan las actividades de negocios e intimidan a los clientes. Las compañías también se encuentran sujetas a chantajes por presuntos daños ambientales. Es muy raro que los negocios se defiendan, pero dos de los ejemplos más significativos están marcando presencia en el sistema judicial canadiense.
El primero es el juicio interpuesto por Resolute Forest Products, de Montreal, contra Greenpeace, alegando "difamación, falsedad maliciosa e interferencia intencional de relaciones económicas". El segundo implica la férrea oposición de Chevron Corp. al abogado estadounidense Steve Donziger y a su intento de traer una sentencia ecuatoriana corrupta a Canadá.
Los dos casos fueron vinculados esta semana cuando Greenpeace se unió al ataque contra Chevron.
La semana pasada, Resolute sufrió un aparente revés cuando su intento de poner en evidencia el persistente patrón de ilegalidad de Greenpeace en todo el mundo, fue rechazado por una corte superior de Ontario. A veces parece como si Justice D.L. Corbett, quien redactó la decisión, estuviera intentando rescatar a Greenpeace de su propia defensa. Él afirmó que el caso no era por que Greenpeace es una organización global activista, aunque Greenpeace alegó que sí lo era. Él sugirió que investigar el alcance global de Greenpeace sería como arrastrar en su totalidad a la industria forestal. Pero las empresas forestales son organizaciones totalmente diferentes y separadas, Greenpeace no lo es. Él desestimó las alegaciones de Resolute sobre las tácticas de intimidación de Greenpeace, aunque Greenpeace nunca las refutó. Él negó a Resolute el derecho de enmendar su respuesta a la defensa de Greenpeace. También otorgó a Greenpeace los costos.
Todo esto pareció sospechosamente activismo judicial izquierdista.
Existe abundante evidencia de que las diversas filiales nacionales de Greenpeace han sido parte de la intimidación a clientes de Resolute en el extranjero. Además, la temible reputación de Greenpeace definitivamente influye en la respuesta de las compañías a sus planteamientos, de modo que la fuente de esa reputación parecería ser muy pertinente. Greenpeace definitivamente ha intimidado a compañías, incluyendo a Best Buy, para que paren sus negocios con Resolute, y ha alardeado acerca de cuántos negocios le ha costado al gigante forestal.
Mientras tanto, el perro de ataque ambiental ha aparecido, de repente, en el caso Chevron, uniéndose a un grupo de sospechosas organizaciones no gubernamentales ambientalistas, junto con Unifor y United Steelworkers, en una "Carta Abierta al Pueblo de Canadá". La carta exhorta a "las autoridades" a impedir que la subsidiaria canadiense de Chevron venda sus activos, como si la corporación pudiera repentinamente abandonar Canadá al amparo de la noche, dejando sus obligaciones pendientes de pago.
Como se ha observado recientemente en este espacio, Canadá representa la última esperanza para la rancia demanda de US$ 9 mil 500 millones interpuesta por Donziger, supuestamente a nombre de los pobres y enfermos colonos ecuatorianos (cuya condición tiene mucho más que ver con su pésimo gobierno), contra el gigante petrolero con sede en California. El mes pasado, una corte de apelaciones de los EE. UU. ratificó unánimemente el fallo de un tribunal inferior que concluyó que la demanda era el producto de fraude, extorsión y soborno judicial. Donziger también ha sufrido reveses legales en Brasil y Gibraltar.
Como parte de un último y desesperado esfuerzo en Canadá, se han reclutado organizaciones ambientalistas no gubernamentales para promover otra mescolanza de falsedades, empezando con la afirmación de que la Corte Suprema de Canadá ha expresado su simpatía con el caso ecuatoriano. De hecho, simplemente decidió que el caso podría ser juzgado aquí (a pesar de que fue una decisión controversial). Una segunda y desgastada falsa afirmación, se refiere al supuesto soborno de un juez ecuatoriano por parte de Chevron.
La carta y el comunicado de prensa adjunto, están llenos de comentarios pretenciosos de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales. Un comentario de Melina Laboucan-Massimo de Greenpeace Canadá es particularmente interesante: "La comunidad medioambiental y de derechos humanos de Canadá ha unido fuerzas con las comunidades afectadas en Ecuador, porque reconocemos que se trata de uno de los casos de responsabilidad corporativa más importantes en la historia… A Chevron no se le debe permitir eludir sus responsabilidades legales y morales simplemente porque tiene el poder para luchar indefinidamente en las cortes".
Esta declaración es intrigante porque el caso de Resolute contra Greenpeace es uno de los casos más importantes que involucran responsabilidad de una organización ambientalista no gubernamental en la historia, uno que los considerables recursos de Greenpeace han permitido prolongar (junto con un letargo judicial canadiense) en lugar de afrontarlo en la corte.
Beatrice Olivastri, directora ejecutiva de Friends of the Earth Canada, alardeo que "los canadienses están trabajando para hacer de nuestro país un lugar donde las víctimas de las corporaciones transnacionales puedan encontrar justicia".
Pero la noción de que todos los chantajes a las corporaciones en el planeta tierra podrían lavarse en Canadá, inspirados por el éxito de Donziger y sus compinches ecuatorianos (incluido el presidente del país, Rafael Correa) en conseguir que su caso sea oído, podría provocar que el sistema legal canadiense se detenga, sin mencionar su descrédito.
Parece que los casos fraudulentos en el exterior pueden presentarse en Canadá, pero los casos canadienses legítimos no pueden tomar en consideración las actividades ilegales de los perseguidores en el extranjero. Greenpeace Canadá puede fanfarronear acerca de Chevron en Ecuador, pero Resolute no puede ni siquiera mencionar el modus operandi ilegal de Greenpeace en otros países. Mientras tanto, Greenpeace continúa afirmando que Resolute es un "Destructor de Bosques".
Greenpeace EE. UU. y sus afiliados pueden no tenerlo tan fácil con la demanda RICO de Resolute en los EE. UU. Mientras tanto, si la demanda de Chevron no es desechada, será otra vergüenza para el sistema legal canadiense, y planteará cuestionamientos sobre el creciente poder irresponsable del movimiento ambiental, y sobre aquellos en la comunidad política y jurídica que lo faciliten.
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