Juicio Crudo 31/07/2020
SAN RAMÓN, California. 31 de julio de 2020. La Corte Suprema de Argentina rechazó por unanimidad el recurso planteado por los demandantes como parte de su estrategia para ejecutar una sentencia ecuatoriana fraudulenta de $9.500 millones de dólares contra Chevron Corporation. Esta es la última de una serie de victorias legales en la defensa global de Chevron contra dicha sentencia, que fue considerada por cortes de Estados Unidos como producto de fraude, soborno y corrupción, mientras que un tribunal de arbitraje internacional de La Haya la declaró inejecutable en virtud del derecho internacional.
El 30 de julio, en una decisión unánime de sus cinco miembros, la Corte Suprema de Argentina desestimó la apelación de los demandantes contra la decisión de la Corte Nacional de Apelaciones del 3 de julio de 2018, que confirmó la decisión de una corte de primera instancia y desestimó el recurso interpuesto por los demandantes ecuatorianos por falta de jurisdicción. Las cortes argentinas han rechazado de manera uniforme y definitiva el intento de los demandantes de lograr que se reconozca y se ejecute la sentencia ecuatoriana en esa nación.
Con la decisión de la Corte Suprema de Argentina, el último proceso pendiente que busca el reconocimiento de la corrupta sentencia ecuatoriana ha llegado a su fin. Las decisiones de cortes y tribunales de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Gibraltar, La Haya y ahora Argentina, confirman que la fraudulenta sentencia ecuatoriana debe ser inejecutable en toda corte que respete el Estado de Derecho. Incluso la República del Ecuador, que apoyó durante mucho tiempo el litigio contra Chevron, finalmente admitió en una declaración pública a principios de este mes que la sentencia de $9.500 millones de dólares dictada por sus cortes es “fraudulenta”.
Chevron ha derrotado todas las acciones hasta la fecha que buscaban el reconocimiento y la ejecución de esa sentencia. En julio de 2019, después de que la Corte Suprema de Canadá se negara a revisar una decisión de una corte inferior en la que se desestimaba la acción contra la filial indirecta de Chevron en Canadá, los demandantes abandonaron el proceso de reconocimiento de la sentencia en Canadá. En noviembre de 2017, el más alto tribunal de Brasil desestimó una acción de reconocimiento presentada en ese país. Los fiscales tanto de Brasil como de Argentina habían manifestado anteriormente que la sentencia ecuatoriana era inejecutable porque era producto del fraude y la corrupción.
El principal caso legal relacionado con la corrupta sentencia ecuatoriana que todavía está vigente es el arbitraje de Chevron contra la República del Ecuador ante un tribunal internacional en La Haya. En 2018, el tribunal falló a favor de Chevron en cuanto a la cuestión de responsabilidad y actualmente el arbitraje se encuentra en la fase de cuantificación de daños, en la que Chevron busca recuperar de la República del Ecuador los costos en los que la compañía ha incurrido para defenderse y exponer el fraude perpetrado contra ella.
En una decisión unánime de 2018, el tribunal internacional de La Haya, incluido el árbitro elegido por Ecuador, sostuvo que la sentencia de $9.500 millones de dólares dictada contra Chevron en Ecuador en 2011 fue obtenida mediante fraude, incluyendo soborno judicial, chantaje y extorsión. El juez a cargo del caso permitió que el equipo de los demandantes redactara clandestinamente la propia sentencia a cambio de la promesa de un soborno. Tras considerar que las pruebas presentadas por Chevron eran “contundentes”, el tribunal sostuvo que “salvo por una confesión firmada por los culpables... la evidencia que demuestra la ‘redacción clandestina’ en este arbitraje debe de ser la prueba documental, en video y testimonial más completa de fraude jamás presentada ante un tribunal arbitral”.
El tribunal internacional sostuvo además que la República del Ecuador había liberado a Chevron de los mismos reclamos ambientales en los que se basa exclusivamente la fraudulenta sentencia ecuatoriana, luego de que completara un programa de remediación ambiental de $40 millones de dólares aprobado por el gobierno ecuatoriano. El tribunal internacional determinó que la sentencia ecuatoriana violaba el derecho internacional y no debía ejecutarse en ninguna parte del mundo.
La decisión del tribunal de La Haya coincide con la de las cortes de Estados Unidos. En 2014, la Corte Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York determinó que Steven Donziger y su equipo obtuvieron la sentencia ecuatoriana contra Chevron a través de fraude y chantaje, incluyendo extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, manipulación de testigos, soborno judicial, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y obstrucción de justicia. La corte prohibió la ejecución de la sentencia ecuatoriana en Estados Unidos y ordenó a los demandantes ecuatorianos y a sus abogados devolver a Chevron los fondos obtenidos de su ejecución en cualquier parte del mundo. La sentencia de la corte de Estados Unidos es ahora definitiva después de la confirmación unánime de la Corte de Apelaciones y el rechazo de revisión por parte de la Corte Suprema. En 2018, Donziger quedó suspendido del ejercicio profesional como abogado por su conducta dolosa en el litigio de Ecuador. En mayo de 2019, Donziger fue declarado en desacato civil por incumplimiento de la sentencia RICO, debido a que se lucró de su fraude, vendió “acciones” en la sentencia ecuatoriana a inversores y destinó gran parte de los fondos a gastos personales. En julio de 2019, Donziger fue encausado penalmente por el delito de desacato judicial debido a su continua negativa a cumplir las órdenes judiciales. Chevron no es parte del procedimiento penal por desacato.
Donziger no es el único abogado de los demandantes ecuatorianos implicado en lo que el Wall Street Journal ha denominado el “fraude legal del siglo”. La conducta del abogado ecuatoriano Pablo Fajardo fue condenada junto con la de Donziger tanto por las cortes estadounidenses como por el tribunal de arbitraje de La Haya, los cuales concluyeron que ambos “participaron en una conducta prolongada y maliciosa hacia el ordenamiento jurídico [del Ecuador] en general y, en particular, hacia la Corte de Lago Agrio, en una manera que resulta casi increíble por su arrogante desdén por los principios elementales de verdad y justicia”. En mayo de 2018, la Corte Suprema de Gibraltar emitió un fallo contra Fajardo y otros participantes del fraude por su intervención en el intento de ejecutar la sentencia ecuatoriana, y otorgó $38 millones de dólares en daños y perjuicios a Chevron.
Chevron Corporation es una de las principales compañías integradas de energía a nivel mundial. A través de sus filiales que realizan negocios en todo el mundo, la compañía está involucrada en prácticamente todas las facetas de la industria energética. Chevron explora, produce y transporta petróleo crudo y gas natural; refina, comercializa y distribuye combustibles para el transporte y lubricantes; fabrica y vende productos petroquímicos y aditivos; genera electricidad; y desarrolla y despliega tecnologías que incrementan el valor del negocio en todos los aspectos de las operaciones de la compañía. Chevron tiene su sede en San Ramón, California. Más información sobre Chevron está disponible en www.chevron.com y más información sobre el juicio fraudulento contra la empresa en Ecuador en www.juiciocrudo.com.
