Financial Post 24/02/2017
¿Qué sucede cuando un abogado soborna a un juez corrupto en Ecuador para que emita una sentencia de US$19 mil millones contra una de las principales empresas estadounidenses de petróleo y gas, y luego fracasa en su intento de que dicha sentencia sea reconocida en los Estados Unidos porque fue obtenida mediante "corrupción" y "fraude"?
El paso lógico es intentar hacer que la fraudulenta sentencia ecuatoriana se ejecute en Canadá, contra filiales canadienses totalmente ajenas.
¿Y por qué no? La amabilidad canadiense impregna todas nuestras relaciones internacionales. Queremos ser vistos como corteses por otros países, hasta el punto de cumplir las sentencias de cortes torcidas y deshonestas. En consonancia con nuestra finura nacional, la Corte Suprema de Canadá determinó en 2015 que una Corte de Ontario debía dar trámite a procedimientos de ejecución en contra de Chevron Canadá, emanados de una sentencia ecuatoriana contra su empresa matriz, Chevron Corp. Esto a pesar de las pruebas confirmadas por cortes que demuestran que la sentencia ecuatoriana fue obtenida través de asociación delictiva - incluyendo soborno, fraude, extorsión, obstrucción de justicia y otros delitos. Además, Chevron Canadá es completamente otra entidad legal separada, que no tenía nada que ver con los eventos en Ecuador.
Nuestro sistema judicial nunca debería haber permitido que se considerara una sentencia corrupta.
No se puede alegar que la Corte Suprema de Canadá no conocía la historia del caso. Un juez ecuatoriano emitió un fallo en el sentido de que Chevron era responsable de la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana - que había sido causada por Texaco, una compañía que Chevron compró en 2001 - a pesar de un compromiso escrito por el gobierno ecuatoriano para eliminar legalmente cualquier responsabilidad. En 2014, El juez de Distrito de los EE. UU., Lewis Kaplan, dictaminó que la sentencia ecuatoriana no era ejecutable en los Estados Unidos, e incluso inusualmente fue más allá, emitiendo un mandato judicial contra su ejecución. En su decisión de 495 páginas, el juez establece, entre otras cosas, que la sentencia de la corte ecuatoriana fue enturbiada por fraude y corrupción, que el equipo de los demandantes (liderado por el abogado estadounidense Steven Donziger) usó sobornos para poder redactar el informe del experto de la corte, las órdenes de la corte, y la misma sentencia masiva de la corte, y que Donziger había estado personalmente involucrado en el fraude. Donziger, sin temor, trata ahora de ejecutar la sentencia en diversos foros internacionales, incluyendo Brasil, Argentina y Canadá.
La Corte Suprema de Canadá dictaminó que las cortes canadienses deben ignorar el fondo y la forma en que se basan las sentencias extranjeras y, en cambio, prestar atención a las obligaciones de deuda establecidas por una “corte de jurisdicción competente”. Al concluir que el caso ecuatoriano podría ser considerado para procedimientos de ejecución en Canadá, la Corte Suprema reiteró que las "circunstancias excepcionales" por sí mismas, no eran motivo suficiente para no reconocer una sentencia extranjera.
Traducción: Pagar $500.000 a un juez ecuatoriano para pretender que no se escribió la sentencia en su nombre, no se califica como "circunstancia excepcional". Proteger a los canadienses de cortes extranjeras fraudulentas es menos importante que mantener obedientemente las apariencias internacionales.
Todo suena muy canadiense.
Afortunadamente, la Corte Superior de Justicia de Ontario dictaminó el mes pasado que los activos de Chevron Canadá no están disponibles para satisfacer la sentencia ecuatoriana; que este no es un caso apropiado para perforar el velo corporativo de una empresa canadiense que es una entidad de negocios completamente independiente, que no tiene nada que ver con lo que supuestamente ocurrió con Texaco en Ecuador. La corte también declaró que Chevron Canadá podría defenderse haciendo referencia a los descubrimientos de corrupción y fraude del juez estadounidense en contra de los demandantes. Primera anotación en favor del estado de derecho.
Nuestro sistema judicial, en primer lugar, no debió haber permitido que Chevron Canadá fuera arrastrada hacia la corte. ¿Por qué respetar más a un corrupto juicio ecuatoriano que a la decisión del juez Kaplan en los Estados Unidos, que fue confirmada en apelación? ¿Por qué ignorar las conclusiones de que los demandantes estuvieron involucrados en actos ilegales para obtener la sentencia a su favor en la sentencia ecuatoriana?
Si la finura canadiense está dispuesta a sacrificar el estado de derecho en aras de la cordialidad internacional, todas las corporaciones multinacionales en Canadá deberían estar aterradas en relación a qué nuevas sentencias sean emitidas desde cortes corruptas en países corruptos del Tercer Mundo. Porque aparentemente en Canadá daremos espacio a todas ellas.
Jay Cameron es un abogado del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí
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