Toronto Sun 26/04/2018
Un oficial de la Real Policía Montada lee una orden judicial a la líder del Partido Verde, Elizabeth May, derecha, y al diputado del NDP, Kennedy Stewart, segundo a la derecha, antes de ser arrestados después de unirse a los manifestantes fuera de las instalaciones del Kinder Morgan en Burnaby, Colombia Británica, el viernes 23 de marzo de 2018. Darryl Dyck / THE CANADIAN PRESS
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Ontario comenzó a escuchar un caso en el que un grupo de indígenas ecuatorianos demanda a la filial canadiense de Chevron en espera de que una corte canadiense ejecute una sentencia dictada por el gobierno ecuatoriano contra la empresa matriz estadounidense de Chevron.
El caso ha sido desestimado por las cortes estadounidenses, y ha sido denunciado como el "fraude legal del siglo" por el Wall Street Journal, además de haberse descubierto que el abogado que está detrás participó en crimen organizado.
Pero no es de extrañar que el caso se ha abierto camino hasta Canadá - la liquidación original de la sentencia ecuatoriana era de $9.5 mil millones, la mayor de su clase. En el caso poco probable de que se las arreglen para que proceda la sentencia, eso es mucho dinero en efectivo para los demandantes, los abogados y los inversionistas que han estado financiando este esfuerzo.
(Este fascinante caso se remonta décadas y hay libros y documentales sobre él, algunos que respaldan a Chevron y otros que están en su contra).
Aunque hay un grupo que presumiblemente no compartirá nada del botín. Se trata de las Primeras Naciones canadienses. Perry Bellegarde, el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, posó la semana pasada en fotos con los ecuatorianos que volaron hasta Canadá para estar presentes durante los dos días de argumentos en una corte de Toronto.
Si bien todo esto trata acerca de reunir miles de millones para los demandantes (o lo que quede después de que los abogados y los inversionistas tomen su parte), la elegante agencia de relaciones públicas de Manhattan que hace publicidad para el caso, argumenta que los procedimientos judiciales de Toronto tratan acerca de una "batalla por fortalecer los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo". Están descaradamente intentando cooptar a las Primeras Naciones canadienses, a sus aliados y a los activistas ambientales, para que les ayuden a obtener su dinero.
Este es un giro cínico, pero no es la primera vez que lo hemos visto. De hecho, un juego similar se está llevando a cabo ahora en la disputa del oleoducto Kinder Morgan Trans Mountain. Hay una suposición natural en el sentido de que todos los pueblos de las Primeras Naciones están en contra del proyecto, y figuras de la talla de Elizabeth May y Jagmeet Singh no tienen ningún problema en reclutarlos para respaldar su oposición al oleoducto.
El problema tiene muchos más matices que ese. Sí, algunas de las Primeras Naciones se opusieron. Pero algunas lo apoyan firmemente. Una columna reciente del columnista de Postmedia, Mike Smyth, narra la historia de la Primera Nación Pinos Susurrantes. El actual oleoducto Trans Mountain ya pasa a través de sus tierras. Ellos actualmente reciben $300,000 dólares anuales por derecho de vía y esto se duplicará cuando el presente oleoducto se acople con el otro oleoducto. Además recibirán $5 millones que se mantendrán en fideicomiso y los intereses anuales se utilizarán para programas comunitarios.
"Necesitamos esos ingresos", dijo Mike LeBourdais a Smyth. "Si nos quitan esto, desearía saber si esos ingresos provendrán de John Horgan (Primer Ministro de la Columbia Británica)".
LeBourdais es uno de los partidarios más fervientes del oleoducto y los Pinos Susurrantes son una de las 33 Primeras Naciones en firmar acuerdos de beneficio mutuo, un hecho no muy divulgado que destacó el Primer Ministro, Justin Trudeau, durante sus comentarios a medios de comunicación el domingo pasado.
Mientras tanto, Maureen Thomas, Jefa de la Nación Tsleil-Waututh, es uno de los líderes que más abiertamente se oponen al proyecto. Aunque ella está en una posición ligeramente diferente que LeBourdais. Aunque la reserva Burrard Inlet 3 de la Nación Tsleil-Waututh está muy cerca de donde termina el oleoducto en Burnaby, este no pasa por ninguna de sus tierras.
Así que hay situaciones donde las Primeras Naciones más directamente afectadas por el oleoducto lo apoyan, y aquellas que están cerca pero no pasa por sus tierras, se oponen. Si esto nos dice algo, es que quizás los políticos y activistas progresistas deben dejar de emplear constantemente las frases que comienzan con "las Primeras Naciones se oponen a…", porque sugerir que existe unidad en el tema, simplemente no es cierto.
Si bien ahora mismo se lleva a cabo un debate nacional sobre la "apropiación cultural" y los estereotipos en lo que se refiere a las Primeras Naciones en las artes y la cultura, ¿dónde está la condena por este estereotipo de actitudes indígenas con relación al crecimiento económico?
El Consejo Canadiense para los Negocios Indígenas informó en una encuesta reciente que en 2011 había 43,000 pequeños negocios administrados por indígenas, y solo el 10% de ellos eran start-ups. ¿Cuál fue la queja número uno de estos propietarios de negocios? Se necesita mayor acceso a capital y a financiamiento para seguir creciendo.
Ya sabemos que la población indígena es joven y está creciendo, quizás nuestros políticos y activistas deben dejar de usar a las Primeras Naciones como grupos opuestos al desarrollo y apoyar en su lugar sus actitudes a favor del crecimiento, que están claramente presentes en sus comunidades.
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