Gaceta Mercantil 27/06/2018
Una fiscalía en Argentina recomendó confirmar una sentencia de primera instancia que rechaza el intento de ejecutar en el país una sentencia ecuatoriana declarada fraudulenta en Estados Unidos por 9.500 millones de dólares contra Chevron Corporation.
El fiscal coadyuvante Ricardo Peyrano se basó en la ausencia de competencia internacional de la justicia argentina y en el principio de la separación de la personalidad jurídica ya que Chevron Corporation, la empresaa demandada en Ecuador, no tiene ni activos directos ni presencia legal en Argentina, mientras que Chevron Argentina SRL y otras filiales locales indirectas son personas jurídicas distintas e independientes sin conexión con el caso ecuatoriano.
El esquema fraudulento de los abogados de los demandantes ecuatorianos viene sufriendo repetidas derrotas desde marzo de 2014, cuando una corte federal de Estados Unidos dictaminó que el abogado neoyorquino Steven Donziger y sus socias ecuatorianos obtuvieron la sentencia contra Chevron mediante fraude, soborno, coerción y chantaje, haciéndola inejecutable en Estados Unidos.
Esa decisión fue confirmada en apelación en 2016 y al año siguiente, la Corte Suprema de EEUU rechazó su revisión con lo que quedó firme en ese país.
Los esfuerzos de los abogados demandantes en Argentina comenzaron en noviembre de 2012 cuando convencieron a un juzgado de Buenos Aires de congelar los activos de Chevron Argentina.
La decisión fue anulada por la Corte Suprema en junio del año siguiente, pero los esfuerzos para que los tribunales argentinos hicieran ejecutar la sentencia ecuatoriana continuaron.
En marzo de 2016, a pedido de la Corte, el Ministerio Público Fiscal emitió su primera opinión en la causa, recomendando que la solicitud de reconocimiento de la sentencia ecuatoriana fuera rechazada, citando evidencia de irregularidades en el procedimiento ecuatoriano.
El 1º de noviembre del año pasado, el Juzgado Nacional Civil N.º 61 de la ciudad de Buenos Aires rechazó la acción, afirmando que los demandantes no habían demostrado que la sentencia ecuatoriana tuviera algún vínculo con Argentina que justificara su reconocimiento por la Justicia local.
Esa decisión fue apelada y se encuentra ahora ante un tribunal de alzada.
La opinión del fiscal Peyrano, la segunda emitida a favor de Chevron Corporation en esta acción, representa el último de una serie de reveses que han sufrido los abogados de los demandantes durante las últimas semanas en el esquema de fraude y extorsión contra Chevron Corporation.
El 15 de junio pasado, el Tribunal Superior de Justicia brasileño puso fin al intento de los demandantes ecuatorianos de extender su fraude a ese país, declarando definitiva su decisión del pasado mes de noviembre que desestimaba la acción de reconocimiento y ejecución en ese país.
En mayo, la Corte de Apelaciones de Ontario confirmó la decisión de un tribunal de primera instancia que desestimaba el pedido de ejecución de la sentencia ecuatoriana por parte de los demandantes contra Chevron Canada Ltd., una subsidiaria indirecta.
También en junio pasado, la Corte Suprema de Gibraltar emitió una sentencia contra el abogado principal de los demandantes ecuatorianos y sus representantes por su papel en procurar e intentar ejecutar la sentencia ecuatoriana fraudeulenta, ordenándoles pagar a Chevron Corporation la suma de 38 millones de dólares por daños.
Chevron Corporation es una de las principales compañías integradas de energía a nivel mundial. A través de sus subsidiarias, que realizan negocios en todo el mundo, la compañía está involucrada en prácticamente todas las facetas de la industria de energía.
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