Comunicado 17/12/2013
La Corte de Apelaciones de Ontario ha concedido una apelación presentada por un grupo de demandantes ecuatorianos. La decisión no otorga a los demandantes ningún beneficio importante y solamente permite que la acción [de reconocimiento de la sentencia] siga adelante. Los demandantes buscan que la sentencia ecuatoriana contra Chevron Corporation sea reconocida y ejecutada en Ontario, Canadá.
En mayo de 2013, la Corte Superior de Justicia de Ontario suspendió todos los esfuerzos por reconocer esa sentencia en Ontario. Al conceder la apelación, la Corte de Apelaciones no evaluó si la sentencia ecuatoriana fue obtenida mediante el fraude, o si la sentencia ecuatoriana debía ser reconocida o ejecutada contra Chevron Corp., o su subsidiaria independiente e indirectamente relacionada, Chevron Canada Limited. Tampoco la corte concedió compensación, ni resarcimiento de ningún tipo a los demandantes ecuatorianos. La corte limitó su resolución exclusivamente a si el tribunal de Ontario podría considerar más procedimientos en esa acción legal.
La decisión de la corte manifestó:
“En estas circunstancias, los demandantes ecuatorianos deberían tener una oportunidad de intentar ejecutar la sentencia ecuatoriana en una corte donde Chevron tenga que responder sobre los méritos. [La posibilidad ]de que los demandantes en este caso puedan al final no tener éxito en los méritos de su acción de reconocimiento y ejecución, o que puedan no ser exitosos en cobrar a los deudores de la sentencia contra quienes presentan esta acción, no son factores relevantes que una corte debe considerar al determinar si concede una suspensión discrecional antes de que los acusados hayan siquiera aceptado la jurisdicción de la corte de Ontario”.
En respuesta, Chevron Corp. divulgó la siguiente declaración:
“Chevron Corp. está evaluando los próximos pasos, incluyendo una posible apelación a la decisión de hoy día ante la Corte Suprema de Canadá. Si los demandantes ecuatorianos creyeran realmente en la validez de la sentencia ecuatoriana, deberían buscar su ejecución en Estados Unidos, donde Chevron Corp. tiene su sede, en lugar de apuntar a activos de las subsidiarias de la compañía que no son parte del litigio ecuatoriano. Sin embargo, son conscientes de que en Estados Unidos se enfrentarían con el hecho de que ocho cortes federales ya han concluido que el juicio en Ecuador ha estado plagado de fraude. Chevron Corp. continúa firmemente comprometida a seguir luchando contra la ejecución de la fraudulenta sentencia ecuatoriana y confiamos en que cualquier jurisdicción que respeta el Estado de Derecho, determinará que ésta es ilegítima e inejecutable”.
Chevron Corp. presentó recientemente pruebas abrumadoras de que la sentencia ecuatoriana es producto de fraude en un juicio ante una corte federal de Estados Unidos como parte de una demanda civil bajo la Ley contra el Crimen Organizado (RICO, según sus siglas en inglés). Chevron entabló esta demanda contra los abogados y consultores que lideraron el litigio contra la empresa. Esa evidencia demuestra también que la sentencia es ilegítima y debería ser inejecutable en cualquier tribunal que respeta el estado de derecho. Se espera una decisión en este caso a principios de 2014.
Las pruebas del fraude de los demandantes ecuatorianos y sus agentes incluyen:
· Un exjuez ecuatoriano ha admitido su papel en la orquestación de la sentencia fraudulenta contra Chevron y en un plan de extorsión de medio millón de dólares.
· Stratus Consulting, la principal consultora ambiental de los abogados demandantes ecuatorianos, entregó declaraciones juradas (aquí y aquí) resaltando la falta de mérito científico de los reclamos de indemnización de los demandantes.
· Otro de los consultores ambientales de los abogados de los demandantes, Dr. Charles Calmbacher, ha declarado que las pruebas de los demandantes fueron falsificadas desde el mismo inicio del juicio.
· La firma financiadora de litigios Burford Capital ha entregado una declaración jurada detallando el conocimiento de la empresa sobre la conducta indebida de los abogados de los demandantes, atestiguando que el proceso está irremediablemente manchado por el fraude.
