Gaceta Mercantil 04/07/2018
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La Cámara de Apelaciones porteña rechazó este miércoles el intento de ejecutar una sentencia fraudulenta de la Justicia ecuatoriana contra Chevron Corporation.
El tribunal argentino se sumó a otros de otros países que han repudiado ese fallo que, según una corte neoyorquina, fue obtenido de manera ilegal mediante actos de corrupción.
Los tres jueces de la Sala I de la Cámara Civil de Apelaciones desestimaron de manera unánime la acción en contra de Chevron Corporation por falta de jurisdicción.
La Cámara concluyó que ese conglomerado petrolero no tiene domicilio legal o activos en Argentina, y que la sentencia ecuatoriana no puede ejecutarse contra Chevron Argentina SRL u otras subsidiarias locales indirectas por ser estas personas jurídicas diferenciadas, sin conexión alguna con el caso ecuatoriano.
En su fallo de once páginas, la Cámara porteña coincidió con la decisión del juez de primera instancia y con la recomendación del ministerio Público Fiscal.
"Los tribunales locales carecen de jurisdicción internacional para entender en la pretensión principal por no existir punto de conexión razonable entre el caso y el foro", concluyó la Cámara en su fallo del 3 de julio, conocido hoy. Luego agregó que la ausencia de este “punto de conexión” impide que la justicia argentina reconozca o ejecute la sentencia ecuatoriana.
"Pocas semanas después de haber obtenido sentencias favorables en Brasil, Canadá y Gibraltar, con este nuevo fallo el esquema extorsivo en contra de Chevron continúa desmoronándose", dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente y director legal de Chevron Corporation.
"La justicia argentina ha rechazado esta demanda, y cualquier corte que respete el estado de derecho debería hacer lo mismo", completó.
En 2014, un tribunal federal de Estados Unidos determinó que la sentencia de 9.500 millones de dólares contra Chevron Corporation en Ecuador fue dictada cometiendo delitos de corrupción, extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, manipulación de testigos y obstrucción de justicia.
El tribunal neoyorquino prohibió la ejecución de la sentencia ecuatoriana en Estados Unidos y que los partícipes en el fraude y los beneficiarios de la sentencia lucren con ella en cualquier parte del mundo.
La sentencia fue definitiva luego de haber sido confirmada por unanimidad por la corte federal de apelaciones y porque la Corte Suprema estadounidense se rehusó a revisarla.
Dado que Chevron Corporation nunca tuvo activos en Ecuador, los demandantes, liderados por el abogado estadounidense Steven Donziger, han tratado de ejecutarla en otras jurisdicciones.
Además de denegar la acción de los demandantes ecuatorianos, la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires los condenó a pagarle a Chevron las costas de la apelación.
"Chevron continuará tomando acciones dirigidas a establecer las responsabilidades de todos los que intenten lucrarse de este esquema fraudulento", advirtió Pate.
Desbande. Desde que se reveló el alcance del fraude ecuatoriano, más de una docena de ex socios han abandonado a Donziger y su esquema de extorsión, incluyendo a co-abogados, consultores ambientales, financistas, inversores, empleados y colaboradores ecuatorianos.
Cualquier problema ambiental existente en la antigua área de la concesión en Ecuador es responsabilidad exclusiva de ese país y de su empresa petrolera estatal, según afirma la corporación norteamericana.
Chevron Corporation nunca operó en Ecuador. Una subsidiaria indirecta de Texaco Inc. llevó a cabo exitosamente un programa de remediación ambiental bajo la supervisión y aprobación del Estado ecuatoriano, luego de que el Estado asumiera su participación minoritaria en 1992.
La compañía petrolera nacional de Ecuador ha sido la propietaria y operadora exclusiva durante los últimos 26 años, expandiendo sus operaciones significativamente durante ese período.
El mes pasado, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) brasileño puso fin al intento de los demandantes ecuatorianos de extender su fraude a ese país, declarando definitiva su decisión del pasado mes de noviembre que rechazó la acción de reconocimiento y ejecución en dicho país.
En mayo, la Corte de Apelaciones de Ontario, Canadá, confirmó la decisión de un juzgado de primera instancia que rechazó el pedido de ejecución de la sentencia ecuatoriana contra Chevron Canada Ltd., una subsidiaria indirecta.
También en mayo, la Corte Suprema de Gibraltar emitió una sentencia contra el abogado principal de los demandantes ecuatorianos, Pablo Fajardo, y otros coautores y cómplices en el fraude, incluyendo los ecuatorianos Luis Yanza y Ermel Chávez, el despacho de abogados Servicios Fromboliere y la organización conocida como Frente de Defensa de la Amazonía, por su participación en la obtención de la fraudulenta sentencia ecuatoriana y sus intentos de ejecutarla. Y los condenó a pagarle a Chevron 38 millones de dólares en concepto de resarcimiento de daños.
Antecedentes. Los intentos de los abogados demandantes de ejecutar su fraudulenta sentencia en Argentina comenzaron en noviembre de 2012, cuando convencieron a una corte de Buenos Aires a congelarlos activos de Chevron Argentina.
La decisión fue anulada por la Corte Suprema del país el mes de juniosiguiente, pero los esfuerzos para que las cortes argentinas ejecutaran la sentencia ecuatoriana continuaron.
En marzo de 2016, a petición de la corte, el Ministerio Público Fiscal de Argentina emitió su primera opinión sobre la causa, recomendando que la solicitud de reconocimiento de la sentencia ecuatoriana fuera rechazada, citando evidencia de fraude y corrupción en el procedimiento ecuatoriano. La fiscalía concluyó que "[l]as anomalías detectadas no pueden ser admitidas en nuestro territorio, pues violentan claramente el orden público del derecho nacional".
El 1 de noviembre de 2017, el Juzgado Nacional Civil N.º 61 de la ciudad rechazó la acción, afirmando que los demandantes no habían demostrado que la sentencia ecuatoriana tuviera algún vínculo con Argentina que justificara su reconocimiento por las cortes del país. Dicha decisión fue apelada por los actores.
El pasado 18 de junio, en una opinión de 22 páginas, el fiscal Coadyuvante Ricardo Rubén Peyrano recomendó que la Cámara de Apelaciones confirmase la sentencia de primera instancia y desestimara la demanda en contra de Chevron Corporation.
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