La Nación 13/03/2013
Fuente: JuicioCrudo
La compañía Chevron pidió esta semana al Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) que rechace los intentos de abogados estadounidenses y ecuatorianos de validar una sentencia desde Quito por 19.000 millones de dólares contra la empresa que fue, según declaró la empresa en un comunicado oficial, "obtenida por medio de fraude, sobornos, intimidación e intromisión del gobierno".
La demanda por daño ambiental contra Chevron es llevada adelante por residentes de la zona ecuatoriana de Lago Agrio, quienes se consideran afectados por un monumental daño ambiental en 1993, según ellos por responsabilidad de la petrolera Texaco, que en 2001 fue adquirida por Chevron.
"Los abogados estadounidenses y ecuatorianos de los demandantes están insultando el sistema judicial de Brasil al intentar blanquear una sentencia corrupta obtenida mediante el fraude", expresó Hewitt Pate, consejero general de Chevron, a través de un comunicado de prensa. En él, insisten en la versión de la compañía respecto de que "los informes de expertos fueron falsificados y evidencia adicional que muestra que los jueces fueron sobornados e intimidados"
"Si los demandantes creyeran tener una sentencia legítima buscarían su reconocimiento en los Estados Unidos, donde Chevron Corp. tiene su domicilio. En cambio, estos usureros abogados norteamericanos y ecuatorianos están buscando acciones en Canadá, Brasil, Argentina y por doquier buscando presionar a Chevron Corporation a llegar a una liquidación del fraudulento caso mediante un acuerdo económico. Esta maniobra no les funcionará", agregó.
El embargo tiene su origen veinte años atrás, con una demanda a la petrolera norteamericana Texaco por el daño ambiental provocado en Lago Agrio, en plena selva del noreste ecuatoriano, cuando se retiró del país, en 1992.
En 1995 Texaco pagó 40 millones de dólares para reparar los daños provocados al medio ambiente y Ecuador renunció a cualquier otra demanda. Sin embargo, los abogados siguieron litigando en Nueva York hasta 2003, cuando los tribunales de ese estado derivaron la causa a Ecuador y la demanda ya apuntaba contra Chevron Co., que en 2001 compró Texaco.
Aunque desde Chevron sostienen que la causa es una farsa, el 15 de octubre pasado la justicia de Ecuador condenó a la empresa a pagar una indemnización de US$ 8646 millones. Como la petrolera estadounidense no pidió disculpas por los hechos que se le imputan, los jueces llevaron el monto a US$ 19.000 millones.
Sin embargo, como Chevron no opera en Ecuador, los demandantes constituyeron una red de abogados para embargar activos de la compañía alrededor del mundo, comenzando por Canadá, Brasil, Colombia y la Argentina.
Hasta el momento sólo respondió la Argentina. A fines del año pasado, la justicia argentina reconoció el embargo y lo aplicó a las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos futuros que reciba por la venta de petróleo crudo.
A partir de ese momento, peligran las negociaciones entre el gobierno de Cristina Kirchner y Chevron, quien se perfilaba como la única gran petrolera privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca Muerta con YPF después de la estatización.
El mes pasado, Ecuador recibió un "reto" por esta causa. Un panel de la Corte Permanente de Arbitraje del Tribunal Internacional de La Haya concluyó que ese país incumple leyes internacionales "al no tratar de impedir" la ejecución de un fallo contra la petrolera Chevron, en referencia a laudos interinos previos de ese tribunal y el tratado bilateral de inversiones entre Quito y Washington.
Esos laudos instaban a Ecuador a "tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera del Ecuador de cualquier sentencia" contra la firma estadounidense.
