Juicio Crudo 28/05/2013
Arriba aparecen los principales demandados en el caso RICO por ser los arquitectos del fraude.
Ante la corrupción del proceso y previendo una sentencia fraudulenta en Ecuador, Chevron inició en Estados Unidos una acción judicial contra los demandantes y sus abogados y técnicos por fraude y asociación ilícita para delinquir. Esta demanda, presentada el 1 de febrero de 2011, está sustentada en las leyes norteamericanas diseñadas para combatir el crimen organizado (RICO, por sus siglas en inglés).
Dos semanas después el juez Nicolás Zambrano emitió un fallo sin sustento contra Chevron por alrededor de 9.500 millones de dólares que subiría hasta 18 mil millones de dólares si la empresa no pide disculpas públicas.
La compañía apeló a la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, pidiendo que se rechace la sentencia y se declare nulo el proceso, pero esta Sala, el 3 de enero del 2012, confirmó la sentencia de primera instancia sin evaluar la contundente evidencia de fraude, ignorando, por ejemplo, la evidencia presentado por Chevron de que los mismos abogados demandantes redactaron en secreto partes esenciales de la sentencia firmada por el juez Zambrano.
La compañía descubrió que textos de documentos internos y datos técnicos de los demandantes que no formaron parte del expediente del juicio, aparecen plagiados textualmente en la sentencia de primera instancia.
Seth Leone, experto en análisis forense, comparó el lenguaje de la sentencia con el borrador de un memorándum escrito por el abogado demandante, Juan Pablo Sáenz, en noviembre de 2007 sobre la supuesta fusión de Chevron con Texaco. Al efectuar la comparación, se encontró que hay bloques enteros de texto de la sentencia que coinciden exactamente o muy estrechamente con el lenguaje de dicho memorándum. En no menos de 15 casos, fragmentos considerables del memorándum de Sáenz, incluso frases enteras, aparecen en forma literal o casi literal en la sentencia.
El informe de Michael L. Younger, experto en investigación forense digital, llega a la conclusión de que varios de los resultados del muestreo citados en la sentencia de primera instancia no provinieron de los informes de inspecciones judiciales presentados ante la Corte, sino de la base de datos privada de los demandantes (Selva Viva), la cual nunca fue incluida en el expediente de la causa.
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