Los testigos

Más colaboradores de los denunciantes de Chevron abandonaron la causa

La República Ecuador 02/03/2015

Steven Donziger. Abogado demandante en el caso contra Chevron en Ecuador

Steven Donziger. Abogado demandante en el caso contra Chevron en Ecuador

El acuerdo negociado con James Russell DeLeon, el principal financista del caso en contra de Chevron en Ecuador, se convierte en el décimo noveno aliado de los denunciantes contra la petrolera (liderados por Steven Donziger, el abogado detrás del juicio en contra de la compañía), en abandonar su esquema.

DeLeon, amigo de Donziger de la escuela de leyes, se retiró del litigio luego de haber invertido $23 millones, acordando entregar a Chevron su participación del 7 por ciento en el juicio ecuatoriano de $9,5 mil millones. Él es el desertor más reciente.

Desde el año 2010, una cantidad de antiguos inversionistas, abogados, consultores científicos, funcionarios de la corte ecuatoriana y otros aliados se han desvinculado por sí mismos de lo que el Wall Street Journal ha llamado “el fraude legal más grande de la historia”.

Entre los que han tenido participación en la sentencia y que precedieron a DeLeon en abandonar el esquema de Donziger están:

• Patton Boggs LLP – En mayo de 2014, Chevron anunció su acuerdo con la firma de cabildeo y de abogados de Washington D.C., la cual se retiró del litigio, emitió una declaración de arrepentimiento y asignó sus intereses en el litigio a Chevron. Además, acordó pagar a Chevron $15 millones.

• Burford Capital Ltd. – En abril de 2013, Burford anunció que había terminado su acuerdo de financiamiento del litigio en relación al caso de Ecuador, basándose en que habían sido “engañados fraudulentamente”. Renunciaron a cualquier interés del litigio.

Muchas de las deserciones se produjeron en el transcurso de la demanda de Chevron en contra de Donziger y su equipo por fraude y violación de la ley anti-mafia,

Muchas de las deserciones se produjeron en el transcurso de la demanda de Chevron en contra de Donziger y su equipo por fraude y violación de la ley anti-mafia, donde la compañía denunció una serie de evidencia que, según su criterio, demostraban que el juicio se había corrompido – incluyendo cientos de horas de tomas de video, miles de correos electrónicos, borradores de reportes y declaraciones juradas. Durante el juicio RICO en contra de Donziger a finales de 2013, 17 antiguos asociados y cómplices testificaron en su contra, incluyendo a su antiguo abogado asociado, consultores científicos e incluso un ex juez. Algunos de los testificantes son:

• David Russell – exdirector del equipo técnico de Donziger dijo que fue engañado y presionado por Donziger para proveer una evaluación muy exagerada del daño ambiental—una “conjetura salvaje científica”, o SWAG, cómo él lo calificó, – para accionar como un arma de relaciones públicas para forzar a la compañía a un acuerdo.

• Jeffrey Shinder – el abogado de Nueva York renunció al equipo de Donziger luego de conocer la extensión del fraude perpetrado en el caso ecuatoriano. “Me enfermó”, comentó. “No quería participar”.

• Alberto Guerra – un ex juez ecuatoriano testificó que Donziger y sus asociados ecuatorianos le pagaron a él para falsificar las órdenes judiciales del caso a su favor, luego organizó un soborno de $500,000 al juez presidente que llevaba el caso y ayudó a escribir clandestinamente la sentencia de $9,5 mil millones.

• Stratus Consulting – Stratus Consulting de Colorado admitió que dos de sus consultores ambientalistas, Doug Beltman y Anne Maest, lideraron un equipo de expertos técnicos en la redacción clandestina de un reporte judicial a nombre del experto designado por la corte. El reporte, el cual alegó que Chevron era responsable de $27 mil millones en daños, fue utilizado como base de la fraudulenta sentencia ecuatoriana en contra de la compañía. Tanto Beltman como Maest admitieron bajo juramento que el reporte no contaba con fundamentos científicos, ni técnicos.

El 4 de marzo de 2014, el juez Lewis Kaplan de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que el juicio ecuatoriano contra Chevron fue producto de fraude y de actividad de crimen organizado, encontrando que la sentencia ecuatoriana en contra Chevron es inejecutable en los Estados Unidos.

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