Juicio Crudo 02/03/2023
La justicia de EE. UU. confirmó el fraude contra Chevron en Ecuador hace 9 años
El fraude contra Chevron en Ecuador sufrió un durísimo revés el 4 de marzo de 2014. Fue el comienzo del fin. Ese día, una corte federal de Estados Unidos determinó que la sentencia contra Chevron en la Corte Provincial de Sucumbíos fue producto de fraude, extorsión, sobornos y otras ilegalidades.
Tras un juicio de 7 semanas, el juez Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, encontró que abogados y activistas, liderados por el estadounidense Steven Donziger y el ecuatoriano Pablo Fajardo, perpetraron el mayor fraude judicial de la historia.
La corte estadounidense escuchó testimonios de decenas de testigos y vio miles de documentos, correos, videos y otras evidencias del plan extorsivo que Donziger y Fajardo diseñaron e implementaron para lograr una fraudulenta sentencia en Ecuador.
El tribunal, usando la le Ley de Organizaciones Corruptas y con Fines Extorsivos (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO) consideró que Donziger y Fajardo habían cometido varios delitos, incluyendo: (1) extorsión; (2) fraude electrónico; (3) lavado de dinero; (4) obstrucción de la justicia; (5) influencia ilícita sobre testigos; (6) violaciones de la Ley de Viajes y de la Ley sobre Prácticas Corruptas Extranjeras.
La decisión fue ratificada en 2016 por la Corte de Apelaciones. En 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos se rehusó a revisar el caso.
Por su parte, en agosto de 2018, un tribunal arbitral de La Haya determinó que la sentencia ecuatoriana contra Chevron es fraudulenta, que viola la ley internacional y que no debería ser ejecutada en ningún país. Actualmente, el tribunal de La Haya está analizando la cuantía de los daños por los cuales Ecuador debe indemnizar a Chevron por esta denegación de justicia.
Finalmente, en julio de 2020, el gobierno ecuatoriano -luego de apoyar el fraude durante varios años- admitió que la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos fue fraudulenta. Sin embargo, aún no hay sancionados en el país por este caso. La investigación iniciada por la Fiscalía General en 2020 sigue sin arrojar resultados.
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