Gaceta Mercantil 31/07/2019
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Seguimos el "caso Chevrón" desde un principio: nos resultaba sorprendente que un "fondo buitre" le hubiera comprado el juicio a sus "dueños", unos abogados de Nueva York que litigaban en nombre de un grupo de ecuatorianos presuntamente damnificados, que habían conseguido un fallo favorable en su país gracias a las evidentes gestiones del gobierno de Rafael Correa. Algo de todo esto no cerraba.
En estos cinco años, este caso judicial por el supuesto daño ambiental cometido por Chevron en el país sudamericano, por el cual la compañía había sido condenada en primera instancia a pagar una multa por 9.500 millones de dólares, previsiblemente se derrumbó y terminó convirtiéndose en un símbolo notable de corrupción.
En pocas palabras, para sintetizar este resonante -y asombroso- caso, cuando Chevron compró la operación de Texaco en Ecuador, un grupo de abogados reunió a habitantes de la zona en que esa petrolera había operado en asociación con la estatal Petroecuador, y presentó una megademanda por daño ambiental.
Chevron se defendió pero la Justicia ecuatoriana se mostró inflexible y dejó de lado las pruebas de que Texaco había realizado una remediación exitosa[1] del daño (que Petroecuador, no), y que había dejado las cosas en orden antes de salir del país. Así fue que llegó la condena local de pagar nada menos que 9.500 millones.
Las tomas descartadas de la película "Crude" (un supuesto documental)sacaron a la luz evidencias de que el juicio había sido un fraude organizado por abogados estadounidenses y ecuatorianos, y en el que estaba implicada también la justicia ecuatoriana [2] y el gobierno de Correa.
Con fallos adversos de la Justicia de EEUU y ante la imposibilidad de cobrar la fraudulenta sentencia en Ecuador, donde Chevron no tiene activos, los demandantes y sus abogados buscaron embargar a la petrolera en otros mercados para hacerse del dinero lo más rápido posible.
Así, en 2012, desembarca el fraude en Argentina —intento que fracasó, igual que en Brasil y Canadá— de la mano del abogado ecuatoriano Pablo Fajardo, quien se describía a sí mismo como “El David de la Amazonía” por liderar la lucha contra el “Goliat” Chevron.
La realidad fue otra muy diferente. Fajardo fue sentenciado en diversas cortes internacionales por haber obtenido la sentencia ecuatoriana por medio de fraude, soborno y corrupción, lo que reafirmó la Corte Penal Internacional de arbitraje de La Haya.
La lista de ilegalidades cometidas por Fajardo es amplia. Veamos solo algunas.
* Se lo acusa hoy de conspirar junto a la justicia de Ecuador y junto al gobierno de Correa, gastando miles de dólares en fondos públicos para promover el caso contra Chevron y obtener la fraudulenta sentencia.
* Se ha demostrado que sobornó al perito supuestamente independiente del tribunal ecuatoriano a través de cuentas bancarias secretas [3] a cambio de un informe técnico falso.
* Sobornó o intentó sobornar a jueces, inclusive al que firmó la sentencia, Nicolás Zambrano, prometiéndole 500.000 dólares a cambio de un fallo favorable y de firmar la sentencia que él y sus colaboradores habían escrito.
* Se le atribuye haber recibido fondos de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador (Senain) para financiar su actividad en la estructuración del fraude en esta causa.
* Enfrenta reclamos del Frente para la Defensa de la Amazonía, beneficiario exclusivo de la sentencia, que lo declaró “persona no grata”.
* Según documentos internos de los demandantes, Fajardo esperaba llevarse 190 millones de dólares tras la ejecución de la ilegal sentencia ecuatoriana.
Hace unas semanas, en Canadá, ante la evidencia de un fallo adverso, los propios demandantes desistieron de seguir la única demanda que quedaba en pie y acordaron hacerse cargo de los gastos legales de Chevron.
Recientemente, tribunales estadounidenses le suspendieron el ejercicio del Derecho al abogado estadounidense que lideró el fraude, Steven Donziger, y, hace unos días le ordenaron pagar 3,4 millones de dólares en costas legales a la compañía demandante relacionados con el desacato del fallo que le prohibía lucrar con la fraudulenta sentencia ecuatoriana.
Mientras tanto, aunque pesan fuertes decisiones judiciales en su contra en varios juzgados en el mundo, Fajardo sigue impulsando su fraude en Ecuador y en el extranjero. Resulta insólito, pero: ¿cuándo le llegará la justicia en su propio país?
[1] El tribunal internacional bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya determinó que “TexPet invirtió aproximadamente 40 millones de dólares en proyectos de remediación ambiental y desarrollo comunitario bajo el Acuerdo de Transacción de 1995” ejecutados por una “reconocida firma de ingeniería especializada en remediación ambiental”, y que Ecuador en 1998 suscribió un acuerdo final de liberación “certificando que TexPet había cumplido con todas sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Transacción de 1995”. El tribunal no encontró “ninguna prueba” que respalde el argumento de Ecuador de que TexPet incumplió los términos del plan de remediación aprobado por Ecuador. Por el contrario, el laudo narra el testimonio jurado de funcionarios del gobierno de Ecuador en el sentido de que “el trabajo técnico y ambiental de TexPet se ejecutó correctamente”, en tanto que la compañía petrolera estatal de Ecuador “durante más de tres décadas, no hizo absolutamente nada” para abordar sus propias obligaciones de remediación ambiental en la misma área de operaciones.
[2] El apartado 4.321 del segundo Laudo Parcial sobre el Tramo II del tribunal internacional bajo el auspicio de la Corte de La Haya señala: “En un intercambio de mensajes de correo electrónico, el Sr. Fajardo y el Sr. Donziger dijeron que ellos deberían 'hacer las cosas para preparar la corte dictar sentencia rapida [sic] y en una manera que pueda ser cumplida en EEUU antes de apelaciones en Ecuador'. Ellos confirman que pronto van a 'iniciar el trabajo con los nuevos jueces'”.
[3] En la página 79 de la decisión del juez de Nueva York se lee: “Luego de que Cabrera fue designado como perito global, pero antes de que jurara oficialmente, los DLA acordaron abrir una nueva cuenta bancaria 'secreta' a través de la cual le iban a pagar en forma subrepticia”.
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