Law360 20/11/2019
Una fiscal nombrada por una corte federal de Nueva York en los últimos días dijo que el abogado Steven Donziger sigue representando un riesgo de fuga y no se deberían flexibilizar las restricciones del arresto domiciliario mientras enfrente cargos por desacato.
La fiscal Rita Glavin, de Seward & Kissel LLP, dijo que Donziger todavía pone obstáculos a una orden judicial de marzo que subyace a uno de los cargos penales que enfrenta y, por lo tanto, infringe de manera “deliberada” la ley federal y las condiciones de su libertad provisional.
Pese a que el abogado de Donziger asegura tener una larga lista de personas dispuestas a afrontar conjuntamente la actual fianza de USD $800,000, no ha cambiado ninguna de las circunstancias que llevaron a la corte a confinarlo a su apartamento en Manhattan bajo monitoreo electrónico.
“La desobediencia de Donziger demuestra su creencia de que está por encima de la ley y que solo él decide si acatará las órdenes de la corte y cómo lo hará”, dijo Glavin en una presentación el miércoles. Su carta se opone a una reciente petición planteada por el abogado de Donziger para que se eliminen o flexibilicen las restricciones del arresto domiciliario.
“El Sr. Donziger siempre ha disfrutado del apoyo de otros, aun cuando se ha negado a cumplir con las órdenes de la corte y recurrió al fraude y la corrupción para obtener un fallo judicial”, expresó Glavin.
La cuestión del arresto domiciliario es un pequeño enfrentamiento en una larga e inusual batalla entre Chevron Corp. y Donziger por el papel que desempeñó en la obtención de una sentencia ambiental de USD $9.500 millones contra la compañía en Ecuador. El fallo se basa en acusaciones de que el predecesor de Chevron, Texaco Inc., destruyó recursos naturales durante décadas y provocó enfermedades en los residentes indígenas a causa del crudo arrojado en la selva amazónica.
Después de un amargo juicio basado en la Ley Contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, el juez de distrito Lewis A. Kaplan determinó que Donziger había manipulado el sistema judicial ecuatoriano a través de soborno y fraude, y bloqueó la ejecución de la sentencia.
Mientras Donziger seguía intentando ejecutar la sentencia masiva en otras jurisdicciones después del juicio, Chevron y los abogados de Gibson Dunn & Crutcher LLP se mantuvieron a la ofensiva, presionando a la corte para que se le impusieran sanciones y se dictaran sentencias de desacato en su contra por infringir la prohibición de sacar provecho de la sentencia de Ecuador.
Como parte de un fallo por desacato de mayo, el juez Kaplan coincidió en que Donziger había obtenido al menos USD $2.3 millones al vender a inversionistas partes de su participación de contingencia en la sentencia, y le ordenó que renunciara a su reclamo del laudo y pagara unos USD $666,000.
Más tarde, el juez Kaplan emitió una orden de desacato penal de seis cargos, manifestando que Donziger no había cumplido con las órdenes en las que se le había pedido acceso a sus computadoras y a otros dispositivos para la inspección forense y que había infringido una orden judicial contra la venta de la participación en la sentencia, entre otras cuestiones.
En una presentación de junio, Chevron dijo que se le debían USD $663,000 —el saldo pendiente de una sentencia de USD $811,000 emitida a su favor a principios del año pasado— más USD $666,000 de la orden de desacato dictada por el juez Kaplan.
Por otra parte, un juez de Nueva York firmó en julio una sentencia definitiva de USD $3,4 millones en concepto de honorarios de abogados contra Donziger y sus abogados por el caso en curso.
Después de que la oficina del fiscal de Manhattan rechazara la petición del juez Kaplan de sancionar a Donziger, el juez remitió el caso de desacato a Glavin y a otros dos abogados de Seward & Kissel para su acusación.
En una audiencia inusual en agosto, la jueza de distrito estadounidense Loretta A. Preska indicó que las pruebas contra Donziger eran “sólidas” y dijo que se enfrentaría a la cárcel. Además de pagar una fianza de USD $800.000, la jueza Preska ordenó a Donziger que entregara su pasaporte y se sometiera al monitoreo de localización por GPS.
En esa audiencia, Donziger no tenía representación jurídica, pero desde entonces ha contratado al abogado defensor de Manhattan, Andy Frisch, especialista en delitos financieros. Frisch y Glavin se conocen bien, particularmente a través de sus respectivos roles de defensa en el caso penal de Dewey & LeBoeuf LLP.
En su carta del 4 de noviembre a la jueza Preska sobre el arresto domiciliario de Donziger, Frisch dijo que su cliente estaba “plenamente inmerso” en su caso de desacato y en la acción disciplinaria en curso del colegio de abogados, y que se había presentado en varias audiencias en los últimos meses.
“Apreciamos que el cumplimiento por parte del Sr. Donziger de las órdenes de un juez se admita a consideración en esta causa penal, que será objeto de un debate considerable a medida que avancemos”, dijo. “Sin embargo, son cuestiones independientes de cualquier riesgo de fuga, como ha demostrado el propio Sr. Donziger desde que se enteró de los cargos penales”.
Frisch y Glavin se negaron a hacer comentarios el viernes. Se dejó un mensaje al abogado de Chevron Randy Mastro de Gibson Dunn, pero no respondió de inmediato.
El cargo de desacato es procesado por Rita M. Glavin, Brian Maloney y Sareen Armani de Seward & Kissell LLP.
El abogado de Donziger es Andy Frisch.
El caso es Chevron Corp. vs. Donziger, número de caso 1:11-cv-00691, en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, en los Estados Unidos.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí
Fuente OriginalCompartir:
